La crisis migratoria desatada en vísperas de la entrada en vigor del visado para los bolivianos que desean ir a Europa, y sobre todo a España, ha derivado en una prohibición total a la aerolínea LAB para realizar vuelos regulares, informaron fuentes oficiales.
"Es una decisión que se venía madurando por los acontecimientos sucedidos en los últimos días y producto de la crisis que se inició el año pasado en el Lloyd. Para todos son conocidos los daños que están causando a los viajeros con su incapacidad financiera", dijo Porcel.
Las denuncias de estafa realizadas por los viajeros afectados derivó en una investigación judicial que comenzó esta semana con la detención de tres ejecutivos de la aerolínea, entre ellos el gerente nacional, Franklin Taendler.
Decenas de afectados comenzaron el jueves una huelga de hambre en el aeropuerto de la ciudad central de Cochabamba, para exigir la devolución del dinero de sus pasajes.
La superintendencia de Transportes aclaró que puede autorizar nuevamente vuelos regulares de LAB si termina su crisis y opera con "calidad, seguridad y continuidad del servicio".
Porcel advirtió que la normativa boliviana establece que si una empresa de aviación deja de trabajar durante 90 días continuos, al día siguiente pierde su licencia.
Sus pasivos suman entre 140 y 170 millones de dólares, según diversas fuentes.
Pero el gobierno boliviano, que preside Evo Morales, ha reiterado desde el año pasado que no asumirá esos pasivos para salvar a LAB, porque "no se nacionalizan deudas".
El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, dijo a medios locales que el gobierno no nacionaliza LAB para no arriesgar el patrimonio de los bolivianos por "fechorías de malos empresarios", ni tampoco pueden intervenir en la compañía porque la justicia se los prohibió el año pasado.
La mayoría de las acciones de LAB (50,4 por ciento) pertenecía a Asbún y ahora están bajo el control de los trabajadores de la empresa, en tanto que el 48 por ciento lo manejan dos administradoras de fondos de pensiones (AFP), a nombre de los ciudadanos bolivianos.
(EFE)
