Pedro Sánchez se queda en el poder con un ardid de Cristina Kirchner

España, y Europa también, observa sin entender como aquel país próspero de mitad del siglo pasado se ha transformado en esta imagen de este tiempo, congelada por la inflación, los sucesivos descalabros financieros y el crecimiento estremecedor de la pobreza. Aquella frase española, “rico como un argentino”, hoy se podría reemplazar perfectamente por “perdido como un argentino”. Las estadísticas son tristes, pero muy categóricas.

Afortunadamente para España, la Argentina no ha conseguido exportarle en estos años ni la inflación, ni la debilidad pasmosa de su moneda ni el desmantelamiento sistemático del estado de bienestar. La pericia de sus gobernantes (socialistas y populares) y el escudo protector de la Unión Europea han llevado en cuatro décadas la economía española hacia los estándares de los países desarrollados.

Pero la investidura del presidente Pedro Sánchez, quien acaba de sumar los votos necesarios para permanecer algunos años más en el poder entregando dinero de los españoles y perdonando condenas por acciones golpistas, e incluso por corrupción a los separatistas catalanes, incluye una herramienta política de fabricación anglosajona y de aprovechamiento auténticamente argentino: la trampa del lawfare.

El término lawfare comenzó a escucharse a fines del siglo pasado en EE.UU., Gran Bretaña y Australia. Combina dos palabras del inglés (law-leyes y warfare-guerra) para denunciar las maniobras jurídicas como un instrumento del poder para invalidar a los adversarios políticos. En América Latina lo popularizó Cristina Kirchner, quien tomó la palabra “lawfare” para acusar a los jueces y fiscales que la investigan y ya la condenaron a seis años de prisión en suspenso por fraude al Estado con la obra pública. El nombre técnico de la corrupción y el enriquecimiento ilícito.

Cristina encontró el ardid del lawfare para explicar la destitución de Dilma Rouseff en Brasil por casos de corrupción, y la cárcel de Lula, también por el mismo delito. Del mismo modo explicó los gravísimos cargos por corrupción contra su amigo, el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien debió huir a Bélgica para evitar él también ir a prisión.

Y en cuanto avanzó la andanada judicial en su contra, la actual vicepresidenta argentina no dudó en hablar de lawfare para defenderse. Incluso, Cristina impulsa un juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia en el Congreso argentino que no va a prosperar por falta de aliados políticos. Pero le sirve como estrategia defensiva.

En marzo pasado, Cristina organizó en Buenos Aires un encuentro por los derechos humanos, según su óptica personal, que le sirvió para reunir a presidentes y dirigentes de la izquierda iberoamericana.

Allí, entre Lula, el chavista venezolano Nicolás Maduro y el simpatizante boliviano de Irán y de Hamas, Evo Morales, estuvo el ex presidente de España, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien se ha convertido en el nexo político entre el fallido gobierno de Alberto Fernández y Cristina con el gobierno de Pedro Sánchez, ahora a punto de extenderse en la Moncloa.

También estuvo el jurista español Baltasar Garzón, quien alcanzó notoriedad juzgando casos de terrorismo y narcotráfico, pero que fue expulsado de la Justicia por prevaricato en el caso Gürtel. En 2012, Garzón consiguió una asesoría rentada en el ministerio de Justicia de Argentina donde estuvo hasta fines de 2015. ¿Quién se lo consiguió? Su amiga, la entonces presidenta Cristina Kirchner.

Lo interesante del caso español es que una vez comenzadas las negociaciones entre Pedro Sánchez y los separatistas catalanes para que el socialismo consiguiera esos votos imprescindibles con tal de seguir en el poder, la dificultad residía en cómo justificar el delito de los independentistas extremos contra la Constitución. Y aún peor, ¿cómo justificar los hechos de violencia y los casos de corrupción? Tan injustificable es esta negociación, que debe hacerse fuera de España porque Carles Puigdemont cursa una condena judicial que le impide regresar al país.

Sánchez envió primero a la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien lució radiante y sonriente ante las cámaras haciéndole gracias al hombre que huyó de la justicia española en el baúl de un coche, y que negoció una banca de eurodiputado para evitar la cárcel en su exilio de Bruselas.

Y luego envió al diputado socialista Santos Cerdán a aceptar todas las exigencias a Puigdemont, quien se dio el lujo de ir postergando las negociaciones para asegurarse un sitio de privilegio mediático. El destino del gobierno español se decidió entonces a 1.500 kilómetros de Madrid. Todo un mensaje.

El salvavidas político lo trajo finalmente Rodríguez Zapatero desde el Río de la Plata. Si el problema eran la amnistía y el indulto por los ataques a la Constitución española, los hechos de violencia y además la corrupción, ¿porqué no utilizar la figura del lawfare? De ese modo, se podía empezar a diluir el concepto de delito y a hacer crecer la idea de la conspiración judicial contra los separatistas.

Tan resbaladiza es la idea del lawfare que es posible que España pase de haber juzgado y condenado a los protagonistas de aquel proceso catalán de 2017 a tener que pedirles perdón por haberlos molestado.

Es a Rodríguez Zapatero y a Cristina a quien tiene que agradecerle el todavía prófugo Puigdemont. Les ha sacado a los socialistas la amnistía para todos los condenados desde 2012, la puesta en marcha de un nuevo referéndum para la independencia de Cataluña, el perdón para la deuda comunitaria de 16.300 millones de euros, el reembolso futuro del 100% de la recaudación impositiva y la cesión completa del ferrocarril local.

Ahora se sabe quién es el verdadero aliado y el ganador de todas estas negociaciones en marcha para que Pedro Sánchez pueda quedarse algunos años más, quién sabe cuántos, en la Moncloa. Puigdemont emerge como el héroe que soporto estoicamente en el exilio. Un nuevo mapa político de España empieza a diseñarse.

A Sánchez, en todo caso, le convendría echar un vistazo al destino de los promotores sudamericanos del lawfare.

Salvo Lula, que logró seguir gobernando en Brasil, el resto deambula entre el desprestigio y la desgracia política. Correa envejece derrotado en Bélgica; Evo Morales consiguió volver a Bolivia gracias al polémico triunfo electoral de su aliado, el presidente Luis Arce, y Cristina Kirchner termina su mandato como vicepresidenta tratando de que no se note que integra el peor gobierno completo de los últimos 40 años desde que se restauró la democracia en la Argentina.

Sánchez no es el primero ni será el último en acudir a Maquiavelo para eternizarse en el poder.

A veces en política, el fin justifica los medios. El problema es la adicción. Es cuando la receta se vuelve permanente y se corre el riesgo de cruzar la frontera oscura de la institucionalidad.