Piden pan, no les dan; piden queso y…

El debate no es nuevo y no es una cuestión de ideología sino de responsabilidad política, porque una definición es cómo repartir, pero otra es la intención de dar lo que no se tiene.

Nadie puede dudar de la convicción política de Danilo Astori como un hombre de izquierda, de los que estuvo siempre de ese lado de la vida partidaria uruguaya, y sin embargo hace justamente 15 años estuvo al borde de una inesperada renuncia como ministro de Economía, por sentir que se lo obligaba a una actitud irresponsable con el Presupuesto educativo.

En aquel agosto de 2005 se vivieron horas de tensión en la interna del gobierno, con reuniones en la residencia del Prado, el Ministerio de Economía y otras oficinas estatales, para evitar que Astori diera un portazo de despedida.

No era izquierda contra derecha, porque el manejo responsable del dinero público es independiente de la ideología, de las concepciones diversas sobre cómo organizar la sociedad, establecer las relaciones económicas o incidir en la distribución del ingreso o la riqueza.

Una cosa es repartir el dinero de una forma o de otra, con prioridades distintas y acentos diferentes; y otra cosa es repartir lo que no hay, y vivir a cuenta de sus nietos.

Diez años después de aquel choque duro en la interna del Frente Amplio, otra vez se vivieron horas duras en el gobierno debido al monto asignado para la educación estatal.

Nadie puede dudar de la convicción política de Tabaré Vázquez como un hombre de izquierda. Y sin embargo, aunque se reconoce como defensor de la enseñanza estatal, esa que le permitió ascender socialmente hasta una postura de privilegio profesional, Vázquez quedó enfrentado a la Universidad y los gremios de la enseñanza, por el diseño presupuestal 2015-2020.

Hubo un antes y un después de su gobierno en aquella decisión de decretar la esencialidad de la enseñanza, que fue resistida por la mayoría de la dirigencia del Frente Amplio.

¿Por qué Tabaré no daba todo lo que pedían los gremios de docentes o funcionarios de la enseñanza? ¿Por ideología o por evitar un descalabro fiscal?

Vázquez sentía que Mujica le había dejado una herencia fiscal demasiado complicada, con una economía que dejaba atrás la década de crecimiento fuerte, y que no se podía dar todo lo que era pedido, aun cuando igual se gastara de más.

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La falta de responsabilidad, expresada en pedir cosas imposibles y haciendo ver eso como algo que puede cumplirse si se tiene “voluntad política”, fue expresada como nunca en 1994, mediante una enmienda constitucional de estos gremios y de las asociaciones de estudiantes, profesores y funcionarios de la Universidad.

Aquella propuesta, plasmada contenía tres agregados a los artículos 214, 215 y 220 de la Constitución, para imponer un presupuesto mínimo para la Enseñanza Estatal, no inferior al 27% del Presupuesto Nacional ni al 4,5% del PIB.

El 27 de noviembre de 1994, con 2.328.478 habilitados, los votos por la papeleta sobre presupuesto de la enseñanza fueron 694.351, o sea 32,6% de los votantes y 29,8% de los habilitados.

La gente le dio la espalda (apoyó 32,6% de los votantes), pero pudo haber salido, y en ese caso había que aplicarlo, lo que era imposible.

En aquel 94, varios referentes de la Universidad decían que algún día la izquierda llegaría al gobierno y aplicaría ese criterio, de dar un presupuesto que fuera 27% del total y que representara esa porción del PIB.

Tiempo después, la exigencia del 4,5% del producto se incrementó a 6% del PIB.

Pasaron tres gobiernos del Frente Amplio, y con un contexto de crecimiento económico fuerte, como no hay antecedentes en duración y magnitud, lo que se corresponde con aumento de recaudación impositiva y por lo tanto más recursos.

La ejecución presupuestal del último año de gobierno de izquierda dio un nivel de gasto e inversiones de US$ 120,4 millones para el Ministerio de Educación, US$ 2.018 millones para ANEP, US$ 505 millones para la Universidad de la República y US$ 23 millones para la UTEC.

Todo eso sumado, da un equivalente a US$ 2.667 millones, lo que representa 16% del Presupuesto total y equivale a 4,8% del PIB.

O sea que ni con todo el viento a favor de la economía, ni toda la voluntad política inclinada a cumplir esas metas cuantitativas, no se pudo cumplir aquello, que se pedía para cumplir ya en 1995.

Con un gobierno de otro signo político, la batalla presupuestal será más dura que contra los últimos tres gobiernos, ya que la hermandad de sangre político-ideológica metía cierto freno a esa presión, o al menos la amortiguaba.

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A fin de 2019, la deuda del Estado era de US$ 37.146 millones, a lo que corresponde descontar la deuda que tiene el Banco Central en su operativa de mercado, que era de unos US$ 6.377 millones.

Eso indica que la deuda pública era de US$ 30.768.830.070. ¿Se entiende eso?

Divido entre toda la población, sean recién nacidos o los más ancianos de todos, equivale a que cada uruguayo debía US$ 8.745.

Eso ya aumentó este año.

Uruguay vuelve al debate quinquenal que no es por ideología, ni entre buenos y malos, ni entre generosos o avaros. La primera definición es de responsabilidad, de asumir las restricciones de la Tesorería y la carga de deuda arrastrada.

Podrá cantarse la canción infantil de “los maderos de San Juan”, pero la asignación presupuestal no es un juego, ni hay malditos negando “pan” a los que piden más, o dando “hueso” en lugar de “queso”.

Aquel 31 de agosto de 2005, Astori se sentaba simbólicamente sobre la Caja y se negaba a firmar lo que sentía como irresponsabilidad. Pasaban las horas y había que llevar el Presupuesto al Parlamento, y los negociadores intermediaban contra reloj.

Faltaba una firma, y Astori puso la rúbrica cuando aceptaron su fórmula para no caer en “irresponsabilidad política” (expresión usada en aquellas horas).

Mucho más de izquierda que los que discrepaban con él, Astori se puso firme. Porque hay cuestiones que no son de debate ideológico, sino que son de responsabilidad pura y dura.