En la junta de acreedores se resolvió la disolución y liquidación de Oro Rojo SA; la investigación penal no ha tenido avances desde mayo cuando se prorrogaron las medidas contra Berruti y su esposa María José Argenti
Con la liquidación de Oro Rojo S.A. resuelta en la junta de acreedores, se definió la suerte de la última sociedad que quedaba de las que manejaba Alejandro Berrutti.
En la junta que se celebró el pasado jueves 23 de julio se decretó la disolución y liquidación de esta razón social, como antes se había tomado la misma definición para Reina Vaca, otra de las sociedades que formaban parte de Portfolio Capital.
Según dijeron a El Observador participantes de la junta, el defensor de oficio que se designó para la empresa, Gonzalo Lorenzo, manifestó que la propuesta de convenio presentada previamente resultaba inviable. Además explicó que ni Berrutti ni Argenti se contactaron con Lorenzo para ratificar las obligaciones que surgían del documento.
Por este motivo el convenio quedó carente de objeto, inhibiendo la posibilidad de ser considerado por diversos motivos durante esta Junta.
La propuesta de acuerdo, que buscaba evitar la liquidación de las empresas, ofrecía pagar el 58% de lo que les debe a 9 años y en 18 cuentas semestrales.
La junta se había suspendido dos veces, la última a fines de mayo debido a que la empresa no tenía representante legal.
En el caso de Oro Rojo SA, la síndica Stella Borja concluyó que el pasivo llegaba a los US$ 13.798.861 equivalente a $ 554 millones, mientras que el activo para hacer frente a la deuda era de US$ 5 millones.
Decretada la liquidación, se procederá al remate de los bienes.
En su verificación de créditos sobre Oro Rojo, Borja sostuvo que los primeros inversores "celebraron un contrato llamado acuerdo de accionistas" que se comunicaba su participación al BCU (en junio de 2018) y asistieron a una asamblea. Sin embargo, con posterioridad en el tiempo, con el mismo contrato, "no se realizó ninguna comunicación al BCU y nunca asistieron a una asamblea de accionistas".
"Es un contrato que genera la apariencia de ser un contrato de accionistas, pero que en realidad es un simple contrato de préstamo en el que una parte entrega un capital, cobra un interés y al cabo de un plazo recuperaría su capital", afirmó Borja, lo que la lleva a concluir que "es evidentemente una prueba palmaria de la simulación y que el verdadero contrato -subyacente- es un mutuo en el cual una parte entrega una suma de dinero, al cabo del tiempo cobra un interés y al final del plazo recupera su capital".
En el ámbito penal, el caso Berrutti no ha tenido avances desde mayo cuando se prorrogaron hasta el 26 de noviembre las medidas cautelares que regían sobre Berrutti, y su esposa.
Las medidas cautelares incluyen la fijación de domicilio, la prohibición de salir del país y la retención del pasaporte.
En esa audiencia, el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 3er Turno, Gilberto Rodríguez, argumentó que se trata de una "investigación compleja", para la cual se requiere "más tiempo".
La investigación gira en torno a delitos de apropiación indebida y lavado. La fiscalía conformó un equipo multidisciplinario que viene reuniendo evidencia.
