Presidenta de la Jutep sobre hermana de Argimón: "No hay una relación de dependencia"

Una de las primeras resoluciones de la nueva integración de la Jutep fue desestimar la denuncia contra la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, quien designó como asesora en su despacho a su propia hermana –de carrera funcional en el Banco República–, por intermedio de un pase en comisión. "No hay una relación de dependencia", concluyó la escribana con 36 años de experiencia en la profesión, al sintetizar el argumento. Sin embargo, sí opinó que el anterior directorio, presidido por Ricardo Gil Iribarne, debió haberse pronunciado en contra del expresidente Tabaré Vázquez, por tener a su hermano, Jorge Vázquez, como subsecretario del Ministerio del Interior. 

Respecto a las exigencias presupuestales de recortes, afirmó que hay una contradicción en pedirle a la Jutep que no se sumen nuevos gastos, cuando en el acuerdo programático de los socios de la coalición se comprometió a dotar de más recursos al organismo.

¿Cómo surgió la propuesta de integrar la Jutep?
La propuesta surgió por Cabildo Abierto. Me puse a disposición, pero para prestarles mis conocimientos, como asesora jurídica. Y después no pasó más nada hasta que me dijeron: "Mirá que vas de presidente", y acá estoy.

¿Con qué Jutep se encontró?
Con funcionarios muy comprometidos con la función, que son los que nos dan una mano porque los tres somos nuevos. La cara visible soy yo, y quiero darle mi impronta: que la Jutep sea apolítica, que es como tiene que ser, por ley. Tenemos una función apolítica e imparcial. 

¿No lo estaba siendo antes?
Yo pienso que sí. Yo en realidad no conocía a la Jutep.

¿No seguía la agenda de la Jutep de los últimos años?
No... Me interesa el tema. Trabajé 22 años como actuaria titular y luego fui inspectora de juzgados letrados. Lo que hacía era ver la regularidad de los juzgados letrados y de los tribunales de apelaciones.

La Jutep tiene una contadora y dos abogados en pase en comisión.
Sí, la Jutep no tiene profesionales propios. Eso es imprescindible. Hemos solicitado para el Presupuesto la creación de algunos cargos y la incorporación de las dos abogadas que están en comisión, porque además ya están bastante empapadas en estos asuntos, en donde la temática es bastante especial.

¿Qué cargos pidieron que se creen?
Pedimos cuatro cargos de profesionales. Que se incorporaran estas dos muchachas y pedimos cuatro cargos más. 

Hay un decreto, que lo debe conocer, el 90/020 de marzo.
Sí, el "uno por tres".

Establece eso respecto a la reposición de vacantes pero también impone un tope en el 85% en el gasto del ejercicio 2020 para todos los ministerios, una norma que alcanza a la Jutep como “exhortación”, por ser organismo descentralizado. Pero al mismo tiempo este organismo es una de las prioridades del documento Compromiso por el País firmado por todos los socios de la coalición en noviembre de 2019. ¿Ve una contradicción?
Y sí. En realidad hay una contradicción. Nosotros reconocemos las carencias económicas que tiene el país, no somos ajenos a eso. Ahora, no hay que olvidar que el presupuesto de la Jutep no es importante: tenemos 14 funcionarios. Tiene funciones muy determinantes, porque tenemos relaciones con organismos internacionales, tanto de la OEA como la ONU, que nos obligan a concurrir a las sesiones, y sí es contradictorio en cuanto a que hay que tener profesionales y los profesionales tienen un costo. Además, tenemos tres grandes ramas: la recepción de las declaraciones juradas; la capacitación, que es la difusión de las prácticas de ética y transparencia entre los funcionarios públicos; y el trámite de las denuncias junto con la asistencia a las investigaciones penales. Y tenemos un sistema informático que es costoso, y no se puede abaratar su mantenimiento.

¿Que está pesando más en las negociaciones con el Poder Ejecutivo, el acuerdo programático o el decreto de marzo?
Lo que pedimos nosotros es muy poco más. Porque la incorporación de las abogadas, por ejemplo, vendría cada una con su cargo y su sueldo de los organismos a los que pertenecen. Se solicita de esa forma. Dejan de pertenecer al organismo de origen, y esa plata la volcarían acá, porque pasarían a la Jutep. 

El Poder Ejecutivo entonces envió el mensaje de que no se agreguen gastos.
Claro, eso es lo que dicen. Por eso nosotros precisamos una reestructura orgánica. O sea: organizar esos funcionarios que tenemos, y darles el derecho a una carrera funcional, porque no tienen. Para eso necesitamos un cargo administrativo mayor. 

“Prohíbese la actuación dentro de la misma repartición u oficina del funcionario que se halle vinculado con su jerarca por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad o por ser su cónyuge. Si ingresare a la oficina un funcionario que mantenga los vínculos mencionados en el inciso anterior, la autoridad competente dispondrá los traslados necesarios, sin que se perjudique la categoría de funcionario alguno”. ¿Conoce la norma?
Sí.

Es el artículo 35 del decreto 30 de 2003, que fue ratificado en ley en setiembre del año pasado. ¿Por qué esta situación no se aplica respecto al caso de la vicepresidenta Beatriz Argimón, que designó a su hermana como asesora en su despacho bajo vínculo de pase en comisión?
Basándonos en... A ver si lo tengo acá —busca en los estantes de su escritorio—. La primera sesión la tuvimos el 29 de julio... —Sigue buscando. Abre un bibliorato, luego revisa en otras dos carpetas—. El artículo 36 y el 35... Nos basamos en esos dos artículos.

Lo que manifiesta la ley que ustedes citan, la 15.851, es que está habilitado que el vicepresidente tenga funcionarios en pase en comisión y que la decisión de Argimón se ampara en ello. ¿Pero no hay conflicto con la otra norma?
No, porque la ley autoriza. El fallo dice: "La asesoría entiende que no se configura contravención al artículo 36 de la ley 19.823 mencionado más arriba, al no darse los presupuestos mencionados en la norma. Asimismo, debe tenerse presente que la ley 15.851 establece en su artículo 32 'autorízase a los funcionarios de organismos públicos estatales y no estatales que cuenten con más de tres años de antigüedad en la Administración para desempeñar, en comisión, tareas de asistencia directa al presidente de la República, al vicepresidente de la República, a los ministros de Estado, a los subsecretarios y a los legisladores nacionales a expresa solicitud de estos durante el período que dure el referido traslado'". Entonces, nos basamos en ese artículo, que se refiere expresamente y exclusivamente a esos casos.

De todas formas, en los últimos años la Jutep ha marcado algunas decisiones que pueden tener algún reproche ético. ¿La decisión de Argimón no autoriza moralmente a que otras personas en la administración se sientan libres de dar trabajo a parientes en pase en comisión?
No, no es el caso, porque acá no hay una relación de dependencia. El problema es cuando es el jerarca y un familiar, cuando hay entre ambos un vínculo que además es limitado: en segundo grado. El tema es que haya una una relación de dependencia, del tipo: yo jefe de un familiar. 

Otro caso es el de Gerardo Sotelo, que estuvo al frente de los medios públicos durante dos meses mientras era al mismo tiempo integrante de la nómina de suplentes de la candidata Laura Raffo.
Pero eso lo archivó el directorio interino. Ya estaba resuelto. Prefiero no opinar.

Usted mencionaba también que la Jutep puede intervenir de oficio en algunos casos. ¿Puede hacerlo en lo que ocurrió en torno a la Ursec, en donde la fiscalía investiga la sustracción y destrucción de material oficial por parte de un funcionario que trabajaba con Nicolás Cendoya, exdirector del organismo por el Frente Amplio?
Lo primero que le voy a decir: no importa que sean del Frente Amplio. Quiero hacer esa puntualidad y me gustaría que quedara registrado. 

Pero más allá de eso, ¿no hay ningún aspecto en ese caso que amerite una intervención de la Jutep?
Lo que pasa es que primero está judicializado. Al estar judicializado, si el juez no nos pide un informe, no actuamos.

El exintendente blanco Pablo Caram ha recibido críticas del organismo por tener a familiares en cargos de confianza, entre otras irregularidades. Uno de ellos fue por designar a su pareja, Karolina Gómez, como directora de Cultura de la Intendencia de Artigas. Ella renunció, pero Caram luego autorizó que pasara a integrar la Comisión Mixta Uruguayo-Brasileña para el Desarrollo de la Cuenca del Río Cuareim bajo pase en comisión, con una remuneración incluso más alta. Esto lo venía estudiando la Jutep. ¿Lo seguirá este directorio?
Por ahora no lo he visto.

¿Y en base a la descripción del caso entiende que puede haber algún fundamento para una revisión?
Tendría que estudiarlo. No le puedo decir porque la verdad que no lo tengo... 

El propio Caram y otros actores del actual gobierno han criticado a la anterior Jutep. ¿Cree que es así?
Bueno, pero por eso, le repito, y lo remarco, este directorio tendrá una función apolítica, y se van a tratar los temas de todos por igual. No importa el color político del intendente o del director que sea.

El directorio anterior cuestionó al expresidente Tabaré Vázquez y este tuvo que hacer renunciar a su consuegro, quien trabajaba como su chofer personal. El organismo llegó a intervenir incluso en una denuncia contra el entonces subsecretario de Interior, Jorge Vázquez, hermano del exmandatario, aunque fue archivado.
Pero sacó al chofer y no al subsecretario.

¿Usted entiende que en ese caso había un problema ético?
Y podría llegar a haberlo.

¿Y por qué es distinto al caso de Argimón?
No, porque el caso de Argimón es la designación de una asesora. No hay relación de dependencia, como sí la tenía el subsecretario con el presidente.