La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) archivó la denuncia contra la vicepresidenta Beatriz Argimón por tener bajo un vínculo de pase en comisión a su hermana Estela Argimón.
El informe de la Jutep, al que accedió El Observador, señala que la contratación no contraviene el artículo 36 de la ley 19.823 del nuevo código de ética de la función pública.
Este artículo prohíbe la actuación "dentro de la misma repartición u oficina del funcionario que se halle vinculado con su jerarca por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad o por ser su cónyuge o concubina" y señala que "si ingresare a la oficina un funcionario que mantenga los vínculos mencionados en el inciso anterior, la autoridad competente dispondrá los traslados necesarios, sin que se perjudique la categoría de funcionario alguno".
El fallo está firmado por la presidenta, María Susana Signorino, el vicepresidente Guillermo Ortiz y el vocal Jorge Castro (designado por el Frente Amplio). Los jerarcas también consideraron que la conducta se ajusta al artículo 32 de la ley 15.851, que autoriza al presidente, a la vicepresidenta, a los ministros y a los legisladores a solicitar pases en comisión.
La hermana de la vicepresidenta es funcionaria de carrera del Banco República –al que accedió por concurso– y desde el 1º de marzo cumple funciones en la oficina de Presidencia del Senado, según datos a los que accedió El Observador mediante un pedido de acceso a la información. El pase en comisión es hasta el 28 de febrero de 2025, último día del actual período de gobierno.
Argimón dijo a fines de mayo a El Observador que eligió a su hermana como asesora por su "especialidad en administración", ya que su idea es "modernizar" la gestión parlamentaria en asuntos variados como pedidos de informes, solicitudes de acceso a la información y otros trámites.
"Quiero hacer una optimización del trabajo y organizar mi secretaría en base a resultados. Hablé con ella porque tiene muchísima experiencia en eso y creí que era la indicada para hacerlo", dijo la vicepresidenta, e informó que su hermana trabajaba en ese rubro en la secretaría del BROU.
Basándose en el artículo 35 del decreto 30/003, cuya redacción es idéntica a la de la ley 19.823, y otras consideraciones éticas, la contratación directa de familiares –sin importar la forma de acceso– fue observada en febrero de 2018 por la Jutep luego de que salieran a la luz casos de familiares directos de jerarcas en diversos organismos (incluyendo varias intendencias, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ASSE y Presidencia de la República).
En ese entonces, el organismo encargado del combate a la corrupción emitió un informe –firmado por sus tres integrantes– en el que exhortó a los jerarcas públicos a “corregir de inmediato” esas situaciones y expresó que “no son admisibles en estos casos las reiteradas menciones a que la selección de familiares es la única forma de asegurar confianza y/o capacidad en el ejercicio de la función”.
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