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Pensiones graciables: una mano del Estado a glorias pasadas que va en caída
Una fue una distinguida cantante sanducera de tango con larga trayectoria y participación en innumerables certámenes de interés nacional. Otro fue un destacado intérprete con la batería y docente de gran parte de los instrumentistas uruguayos. Una es la viuda de un prestigioso futbolista que fue campeón sudamericano en 1956 con la mayor, y que hoy se encuentra en una situación difícil.
Otro subió al podio sudamericano en dos ocasiones durante la década de 1980 por sus proezas en el levantamiento de potencia. Uno integró el cuerpo técnico de la selección celeste que se trajo la copa en 1987 desde Buenos Aires. Otro fue campeón sudamericano de natación en 1997, padece una discapacidad grave e integró en varias bandas de rock durante los '90.
En cada uno de estos casos sobresalientes hay dos coincidencias: el vínculo estrecho con aportes valiosos para el país, con un pasado de gloria, y una complicada situación económica que acaba tocándole la puerta al Estado. Los seis anteriores son las nuevas pensiones graciables aprobadas por ley este año, una prestación vitalicia del Banco de Previsión Social (BPS) que firman el Parlamento y Presidencia de la República.
El mecanismo de casi dos siglos de antigüedad —consagrado en la Constitución— para reconocer a ciudadanos destacados y a sus familiares directos en casos de vulnerabilidad viene en un franco descenso desde las últimas décadas. Hoy son 183 las pensiones graciables que administra el BPS, según los datos a los que accedió El Observador mediante una solicitud de información pública. Las contribuciones conllevan una erogación mensual de $ 4.627.218, una fracción mínima dentro del total de prestaciones no contributivas del Estado.
A pesar de un conjunto de solicitudes impulsadas en este período por el Poder Ejecutivo, la tendencia indica que las bajas de estas pensiones evolucionan con mayor aceleración que las altas. Desde 2017 hubo 60 prestaciones que dejaron de abonarse —ya sea por cumplimiento o por suspensión—, mientras que en ese período hasta ahora los casos se cuentan con los dedos.
La cantidad actual de pensiones de este tipo representa menos de la mitad que las que había 20 años atrás. Y respecto a las que estaban vigentes en 1988 —fecha en que el gobierno de Julio María Sanguinetti fijó el mínimo a abonar por cada prestación para corregir un proceso inflacionario— la cifra supone el 39%.
"Se presentan menos solicitudes. No sabemos por qué. Suponemos algunas cosas que son muy obvias", expuso en diálogo con El Observador la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Ana Ribeiro, quien preside la comisión asesora en la materia junto al BPS, las carteras de Trabajo y Economía, y la Secretaría Nacional de Deporte.
"En los últimos años ha habido una regularización de trabajos que antes eran muy informales", dijo la jerarca en referencia a rubros como el arte y el deporte, desde los que llegan la mayoría de las solicitudes. "A lo largo de los años eso repercute", opinó. El representante de parte de la SND, Alfredo Etchandy —que permanece en el grupo desde el período pasado, y a quien la subsecretaria definió como una "encicplopedia viviente" por sus conocimientos deportivos— consideró en diálogo con El Observador que la razón es que "hoy se hace un estudio más profundo" antes de aprobar.
La comisión permanente en la órbita del MEC es la encargada de evaluar si corresponde o no el otorgamiento de una pensión graciable, antes de remitirlo al Parlamento para su aprobación. Para ello debe recopilar varias acreditaciones y documentos, en un proceso de trabajo que puede extenderse por meses.
Por ejemplo, el proceso de una de las seis pensiones recientes requirió un certificado firmado por el Círculo Deportivo de Lisiados (Cideli) argentino, que indicaba el triunfo uruguayo en el Sudamericano de Natación de 1991 en Buenos Aires. La acreditación fue acompañada con la imagen del hoy beneficiario al borde de la piscina, con la medalla dorada colgando en su pecho.
Así se dispuso desde 2006 para tener un mayor control sobre las prestaciones. Se exige entre otras cosas comprobar el aporte invaluable al país, ser de hasta primer grado de consanguinidad —cónyuges, padres o hijos— en caso de acudir por parentesco, y comprobar la carencia de recursos.
"No puede ser antojadizo", planteó la subsecretaria. "Tenemos que chequear. Hay algunos deportistas que de pronto fueron muy buenos en sus departamentos, pero no tuvieron destaque internacional, no tuvieron competiciones, no ganaron una Copa América", argumentó. "Nos ha pasado de ir a los registros del BPS de quien solicitaba, y cobraba dos jubilaciones", mencionó como ejemplo. "No puede pasar que un club de fútbol entienda que puede darle una pensión a 11 personas que estuvieron juntas en una Copa América", detalló.
Según los datos a los que accedió El Observador, la comisión del Poder Ejecutivo dio su visto bueno para once solicitudes en lo que va del año. De ellas se aprobaron seis, y las otras cinco permanecen en trámite entre las cámaras parlamentarias. Por otro lado, el grupo debió descartar seis pedidos. "Es una realidad muy compleja la de las pensiones graciables. Tratás con temas de mucho pesar, de gente que está al final de su vida, que no pueden reeditar la carrera que tuvieron", describió Ribeiro.
Tradición de antaño
En promedio cada pensión graciable equivale a $ 25.285 mensuales, aunque los otorgamientos tienden a situarse en el mínimo establecido de cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC, equivalente hoy a $ 19.480). Según la información aportada por el BPS a El Observador, más de la mitad de las prestaciones (102 del total de 183) están activas desde antes de la ley del primer gobierno de Sanguinetti en 1988.
De acuerdo a un raconto del organismo público realizado cuatro años atrás, las pensiones graciables suponen hoy menos del 1% del gasto en prestaciones financiadas con impuestos generales, entre las que se incluyen las pensiones por vejez e invalidez y por delitos violentos.
