¿Se cortará la canilla libre del petróleo?

La actividad humana ha generado cambios irreversibles en materia climática. Aun cuando el origen se rastree hasta los inicios de la revolución industrial, el incremento en las temperaturas medias se ha vuelto más severo en las últimas cuatro décadas. La industria petrolera es uno de los principales responsables. Así lo entendió la Corte de Distrito de La Haya en su sentencia del pasado 25 de mayo al ordenarle a Shell reducir un 45% sus emisiones de CO2 para el año 2030 (comparado con los niveles de 2019), atribuyendo responsabilidad por la política climática al CEO de la corporación. La demanda fue iniciada por Amigos de la Tierra Holanda (Milieudefensie), otras organizaciones de la sociedad civil y más de 17 mil codemandantes individuales.

La sentencia es esperanzadora. Pero, ¿es este un caso aislado? Si bien marca un hito en el combate al cambio climático, en los últimos años la responsabilidad de las petroleras ha sido reclamada en diferentes acciones judiciales en Estados Unidos. Ciudades y estados expuestos al cambio climático y al consecuente incremento del nivel de los océanos han decidido demandar a las petroleras por su impacto en la generación de gases de efecto invernadero. Mientras los estados de Connecticut y New York demandaron únicamente a ExxonMobil, las acciones iniciadas por Delaware, Massachusetts, Rhode Island y Minnesota fueron dirigidas a varias de empresas.

El entramado judicial también incluye procesos judiciales iniciados por las ciudades de Nueva York, Charleston, Baltimore, Oakland, San Francisco y Washington D.C. En la demanda presentada por la ciudad de Nueva York en el pasado día de la Tierra (21 de abril), se explica que Exxon, Shell, BP, el American Petroleum Institute desarrollan estrategias de engaño a los consumidores, el denominado greenwashing, planteando que sus combustibles resultaban “limpios” o “reducían emisiones”, sin mostrar los verdaderos efectos ambientales de su actividad.

Incluso los informes brindados por las petroleras al mercado contenían información dudosa, confusa o incompleta para los inversores, principalmente en lo que refiere a las proyecciones (regulaciones, costo esperado de carbono), afectando la rentabilidad. Así se señala en la demanda presentada el 24 de octubre del 2019 por el Estado de Massachatusetts contra la principal empresa del sector a nivel mundial: ExxonMobil. En los considerandos se destaca que la conducta de la empresa afectó a los inversores institucionales y a un creciente número de entidades financieras.

¿Por qué? Básicamente porque en los reportes para sus accionistas, la empresa niega que las nuevas regulaciones que brindan una protección más efectiva del medio ambiente puedan afectarla. En los hechos, es cada vez más generalizada la aceptación por parte de los tribunales internos e internacionales de la tendencia normativa hacia la mayor protección del medio ambiente, considerando que debe ser esperable para las empresas que esto las afecte.

En todas las acciones legales se indica que las corporaciones tenían pleno conocimiento del efecto nocivo de sus actividades sobre la atmósfera. Aun así, continuaron con las tareas de prospección y producción, con una estrategia similar a la que habían adoptado las industrias tabacalera o armamentista en Estados Unidos, como señala Michael Mann en su reciente libro “The New Climate War: The Fight to Take Back our Planet”. El autor manifiesta que la máxima que se pregona es que las petroleras no tienen la culpa, es el consumidor quien, en definitiva, causa el problema: sea porque decide calefaccionar su casa o conducir su automóvil en vez de recurrir al transporte público o a una bicicleta.

A sabiendas del efecto del calentamiento global sobre el nivel promedio de los océanos, las petroleras decidieron introducir cambios en las plataformas offshore, así como avanzar con su actividad hacia nuevas fronteras de producción. Incluso comenzaron a desarrollarse actividades en zonas geografías hasta entonces vedadas a la actividad, como el Ártico. Estas últimas actividades han sido particularmente rechazadas por la organización ambientalista Greenpeace.

El debate por el medio ambiente nace desde la comunidad científica, los movimientos de la sociedad civil y las acciones judiciales, y en este marco los pactos verdes tienen un gran potencial transformador, como señala José Antonio Sanahuja en el Anuario 2020-2021 del Centro de Educación e Investigación para la Paz. Por tanto, a razón del tope a la producción de combustibles fósiles propuesto por la comunidad científica (con más énfasis en el mineral de carbón) y los compromisos de los Estados en el Acuerdo de Paris (2015), no debería continuarse con el estudio de un gran número de los proyectos en el sector. Mientras el “presupuesto de carbono” impone una suerte de límite global a las inversiones del sector, en los hechos la situación se asemeja al juego de la silla: nadie quiere perder su silla y el lobby trabaja para que así sea.

Así como avanza el lobby también avanza el Estado en la defensa del derecho de regular en áreas de interés público (como ser: derechos humanos, medio ambiente, salud pública). El derecho de regular forma parte del espacio de política pública y es el corazón de la soberanía regulatoria, término acuñado por la coautora de este artículo. Un ejemplo reciente puede ser ilustrativo, el 1 de junio, la Administración Biden suspendió las perforaciones de petróleo y gas en la Reserva Nacional de Vida Silvestre del Ártico en Alaska iniciadas e impulsadas en la era Trump. El Estado, en definitiva, defendió su derecho a proteger el medio ambiente y combatir del cambio climático. Si bien la soberanía regulatoria es un concepto aún en transición, el hecho que los Estados busquen recuperar áreas de regulación abandonadas o fortalecer su protección es una demostración de que se está trazando un camino hacia su consolidación.

La conducta de las petroleras ha propiciado el cambio climático, pero sentencias como la de la Corte de Distrito de La Haya brindan esperanza, aunque todavía falta camino por recorrer. En este contexto, ¿Latinoamérica es un mero observador? La respuesta necesariamente debe ser negativa. Nuestro continente resulta fuertemente afectado, algunas ciudades más que otras. Incluso en tiempos en que la sindemia por covid-19 es el centro de todos los esfuerzos, siguiendo el enfoque multisectorial de “una salud” (humana, animal y del planeta) la amenaza del cambio climático plantea la necesidad de redoblar acciones para su preservación. No es, ni debe ser, un lujo del Norte Global sino una preocupación de toda la humanidad.

Magdalena Bas es profesora de la Univ. de la República (Montevideo) e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora en Relaciones Internacionales por la Univ. Nacional de La Plata (Argentina). Especializada en solución de controversias inversor-Estado y multilateralismo.

Leonardo Stanley es Investigador Asociado del Centro de Estudios de Estado y Sociedad - CEDES (Buenos Aires). Autor de “Latin America Global Insertion, Energy Transition, and Sustainable Development", Cambridge University Press, 2020.

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