Ruta fuera de foco hacia el desorden
El reclamo de "democratización" parece más dirigido a la tribuna que a la realidad, ya que nadie sabe de qué se trata
El ideal es que las fuerzas de seguridad sean plenamente efectivas y que, al mismo tiempo, respeten sin la menor fisura los derechos de los ciudadanos. Al igual que la mayoría de las naciones, si no todas, Uruguay está lejos de ese paradigma. Pero nada ayudan a acercarlo las demandas fuera de foco de legisladores de los partidos Comunista, Socialista y Por la Victoria del Pueblo (PVP). Exigen que la estructura policial y militar se “democratice” y opere bajo “un fuerte control social”, vaguedad que cierra los ojos al actual funcionamiento institucional del país.
El diputado comunista Gerardo Núñez cayó en un doble error al reclamar una acción “democratizadora” de la Policía y las Fuerzas Armadas para evitar el riesgo imaginario de que surjan “sectores antidemocráticos” en esos cuerpos. Su colega del PVP, Luis Puig, repitiendo esas demandas, implicó que siguen teniendo la misma actitud que durante el período dictatorial. Y el diputado socialista Gonzalo Civila pidió el “control político y social” de las unidades militares y policiales. Soslayan que bajo el sistema democrático que rige desde hace tres décadas, los efectivos están sometidos a la autoridad civil. Y cuando se produce alguna transgresión actúa la Justicia, como ha ocurrido en muchas oportunidades a lo largo de los años.
El reclamo de “democratización” parece más dirigido a la tribuna que a la realidad, ya que nadie sabe de qué se trata. A menos que se proponga que, antes de cualquier acción para mantener la seguridad ciudadana y el orden público, se espere a que la totalidad de los efectivos vote si se debe reprimir un disturbio, o arrestar delincuentes, o que espere una orden del Parlamento en lugar del Ministerio del Interior. Los planteos de esos sectores de la alianza de izquierda parecen ignorar que la Policía es controlada precisamente por su ministro correligionario del Interior, Eduardo Bonomi. La actitud de los jefes actuales de las Fuerzas Armadas, por otra parte, disiente radicalmente de las de la época dictatorial, ya que aceptan, como corresponde, la autoridad civil del presidente de la Republica y de su ministro de Defensa.
Los traspiés conceptuales de esos legisladores solo se explican como reacción a lo ocurrido durante el desalojo del Codicen. Los estudiantes que habían tomado el edificio lo abandonaron sin incidentes, como lo demostraron las filmaciones de las cámaras policiales. La violencia estalló recién cuando radicales extremistas la emprendieron a pedradas contra los policías que, aunque pueda haber existido algún exceso individual, se limitaron a repeler una agresión y a cumplir su obligación natural de asegurar el orden público. Las protestas de los diputados se extienden también a la decisión del gobierno de incorporar la Policía Caminera a la Guardia Republicana. La medida puede ser cuestionada, pero ciertamente no valida las virulentas denuncias de esos legisladores.
Bajo Bonomi, la Policía mejora trabajosamente su accionar, tanto en formación como en modernización tecnológica. Los militares se ciñen estrictamente a sus funciones específicas, cumpliendo incluso la función social de ayudar a la población en desastres naturales y en otras actividades. Todo esto es ignorado por estas demandas de los sectores más atrasados del Frente Amplio, como también lo es el pronunciamiento del sector juvenil del MPP de que “las fuerzas que reprimen compañeros deben ser eliminadas”, camino seguro hacia el desorden anárquico.
