Seguridad ciudadana y mandato democrático

Este golpe de timón, además, está lejos de ser un cambio “a la uruguaya”. Suele decirse que este es el país de los cambios graduales. Es cierto. Pero, esta vez, asistimos a un viraje de porte mayor. Hemos pasado rápidamente de la policía frenada a la policía empoderada. Desde mi punto de vista el freno a la acción policial, durante estos años, tuvo al menos dos razones. La primera de ellas fue de carácter ideológico y viene de lejos: cada vez que Eduardo Bonomi esbozó un viraje hacia la “mano dura” aparecieron fuertes cuestionamientos dentro de filas frenteamplistas. La segunda razón fue de carácter institucional y más reciente: la entrada en vigencia del nuevo Código de Proceso Penal, que modernizó las reglas de juego dando mayor protagonismo a la fiscalía y poniendo énfasis en las garantías individuales, generó desconcierto en filas policiales (al menos durante los primeros meses de su entrada en vigencia). El nuevo gobierno tiene una visión muy distinta de la acción policial al anterior y aflojó la cincha.

La nueva política de seguridad, con su fuerte énfasis en el orden público, despierta esperanzas y desata temores. Pero puede sorprender a nadie. Está perfectamente alineada con el tono de lo dicho durante la campaña electoral por los partidos que integran la “coalición multicolor”. Dicho más claramente todavía: puede afirmarse que ha sido la ciudadanía uruguaya la que decidió modificar el equilibrio entre orden y libertad. Fueron los electores los que tocaron el timbre y reclamaron el fin del “recreo”. Poco a poco, a lo largo de la Era Progresista, fue aumentando la demanda de orden. Los partidos que están en el gobierno no han hecho otra cosa que canalizarla políticamente. Decenas de mediciones de opinión pública demuestran que la seguridad es la principal preocupación de la ciudadanía. Siete de cada diez personas, según la encuesta de la consultora Opción, consideran que la situación de inseguridad mejorará gracias a la “mano dura” del nuevo gobierno. Cuatro de cada diez votantes del Frente Amplio tienen esa misma expectativa.

Quiero detenerme en este punto. En las buenas democracias las políticas públicas están alineadas con las promesas electorales. Las promesas electorales, a su vez, recogen las principales preocupaciones de la gente. Esto es exactamente lo que está pasando. El tiempo dirá si la nueva política de seguridad pública tiene o no los resultados que el gobierno y la mayoría de las personas esperan. El debate sobre si la “mano dura” funciona o no es absolutamente legítimo. Por eso mismo, desde el punto de vista de la dinámica democrática, hace bien el Frente Amplio, ahora en la oposición, en polemizar públicamente sobre la orientación de la política y sus posibles consecuencias. En las buenas democracias existen partidos con ideologías distintas que proponen políticas diferentes. Cuando todos los partidos proponen lo mismo la representación deja de tener sentido, pierde sustancia, se vuelve una ilusión. No es el caso.

Hace bien el Frente Amplio en alertar con el riesgo del abuso policial. El peligro existe, como se desprende de algunas imágenes divulgadas durante los últimos días y de las denuncias recibidas por diversas instituciones. No es lo mismo una policía empoderada que una policía descontrolada. Las buenas democracias combaten sin vacilar el delito pero sin violar los derechos humanos y las garantías individuales. Las oposiciones firmes obligan a los gobiernos a ser más cuidadosos en sus decisiones y políticas públicas. Por cierto, no es lo mismo una oposición firme que una oposición desleal. El gobierno debe evitar los desbordes policiales. A su vez, los líderes frenteamplistas deben evitar caer por la pendiente de la deslealtad institucional. Es fundamental, en este sentido, que acepten el mandato ciudadano. Insisto: es la gente la que, por mayoría, decidió darle más poder a la policía.

Hace muy bien la Institución Nacional de Derechos Humanos en prestar especial atención a la acción policial. Como enseñara nuestro recordado colega argentino Guillermo O’Donnell, en las buenas democracias las distintas instituciones se controlan mutuamente. Lo mejor que nos puede pasar como sociedad es que la INDDHH tenga un ojo puesto en la actuación de los funcionarios del Ministerio del Interior. Lo mejor que le puede pasar a los policías es saber que no son invisibles, esto es, que hay instituciones y actores controlando su desempeño. Desde luego, esto también es lo que más le conviene al propio gobierno si quiere conservar su bien ganada autoridad moral.

Adolfo Garcé

Doctor en Ciencia Política, Docente e Investigador en el Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR

adolfogarce@gmail.com