Planteo de Toma es "improcedente", dice la Federación de Fiscales Latinoamericanos

“Resulta improcedente expedirse en el caso planteado, no solo porque el accionante presta servicio en la órbita del Poder Ejecutivo del estado uruguayo, sino porque además, existe la posibilidad que los citados planteos individuales sean analizados en causas judiciales, entendiendo que debe recurrir a las instancias legales respectiva”, dice el comunicado de la Federación por el que fue notificado Toma y al que accedió El Observador. 

El exsecretario de Presidencia y actual fiscal de gobierno (separado del cargo mientras se lo investiga), Miguel Ángel Toma, denunció ante la Federación de Fiscales Latinoamericanos una “cruel persecución” por parte del gobierno de Luis Lacalle Pou con el objetivo de conseguir respaldo del organismo regional. Sin embargo, Toma no es ni puede ser miembro de la Asociación de Magistrados Fiscales de Uruguay (AMFU) porque su cargo no pertenece el Ministerio Público y Fiscal y por lo tanto no le compete a la federación que está integrada por las asociaciones locales. 

Este tipo de denuncias se realizan para lograr el respaldo de la Federación ante presuntas persecuciones. Sin embargo, en la mayoría de los casos se canalizan a través de las asociaciones locales. Pero Toma no integra la AMFU y, por lo tanto, tampoco logró el respaldo de la Federación.

Ante el planteo de Toma, la Federación consultó a la Asociación de Magistrados Fiscales Uruguayos para conocer detalles del organigrama y del cargo que ocupaba el denunciante. Tras la respuesta de la organización uruguaya, la Federación se expidió sobre el caso. 

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El gobierno inició el 18 de setiembre una investigación administrativa por presuntas irregularidades en misiones oficiales que Toma llevó a cabo como secretario de la Presidencia, después que el programa Así nos va de Radio Carve divulgara información sobre los viajes del exjerarca acompañado de una contadora de la Secretaría Antilavado recién recibida, durante el juicio del Plan Cóndor. El Ejecutivo actuó puesto que Toma volvió al cargo de fiscal de gobierno que había dejado en reserva mientras acompañó a Tabaré Vázquez en su administración.   

Cruces

Toma apeló el sumario iniciado por el gobierno pero su apelación fue rechazada por el presidente Luis Lacalle. 
En la apelación, Toma acusó a Lacalle Pou de prejuzgarlo, someterlo a un proceso sin garantías y aseguró que el gobierno había filtrado información a la prensa para perjudicarlo. 

En una resolución firmada el 6 de enero, Lacalle Pou rechazó los comentarios de Toma y envió el escrito a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), con un señalamiento de que las consideraciones del exjerarca carecen del “más mínimo fundamento” y buscan desacreditar la imagen de la administración pública.

Leonardo Carreño

"El funcionario sumariado realiza afirmaciones falsas, acusando al Poder Ejecutivo de haber entregado el expediente de la investigación administrativa a la prensa, lo cual constituye para un funcionario de su jerarquía dependiente de dicho poder del Estado, una conducta impropia, indecorosa y de la más absoluta falta de ética", sostuvo un pasaje del texto, que lleva también la firma del ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira.

Lacalle Pou defendió la investigación administrativa que desembocó en el sumario y aseguró que el procedimiento estuvo ajustado a derecho. 

Respecto a la información que fue divulgada en el proceso, Lacalle Pou señaló que en Uruguay la prensa es libre e independiente y realiza tareas de comunicación, investigación e información sobre la base de los principios democráticos y republicanos. "Nunca el Poder Ejecutivo envió los contenidos del expediente a los medios de comunicación, lo cual sería absolutamente contrario a derecho y a los principios de la ética pública", agregó.

En el sumario, el Poder Ejecutivo buscará determinar la responsabilidad de Toma en "eventuales faltas administrativas graves impropias de un funcionario público de su jerarquía".