Secretaría Antilavado indaga a dos escribanos y cinco empresas por caso Balcedo

La Secretaría Antilavado indaga a dos escribanos, una empresa constructora, una inmobiliaria y tres administradores de sociedades por participar en transacciones realizadas por el sindicalista argentino, Marcelo Balcedo, que cumple una pena de prisión preventiva en Uruguay, según informó el director de la Secretaría, Daniel Espinosa.

Ese organismo investiga a los sujetos obligados que "interactuaron" con Balcedo, según explicó Espinosa ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados este miércoles y consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador. "Se habla de posibles sujetos obligados que hayan interactuado, porque no en todos los casos está probado que los haya", dijo y detalló que entre 2009 (cuando los escribanos pasaron a ser sujetos obligados) hasta 2015 existen tres compra-ventas realizadas con sociedades. Respecto a los administradores de sociedades, el director explicó que hay tres apoderados que no se conoce el grado de participación de cada uno.

En el sector financiero, según explicó Espinosa, hubo diez transacciones y todas -salvo una- fueron antes de finalizar 2015. Se trata de cuatro compra-ventas, dos adquisiciones de derechos posesorios, dos promesas de compra-venta y dos compras de vehículos. Solo una escritura de estas transacciones es anterior a que los escribanos fueron sujetos obligados (2009).

La comisión de Hacienda convocó este miércoles a siete oficinas del Estado, involucradas en el control aduanero y financiero, para saber cómo se permitió que el sindicalista operara en Uruguay. Balcedo y su esposa Paola Fiege son acusados en Uruguay por lavado de activos, tráfico interno de armas y contrabando y cumplen 120 días de prisión preventiva desde principios de enero. La pareja fue detenida el 4 de ese mes en su mansión de Playa Verde "El Gran Chaparral", en un operativo en conjunto entre la Policía Nacional e Interpol. La Justicia lleva incautados más de US$ 7 millones de dólares en distintos cofres de seguridad, 14 autos de lujos e inmuebles de alto valor, como otra mansión sobre la costa de Playa Verde.

Esos dos inmuebles son las únicas propiedades que se le identificaron al sindicalista en Uruguay. El Gran Chaparral fue adquirido en 2011 mientras que la otra casa, también en Playa Verde, había sido adquirida en 2008. Ambos inmuebles están valorados en US$ 4.090.000. De los 14 autos que se incautaron, solo tres estaban empadronados en Uruguay, según detalló Espinosa y solo para dos existen escrituras de compra-venta: un Ferrari California adquirido en US$ 435.600 y una camioneta Dogde Ram de US$ 82.300. Ambos fueron adquiridos a nombre de Fiege.

El tercer auto empadronado en Uruguay no está claro que sea de Balcedo. De todas formas, la compra-venta de autos no está incorporada como un delito precedente de lavado de activos.

El Ministerio de Economía explicó que la mayoría de las operaciones del caso Balcedo ocurrieron en "un lapso en el que la nueva ley de lavado de activos, que incluye delitos precedentes, no estaba vigente" ni tampoco la ley de transparencia fiscal, que permite obtener información de las cuentas bancarias. "Algunas cuestiones que hoy podrían ser penadas, por constituir delitos precedentes de lavado de activos, en otro momento no podrían haber sido", explicó el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, ante la comisión.

De todas formas, la mayoría de las transacciones realizadas por Balcedo fueron por fuera del sistema financiero. Realizaba todos los pagos en efectivo y tenía gran parte de su dinero en cofres fort. "La persona involucrada no tenía actividad en el sistema financiero", explicó ante la comisión el superintendente de Servicios Financieros del Banco Central, Juan Pedro Cantera.

Además, aseguró que las empresas que son administradoras de cofres fort y prestan ese servicio tiene la obligación de "conocer" al cliente que va a utilizar un cofre y deben evaluar "sus antecedentes" pero, según Cantera, no pueden saber si en el cofre hay dinero o no porque es un movimiento que se realiza en forma privada.

Espinosa también informó que la secretaría recibió el 21 de octubre de 2015 una primera nota de la Procuradoría de Argentina explicitando las irregularidades que se le adjudicaban en ese país y solicitando información sobre la actividad de Balcedo y sus allegados en Uruguay. El pedido de la Procuraduría argentina no indicaba que Balcedo estuviera cometiendo ningún ilícito en Uruguay y en ese entonces, la Secretaría no consideró necesario abrir un caso.