Por estos días la Universidad de la República (Udelar) define qué posición tomar ante el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que propone crear un Sistema Nacional de Competitividad.
A su vez, la iniciativa es estudiada, por un lado, en la comisión de Hacienda de Diputados y, por otro, en una comisión, que funciona bajo la órbita de Presidencia.
Este último ámbito lo instaló el presidente Tabaré Vázquez, luego de que el 22 de abril el rector de la Udelar, Roberto Markarian, el presidente de la Academia Nacional de Ciencias, Roberto Gambani, y el presidente del Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (Conicyt), Eduardo Migliaro, se reunieran con él y le plantearan su preocupación sobre el proyecto, en una carta a la que tuvo acceso El Observador.
El proyecto de ley del Poder Ejecutivo busca "promover la mejora de la competitividad sistémica y la transformación productiva" y otorga al gobierno la potestad de establecer "los objetivos, las políticas y estrategias relativas a desarrollo productivo, ciencia, tecnología e innovación, e inserción económica internacional".
La iniciativa señala el sistema nacional de competitividad estará compuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Ministerio de Industria (MIEM), Cancillería, el Ministerio de Trabajo (MTSS), el Ministerio de Turismo y la OPP.
A su vez, crea el gabinete ministerial de competitividad, el cual sustituirá a los actuales gabinetes productivo, de innovación y de comercio exterior.
La carta que Markarian, Gambani y Migliaro presentaron a Vázquez transmite el sentir de la comunidad académica y científica respecto al proyecto.
Lo que más preocupa es que en la iniciativa la institucionalidad de la ciencia, la tecnología y la innovación queda fundida dentro de la competitividad y no se le da espacio por fuera de esta. "Centrar el sistema de CTI (ciencia, tecnología e innovación) en la competitividad lo vuelve muy restrictivo pues deja afuera los aspectos educativos, sociales, culturales, sanitarios de la ciencia que, además de los económicos, deben atenderse", señala la carta.
De hecho, a los académicos llamó la atención que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) no formara parte del sistema. "En todos los países con desarrollo científico, existe un organismo especializado en estos temas a nivel de gobierno. Si la ausencia de un organismo de este tipo no se corrige, se corre el riesgo de no emplear adecuadamente los recursos que el Estado ha resuelto invertir", agrega la misiva.
La carta expresa que al quedar la ciencia, la tecnología y la innovación sumisas a la competitividad, estas se enfocarán únicamente en la balanza comercial y en la exportación y no se consideraran otros aspectos, como lo es la formación de los científicos e investigadores que realizan el trabajo necesario para que este otro aspecto pueda funcionar.
Los académicos también señalan en la carta su inquietud por el futuro de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación (ANII), que hasta ahora dependía del MEC. Según el proyecto, esta pasaría a estar bajo la órbita del gabinete de competitividad, sin tener ningún ministerio a quien responder.
