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Toma denunció "cruel persecución" ante Federación Latinoamericana de Fiscales

El fiscal de Gobierno se presentó ante el organismo internacional para que emita una declaración y pida al Ejecutivo que lo restituyan en el cargo
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20 de enero de 2021 a las 11:19

Miguel Ángel Toma, exsecretario de la Presidencia y fiscal de Gobierno sumariado con separación del cargo, denunció al Poder Ejecutivo del Uruguay ante la Federación Latinoamericana de Fiscales por la "cruel persecución política" que vive "desde hace meses" por parte del gobierno de Luis Lacalle Pou, "a título de represalia, por haber estado al frente de la Secretaría de la Presidencia de la República" durante la anterior administración.

Toma pidió a ese organismo que estudie su caso y emita una declaración en la que pida su "inmediata reintegración al puesto" ya que la persecución de la que es objeto por parte del Poder Ejecutivo del Uruguay "atenta seriamente contra la independencia técnica y la autonomía de los fiscales en el Uruguay".

Al ocupar el cargo de fiscal de Gobierno, Toma decidió presentarse ante el organismo internacional y alegó que ocupa su cargo en uno de los dos ministerios públicos especializados "menores" que existen en Uruguay, junto a la Procuraduría de lo Contencioso que actúa frente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). El Ministerio Público central o principal es la Fiscalía General de la Nación, a cargo de Jorge Díaz.

En el escrito redactado por el abogado Daniel Ochs se señala que la misión de las Fiscalías de Gobierno es ser contralor de la regularidad jurídica de la Administración, mediante la aplicación eficiente y estricta del derecho. Citando la web de Presidencia, sostiene: "Deben ser oídas en todo recurso administrativo deducido contra decisiones o resoluciones del Poder Ejecutivo o de sus dependencias; sumarios cuando el funcionario instructor sea el Asesor Jefe o en cualquier estado del trámite en carácter de medida para mejor proveer; en los procedimientos de reconocimiento de personerías jurídicas y en los recursos interpuestos contra la resolución que disponen destituciones, o en cualquier otra consulta jurídica que dispongan los Ministerios o la Presidencia de la República".

Además, afirma: "Tuve el honor de ser designado por el ex Presidente de la República don Tabaré Vázquez como Secretario de la Presidencia de la República el 1-III-2015, cargo del que cesé exactamente cinco años después, el 1-III-2020". Como consecuencia, el cargo de fiscal de Gobierno lo mantuvo en “reserva”.

Según alegó Toma, se lo "persigue administrativamente por haber actuado en un cargo de confianza política en el gobierno anterior, cuando mi cargo de carrera de fiscal estaba en reserva legal".

También denunció que se lo "somete a una investigación en cuyo trámite se presenta varias veces ante los medios de comunicación el propio Presidente de la República, emitiendo juicios negativos" sobre su persona "adelantando su opinión de que se debería ser expulsado de los cuadros de la Fiscalía".

Toma agregó que se omitió instruir las peticiones que hizo para que se investigara la filtración masiva a la prensa de detalles de la investigación, "legalmente de carácter secreta"; así como se omitió dar curso a "la recusación al Señor Presidente de la República".

Además, dijo, "se ha modificado el esquema de intervenciones preceptivas de las fiscalías de Gobierno porque, conforme se ha hecho público, se quiere evitar" que intervenga.

"Un poder que manda callar"

"La desconcertante 'respuesta' del Poder Ejecutivo es que me calle y que se me va a sancionar por haber incurrido en la grave irregularidad de haber formulado la petición de marras (que, como resulta de su tenor literal, es adecuadamente fundada y respetuosa de la institucionalidad)", afirmó Toma.

Como ya lo planteó ante el propio Poder Ejecutivo al recurrir el sumario que le iniciaron, señaló ahora que el gobierno de Lacalle Pou no tiene potestad disciplinaria para juzgarlo y sancionarlo por conductas presuntivamente irregulares ocurridas en otro gobierno.

Según planteó Toma, la "conducta estatal supone un triste giro pues en el Uruguay siempre –salvo en el interregno de la dictadura militar– los ciudadanos pudieron pararse frente al poder público y dirigirle críticas, aunque ellas fuesen o resultasen molestas y urticantes".

"Mi caso es 'testigo', pues los demás magistrados fiscales observan esta lamentable situación de un poder que manda callar y represaliar a los fiscales que actúan a disgusto del poder político o que le dirigen críticas o se limitan a exponer públicamente su disidencia", concluyó.

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