Durante la primera semana de este año lectivo, la primera como padre de una escolar, John Díaz se llevó una sorpresa. Había asistido a la presentación de la comisión fomento de la escuela pública de Progreso en la que fue inscripta su hija. Los viejos integrantes de esa comisión que integran familiares de los alumnos —y que por ley cumple un rol de contralor de gastos y participación en la marcha de la institución— empezaron a enumerar las responsabilidades. Y en un momento dijeron: “¡Hay que juntar el dinero para comprar papel higiénico!”
Díaz se rio. Pensaba que era un chiste malo o “una locura”. Pero no: “En las escuelas públicas uruguayas algo tan básico como el papel higiénico, las bolsas de basura o el jabón quedan sujetos al dinero que juntan los padres… ¿cómo puede pensarse en una reforma educativa si ni siquiera están asegurados los elementos más indispensables?”.
Esta misma pregunta se habían hecho padres de 14 escuelas que, hace cuatro años, bajo otro gobierno y previo a la pandemia, habían fundado el colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública (FOEP). “Con la pandemia se corrió el foco de este colectivo, pero en su origen nos juntamos preocupados por cuál era el rol de las comisiones de fomento, por qué posibilidad teníamos los padres de incidir en las decisiones de las escuelas a las que asisten nuestros hijos y, porque entre la carga que se le asigna a las comisiones, figura la de proveer insumos de limpieza que no entran en los cerca de $ 2.100 mensuales que Primaria le pasa a cada centro educativo para atender a unos 500 alumnos”, recuerda Gabriela Sarasúa, referente de FOEP.
La Administración Pública le asigna a cada escuela una partida de materiales —túnica para los docentes, uniformes para los profesores de Educación Física y Arte, útiles escolares, implementos de cocina— y una de limpieza que, según la FOEP, “apenas alcanza para el hipoclorito, algunos trapos, escobas y menos que lo mínimo”.
El papel higiénico —aunque también puede hablarse del jabón de manos o las bolsas de basura en los salones— suelen quedar por fuera del presupuesto que administra la directora de cada escuela, y cuyo contralor pasa por las comisiones de fomento.
El problema que ven los padres organizados en este sistema es “la inequidad que genera la dependencia de las comisiones formadas por padres de distintos contextos y con distintos intereses”, explica Sarasúa. Por ejemplo: la escuela de práctica Simón Bolívar, en la que Sarasúa estaba involucrada, “cuenta con muchos padres profesionales, con capacidad de recaudar fondos, de contratar una cooperativa extra de limpieza y de comprar libros para una biblioteca hermosa”. Pero en otros centros educativos, sin esa capacidad, es la directora quien tiene que salir a solucionar la faltante de materiales que no se incluyen en la partida común.
Menos del 2% del presupuesto de la ANEP va destinado a artículos de limpieza y aseo. En el año 2021 fueron unos 40 millones de pesos.
El impuesto de Primaria se destina por ley para la alimentación. Pero la excepción prevista en la misma norma hizo que en 2021 la quinta parte de lo recaudado fuera ejecutado en otros conceptos (entre los que ingresa la limpieza).
La consejera Daysi Iglesias admitió que la compra de varios de los insumos básicos dependen de las colectas de los padres, pero reconoció que, a su entender, “este no es un problema” latente en las escuelas y que, por lo general, “siempre se resuelve”.
Pero al padre primerizo Díaz no le convence y se pregunta: "¿El Estado no reflexiona sobre qué servicios básicos debieran estar garantizados?".
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