Seguridad social, una bomba que los precandidatos no explican cómo desactivar

En el sistema político existe unanimidad al respecto, pero los precandidatos evitan hablar de medidas específicas y prefieren derivar la discusión a la necesidad de establecer en 2020, cuando el nuevo gobierno tenga capital político, un “gran acuerdo nacional” que llegue a una “solución específica” contemplando a todos los actores.

El precandidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo a El Observador que el “problema” es que “en plena campaña electoral no hay quien se la juegue en llegar a un acuerdo” y repitió –en sintonía con lo que dicen los líderes de la oposición– que el gobierno se “lavó las manos” durante estos años pese a que sabe que el sistema nuevamente va camino a la quiebra. El senador recordó que fue el ministro de Economía, Danilo Astori, el que puso el tema sobre la mesa en 2017, cuando dijo que un ajuste era prioritario.

Las cifras le dan la razón, ya que de todo el presupuesto nacional, el 25,7% se destina a cubrir el déficit de la seguridad social. Cuando finalice el 2019, los uruguayos pondrán de sus bolsillos US$ 800 millones para paliar el rojo del Banco de Previsión Social (BPS), el doble de lo que se destinó en 2015, hace apenas cuatro años. Este año, los uruguayos también deberán inyectar unos US$ 500 millones a la caja militar. La cifra, solo de estas dos casos, equivale al costo de construir 14 Antel Arena.

Este lunes, el precandidato frenteamplista Daniel Martínez, dijo que la reforma no la pagarán “los que ganan menos” ni “los que no tienen nada” y anunció que buscará la forma” para que “cada uno dentro de sus posibilidades haga el esfuerzo que tenga que hacer”, según informó El País.

En el oficialismo, uno de los que más insiste con el tema es Mario Bergara, quien considera que fortalecer el sistema es clave para reducir el déficit fiscal, que actualmente se ubica en 4,8% del PBI. Sin embargo, el expresidente del Banco Central considera que no se debe poner el foco en subir la edad de jubilación porque actualmente los uruguayos ya tienen incentivos y se están retirando, en promedio, a los 64 años. Durante un desayuno en ADM, Sanguinetti se mostró en la misma línea y dijo que se debía analizar pero no desde la "simplicidad" de decir edades sí o edades no.

Los precandidatos saben los cuidados de tomar una decisión de este tipo, ya que según cifras del Instituto Nacional de Estadística, en Uruguay hay 235 mil personas con 75 o más años. Ese aumento en la esperanza de vida, que se prevé que siga en ascenso, lleva a que uno de los parámetros que deba modificarse es la tasa de reemplazo (porcentaje de jubilación a cobrar sobre últimos ingresos).

Uno de los puntos en los que está de acuerdo la mayoría es en permitir los retiros parciales y seguir incentivando los retiros tardíos. En su programa de gobierno, Luis Lacalle Pou propone revisar la normativa que restringe la posibilidad de trabajar luego de jubilado, ya que considera que “ignora recomendaciones de organismos internacionales, afecta muy negativamente la vida de los adultos mayores, y obstaculiza la transferencia de conocimiento entre generaciones”. El colorado Ernesto Talvi también está de acuerdo. Su asesora Ana Inés Zerbino propone permitir los retiros parciales siempre que la “anualidad calculada supere un mínimo de jubilación y su tasa de reemplazo”. La economista considera que con esta medida la edad de retiro dejaría de ser un parámetro sujeto a “decisiones políticas” para “depender de cada trabajador, los pozos acumulados y su decisión de cuánto quiere ganar”.

La directora del fondo de inversión InCapital también propone modernizar el sistema a través de la asignación de una cuenta virtual a cada trabajador que le permita computar sus aportes los cuales serán capitalizados a una tasa ficta de interés. “Puede ver cómo crece su ahorro y se va capitalizando a medida que avanza la edad y se acerca la edad de retiro”, señaló en mayo durante la presentación de las propuestas del precandidato.

Para Jorge Larrañaga hay dos puntos que deben incorporarse a la discusión. El primero es considerar el “futuro del trabajo” porque la “tecnificación va a destruir y crear puestos y desplazar trabajadores”. El líder de Alianza Nacional dijo a El Observador que lo que se resuelva debe hacerse “respetando los derechos adquiridos” porque no se le puede decir “a los que están por jubilarse” que tienen que esperar “cinco o diez años más”. Sanguinetti piensa lo mismo y plantea que los cambios deben hacerse de forma “paulatina”.  

Para el economista Pablo Rosselli la discusión debe desterrar el mito de que los uruguayos “aportan mucho” y “reciben poco”. El socio de la consultora Deloitte dijo recientemente en un foro de análisis organizado por las AFAP que esta era una falacia que se ha construido sobre la seguridad social. La cantidad aportada es uno de los temas que aborda el programa de gobierno de Juan Sartori, quien tiene como objetivo que “cada jubilado reciba con la mayor justicia la retribución por lo que ha aportado, incentivando el uso del sistema de capitalización individual”.

El empresario devenido en político también propone eliminar el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), que afecta a las jubilaciones más altas, “en forma progresiva, pero con efecto inmediato para el actual núcleo de contribuyentes, eliminando adicionalmente la posibilidad de ampliación a pasivos hoy no incluidos”. Algo similar plantea Talvi, aunque reconoce que este impuesto “recauda mucho dinero”. Según cifras del BPS, en 2017 el IASS le brindó recursos a la seguridad social por US$ 326 millones, por lo que según Bergara las propuestas de este tipo son “demagógicas” ya que no plantean responsablemente de dónde van a obtener los recursos para compensarlo”.