Preparan protocolo de respuesta ante concentraciones masivas en playas y la rambla

Técnicamente, es la Prefectura Nacional la que tiene jurisdicción sobre la arena, hasta la rambla o costanera, en caso de que haya una. Esto no contempla la acera de la rambla. Cuando estos límites no están tan definidos, la regla es tomar 150 metros desde la línea del agua. Esos casos se dan, por ejemplo, en la zona de Kibón o en las costas del oeste de Montevideo. 

Kibón fue uno de los puntos en los que en los últimos meses se registraron disturbios, bajo una modalidad de fiestas autoconvocadas que terminaron en desmanes y destrozos de autos y edificios en Pocitos. Una concentración similar ocurrió más recientemente en la playa Brava de Malvín, donde cientos de personas llegaron el pasado lunes 6 de enero para festejar con alcohol y música. 

La fiesta había sido convocada por redes sociales, aunque los guardavidas de esa playa señalaron a El Observador que su inicio también estuvo relacionado con los frustrados festejos navideños en el centro de  Malvín debido a la presencia de Guardia Publicana. En 2018 una fiesta callejera en el cruce de las calles Orinoco y Amazonas terminó con problemas. Este año, un grupo de jóvenes también fue hasta allí el 24 con un parlante a festejar la Navidad. 

La policía, que ya estaba en alerta dados los antecedentes, los corrió hacia la rambla, y terminaron en la playa. Ahí, según la versión de los guardavidas, se empezó a gestar lo que pasó el 6 de enero. 

En la tarde del lunes 6 la policía tuvo que enviar a varios patrulleros a la rambla y Amazonas para contener los desmanes. Los guardavidas explicaron que los jóvenes, en su mayoría adolescentes menores de edad, empezaron a consumir alcohol, drogas y a bailar al ritmo de la música. Hasta que empezaron a volar las botellas. Así se desató un conflicto callejero que terminó con  un herido de bala en un hombro y otra persona lesionada por un botellazo. Las autoridades estiman que eran alrededor de 600 las personas que se concentraron en esa zona de la rambla. 

A raíz de estos incidentes, todos los organismos que tienen potestades en las playas y sus alrededores, como la Prefectura, la Intendencia de Montevideo (IMM) y el Ministerio del Interior, empezaron a elaborar un protocolo para tener una respuesta orgánica ante una modalidad  de concentración de personas que, a los ojos de las autoridades, llegó para quedarse, aseguraron fuentes de la Prefectura a El Observador. 

El objetivo es que Prefectura y Policía Nacional puedan tener pautas dadas por los fiscales para resolver cómo actuar ante estos casos, en los que además suele haber muchos menores de edad, con los que el procedimiento debería ser distinto al de un adulto. 

El encargado de los guardavidas de la playa Malvín, Miguel Leal, señaló que cuando pasan ese tipo de cosas la sensación de quienes trabajan en la playa es de desamparo, ya que los policías no bajan a la arena y la Prefectura no tiene la formación ni la capacidad suficiente para reprimir. 

Cada verano la IMM firma un convenio con la Prefectura Nacional para ampliar el número de marineros que recorren la playa de la costa. El Prefecto Nacional, el contralmirante José Elizondo, señaló a El Observador que para el verano hay 70 marineros trabajando por la seguridad de la costa montevideana. Cuando constatan alguna infracción, los marineros –que sólo cuentan con una cachiporra– deben pedir apoyo a los policías, salvo que, ante casos menores, puedan intervenir por sus propios medios. “Por lo general, en las playas los marineros se ubican próximos a las casillas de guardavidas para darles apoyo en caso de que sea necesario. Luego, patrullan de a dos”, explicó Elizondo.

Alcance de las cámaras

En diciembre de 2018 la IMM lanzó, en conjunto con la Prefectura Nacional y el Ministerio del Interior, el centro de monitoreo de Trouville. “Las playas de la ciudad serán vigiladas a través de un sistema de monitoreo, que permitirá intensificar las acciones de seguridad ciudadana en estos espacios”, anunció entonces la intendencia en un comunicado. 

En concreto, la comuna afirmó que se colocarían “53 cámaras fijas y 6 cámaras ‘domo’” en “27 puntos de la franja costera este”. 
Un año después el proyecto sigue en etapa de desarrollo. Fuentes de Prefectura señalaron a El Observador que hay 30 señales activas a lo largo de la costa de Montevideo. Esas 30 señales no necesariamente cubren toda la costa, ya que hay algunos puntos ciegos y la calidad de la señal no siempre es óptima. Uno de esos puntos  es la zona de Malvín, según los informantes. 

Las cámaras y sus señales son del Ministerio del Interior, que permite que Prefectura replique la señal en el centro de monitoreo ubicado en Trouville. Allí hay dos marineros por turno cubriendo las 24 horas del día. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en el Centro de Comando Unificado (CCU) que funciona en la órbita del Ministerio del Interior, la Prefectura no tiene un sistema de alerta automática. 

En el caso del CCU si hay una persona parada en actitud sospechosa durante un tiempo prolongado el sistema automáticamente alerta a los policías. Por el contrario, el centro de monitoreo de Trouville no cuenta con esa tecnología y todo depende de lo que el ojo humano pueda ver. Si, de todas formas, se detecta algo sospechoso, Prefectura avisa a los marineros que están patrullando para que intervengan. 

Las fuentes comentaron que para lo que más sirve el centro de monitoreo es para reconstruir hechos o reportar actividades sospechosas. Según el relevamiento de Prefectura, las playas más complicadas en materia de conflictividad son Ramírez, Pocitos, Buceo y Malvín. Otro de los lugares que suele requerir un mayor control es Kibón. 

Las situaciones en las que comúnmente interviene Prefectura tienen que ver con problemas de convivencia y hurtos por descuido. En el caso de los primeros, las fuentes de Prefectura explicaron que esas situaciones suelen darse por conflictos personales entre conocidos que se replican en las playas. 

Esperan más casos

Si bien lo que pasó en Malvín el 6 de enero fue considerado atípico –por la cantidad de gente y la presencia de armas de fuego–, las autoridades se preparan para enfrentar más casos de este tipo. Pese a esto, desde Prefectura reconocieron que los eventos convocados de forma espontánea o por redes sociales son difíciles de prevenir. A modo de ejemplo explicaron que no se puede disponer de personal extra cada vez que un grupo de personas convocan a un evento por redes sociales, ya que no siempre terminan en problemas. 

En el caso del 6 de enero las autoridades aseguraron que venían monitoreando la convocatoria a través de redes sociales, por lo que dispusieron un patrullaje preventivo. A criterio de las autoridades, tanto de Interior como de Prefectura, el operativo evitó que se produjeran males mayores, como daños a vehículos y edificios, como sí ocurrió en Kibón a fines de diciembre. 

Además de los dos heridos –uno de bala y otro por un botellazo–, se produjeron varias rapiñas mientras ocurrían los desmanes. Un vendedor ambulante fue saqueado por un grupo de jóvenes –tal como quedó registrado en un video–, mientras que a otras personas que estaban allí les robaron sus pertenencias. El único detenido en cerca de 600 personas fue un joven de 17 años que fue internado de forma provisoria en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por robar un par de lentes. Los guardavidas, en tanto, describieron la situación como caótica. Mientras que la Guardia Republicana reprimía en la rambla, los marineros de Prefectura trataban de resguardarse en la arena. 

Jurisdicción compartida