Reparto de dinero para la educación provoca diferencias en la interna oficialista

Recién el próximo lunes, a menos de tres días de que venza el plazo legal, las autoridades de la enseñanza se reunirán en una sesión extraordinaria para fijar el aumento de presupuesto que le solicitarán al Parlamento. Un incremento que asciende a al menos a US$ 62 millones de dólares para el primer año y US$ 82 millones para el segundo.

Pero, ¿cómo distribuir ese dinero? Tras varias horas de discusión, en la noche de este miércoles, los consejeros del Codicen acordaron tres prioridades. Pedirán una mejora salarial para los directores de escuelas (algunos de los cuales ganan menos que algunos de los docentes que dirigen), así como equiparar las remuneraciones de adscriptos y orientadores que tienen una carga horaria mayor a la que cobran. Solicitarán financiación para la reforma, en particular para llegar a 2024 con más de 60 centros María Espínola (la versión adaptada y más “modesta” de los 136 liceos modelo que había planteado el Partido Colorado en su campaña presidencial). Y, por último, un refuerzo para mejorar los locales educativos “en estado deficitario”.

La discusión, sin embargo, surge en los énfasis. El presidente del Codicen, Robert Silva (y por decantación el Partido Colorado) busca priorizar la transformación educativa. Eso significa una extensión del sistema: en horas de clase, cargos, formación. Bajo esta lógica, la recuperación salarial de los docentes (y si la misma será idéntica o no al resto de los funcionarios públicos) recae en las negociaciones del Poder Ejecutivo y no de la ANEP. 

Sin embargo, desde el Partido Nacional entienden que tanto las inversiones en infraestructura como la recuperación salarial es prioridad, más cuando los vínculos entre el gobierno y los sindicatos de la enseñanza se han tensado debido a sumarios a profesores del liceo departamental de San José, una investigadora por faltas docentes en el Parlamento y acusaciones de que los sindicatos “son el palo en la rueda” de la reforma educativa, entre otras cosas.

Algunos legisladores e intendentes blancos pidieron que haya un aumento diferencial para los trabajadores de la enseñanza, cuyo salario real cayó en los últimos dos años.

Esa postura de parte del oficialismo va en sintonía con los planteos de los representantes de los docentes ante el Codicen. La consejera Daysi Iglesias dijo que la coordinadora de sindicatos estima que es necesario un incremento salarial de 7,9% para recuperar lo perdido, mientras que la propuesta inicial del gobierno era de 2,9%.

Más allá de cuánto se acerque, o no, ese valor, los consejeros electos por los docentes quieren que la recuperación salarial sea parte del mensaje que la ANEP, como ente autónomo, tiene potestad constitucional de enviar al Parlamento. Eso sin contar otros 206 millones de pesos que solicitó el consejero Julián Mazzoni para adscriptos y otros funcionarios que ganan menos de las horas que trabajan.

Con retraso.

Según la hoja de ruta que se trazó la ANEP, a esta altura del año debería conocerse por dónde empezará la transformación curricular, qué planes se cambiarán y cuáles son las progresiones y perfiles de egreso (qué se pretende que sepa hacer un estudiante promedio al término de cada ciclo educativo). Pero ninguno de esos documentos llegó todavía a la discusión de las máximas autoridades. Y ese retraso en el calendario, más el impacto de la pandemia del covid-19, hace que algunos actores políticos busquen bajarle el perfil a la intensidad de la reforma educativa.

Más de la mitad de los uruguayos (52%) piensa que se necesitan “muchos cambios” en la educación, y otro 25% entiende que se requieren transformaciones, pero “pocas”. Así lo consignó la última encuesta de la consultora Cifra.

En ese sentido, la socióloga Mariana Pomiés, directora de Cifra, dijo a El Observador que “el gobierno está ante un dilema: cómo empezar a mostrar pasos concretos en reformas claves, que fueron promesas de campaña, cuando esos pasos pueden implicar decisiones antipáticas para algunos sectores”. Lo comenta en referencia a que “una reforma educativa de verdad es probable que en un momento choque con los sindicatos de la educación y, hasta ahora, no se ve cuál es la reforma”.

En la coalición de gobierno hay consenso de la necesidad de los cambios en la enseñanza y también en que esas transformaciones requieren de inversión. Pero Pomiés explicó que “algunos actores del Partido Nacional, el socio mayoritario, ya dan a entender que tiraron la toalla”.