El resultado fiscal trepó a 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB) en el año cerrado a octubre. Tras tocar un piso en setiembre del año pasado (2,6%), la tendencia descendente observada hasta entonces se interrumpió, y de ahí en más el déficit ingresó en una senda de deterioro que lo ubica actualmente en niveles similares a los que había en 2019, antes de la pandemia.
La caída de la recaudación impositiva (-1,6% real), y principalmente el incremento del gasto público (4,5% real en últimos 12 meses a setiembre) son dos factores que explican ese agravamiento.
Al interior del gasto, los números por rubro muestran que las inversiones —principalmente obras de infraestructura— es el factor de más incidencia en la expansión del gasto del período analizado, junto con las transferencias que también aumentaron en el último año móvil. Además aumentaron los desembolsos por pasividades y jubilaciones, rubro que seguirá creciendo en la medida que estas prestaciones están atadas a la evolución de los salarios, hoy en fase de recuperación.
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“Sin margen de maniobra”
Los economistas de CPA Ferrere, Alfonso Capurro y Nicolás Cichevski, señalaron el jueves pasado en una charla para clientes que los desafíos fiscales “persisten” más allá de este año, y dejan al próximo gobierno con “un margen de maniobra presupuestal limitado”.
En la misma línea, el economista Ignacio Munyo afirmó esta semana ante ejecutivos locales que la situación fiscal “es preocupante”, y que el próximo gobierno asumirá en una situación “delicada” y “sin margen de maniobra” para aumentar el gasto. Además, señaló que sería “contraproducente” financiar mayores gastos con aumento de impuestos.
Las cuentas fiscales en año electoral
El desmejoramiento progresivo de las finanzas públicas que se registra desde fines del año pasado se relaciona con un fenómeno ya observado a lo largo de la historia en Uruguay, y que se conoce como “efecto del ciclo electoral”, según comparten varios analistas.
El economista, Javier de Haedo, explicó días atrás que en general los gobiernos ajustan cuando recién asumen y desajustan antes de irse, en el marco de lo que se ha denominado como “carnavales electorales”.
Las cifras oficiales indican que el déficit fiscal era de 5% del PIB a comienzo de 2020, se agudizó durante la crisis de la pandemia, y comenzó a mejorar a partir de la segunda mitad de 2021. Esa dinámica llegó a que en 2022 el rojo cayera hasta 2,6% en setiembre de ese año (1,9% sin covid), el mejor resultado en lo que va del actual período de gobierno.
Para el economista, el descenso del déficit se basó en un ajuste fiscal “transitorio” que se dio en la primera mitad de la actual administración, período marcado por la crisis de la pandemia, cuando se derrumbó la actividad y se priorizó el mantenimiento del empleo. En ese pasaje de tiempo hubo caída real de los salarios, baja de pasividades y desaceleración de inversiones, algo que se empezó a revertir progresivamente en la segunda mitad de la gestión del gobierno.
De Haedo lo compara con un resorte que se apretó y que comprimió el gasto de manera transitoria, pero que ahora se soltó y “voló por el aire”. En otras palabras, no hubo un ajuste estructural y “permanente” del sector público, sostiene.
Un trabajo realizado por el Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad Católica al que accedió El Observador, muestra que en promedio, en los siete gobiernos transcurridos desde el retorno de la democracia, el mejor año en materia fiscal es el tercero y que el peor es el quinto. Entre esos años, el deterioro fiscal promedio es de 1,3% del PIB.
Sin embargo, si se excluye al gobierno de Jorge Batlle, que fue el único en el que esa norma no se cumplió (el resultado fiscal mejoró en 2,1% del PIB entre los años tres y cinco), el deterioro promedio de los otros seis gobiernos es de 1,9% del PIB.
“Señal de alerta” y regla fiscal
La economista del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), Silvia Rodríguez Collazo, señaló que la trayectoria que ha tenido el déficit fiscal desde finales del año pasado representa “una señal de alerta respecto a la posible reversión del proceso de consolidación fiscal al que se había comprometido el gobierno, una vez superados los impactos más relevantes de la pandemia”.
Un artículo publicado recientemente recuerda que “el incremento de los riesgos fiscales ya había sido señalado por el Consejo Fiscal Asesor en febrero del presente año, cuando recién comenzaba a insinuarse el deterioro del resultado fiscal que se ha exacerbado en lo que va del año”.
En ese sentido, la economista afirmó que
“la continuidad en el tiempo de esta tendencia estaría señalando debilidades de las disciplinas basadas en reglas fiscales”. “En especial, el tipo de institucionalidad fiscal y el diseño de regla fiscal adoptado en nuestro país
no constituye una garantía suficiente para evitar el sesgo pro-cíclico de la política fiscal, ni tampoco la presencia de comportamientos típicos de los ciclos electorales”, dice el trabajo.Proyecciones
En la última Rendición de Cuentas el Poder Ejecutivo proyectó un déficit para el sector público global de 3,2% del PIB en 2023, que parece poco probable que se cumpla. Por ejemplo, la consultora CPA estima un resultado de 3,6% para el ejercicio.
Aumento de US$ 1.000 millones
Por otro lado, el economista Martín Vallcorba, afirmó que el gobierno había asumido con el compromiso de bajar el gasto en US$ 900 millones. “Pasada la pandemia, la realidad es muy diferente. De acuerdo al último dato disponible, no sólo no bajó el gasto público, sino que lo aumentó en US$ 1.000 millones respecto a 2019, escribió en su cuenta de X.
Vallcorba añadió que de cara a 2024, el aumento real de salarios y pasividades, junto con los aumentos de gasto ya comprometidos y la rebaja de impuestos promovida por el gobierno, generarán “presiones adicionales que harán muy difícil que el año próximo se pueda mejorar el resultado fiscal”.
