Déficit fiscal, seguridad social y flexibilización laboral: los clavos que hereda el próximo gobierno

Quien reciba la banda presidencial de manos de Tabaré Vázquez el 1° de marzo de 2020 deberá encarar reformas sobre estos tres temas en el corto y mediano plazo

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18 de octubre de 2018 a las 05:04

Reducir el déficit fiscal. Reformar la seguridad social. Flexibilizar los vínculos laborales. El infinitivo es un forma verbal no finita que adquiere alguna de las cualidades de los sustantivos, según alguna definición gramatical. Sin embargo, cuando se trata de cualquiera de estas tres acciones el infinitivo pierde vaguedad y se transforma en un verbo conjugado porque, a esta altura, nadie duda que el próximo gobierno tendrá que trabajar sobre estos tres clavos heredados. 

"Imperiosa" es la palabra que utiliza Adolfo Garcé cuando se lo consulta sobre la importancia de que los partidos políticos aborden estos tres asuntos en la campaña electoral. Para el politólogo, todos deben ser "lo más precisos posibles" porque son asuntos fundamentales para el país.

“Las propuestas deben ser bien claras, precisas y evitar las generalidades, para que el elector pueda ejercer su soberanía”. Sin embargo, el director de la consultora Factum, el sociólogo Eduardo Bottinelli, cree que –pese a su importancia– los temas no se transformarán en "centrales de campaña”. “La mayoría de la población no tiene mucha idea de lo que le hablás cuando le hablás de déficit fiscal, es un idioma técnico, distinto”, opinó al ser consultado por El Observador

Déficit fiscal

El déficit fiscal se ubicó en 3,9% en el mes de agosto, continuando por encima de la meta fijada de 2,5% para el cierre del actual período de gobierno, situación que se mantendrá opinaron los analistas que participan de la Encuesta de Expectativas Económicas de El Observador. Esta situación provocó que a principios de octubre, la calificadora Fitch Rating mantuviera la nota de la deuda uruguaya en BBB- pero corrigiera de estable a negativa su perspectiva, lo que podría poner en riesgo el grado inversor en el año 2019. 

El tema también ha sido abordado por dirigentes políticos y precandidatos presidenciales. El fin de semana, en el congreso del sector Todos, Luis Lacalle Pou manifestó que en caso de ganar el gobierno incorporaría una regla fiscal que permita controlar el gasto y el endeudamiento.

“La regla fiscal no asegura por sí misma una conducta de gasto público ordenada, pero es una expresión clara de responsabilidad fiscal”, señala el documento del grupo político del precandidato nacionalista. Esta propuesta también fue realizada por Jorge Larrañaga en su “Agenda para el progreso”, presentada ante el directorio del Partido Nacional.

Un argumento similar ha sido utilizado por el precandidato del Partido Colorado por el sector Ciudadanos, el economista Ernesto Talvi, quien ha señalado en varias ocasiones que el país debe “reducir el déficit fiscal a través del control del gasto y la profesionalización de las empresas públicas”. 

En el Frente Amplio, el ex presidente del Banco Central, Mario Bergara, –precandidato por el grupo Banderas de Líber– reconoció en entrevista con Telenoche que la situación de las “cuentas públicas” era uno de los “desafíos principales” de este gobierno “y obviamente del próximo”. “No podemos sostener un déficit de 4% durante un tiempo largo (…) para evitar que eso se transforme en un problema de verdad, hay que corregir los números fiscales lo antes posible”, señaló. 

El ministro de Economía, Danilo Astori, también reiteró en las últimas semanas que el “desequilibrio fiscal” era un “desafío importante”. En declaraciones a la revista Global Markets (que lo reconoció como mejor ministro de Economía de América Latina del año), Astori dijo que el país estaba “dando pasos fundamentales para corregir el déficit a través del gasto público". "Entendemos que no podemos seguir incrementando la carta impositiva sobre la población”, afirmó.

Reforma de la seguridad social

La sanción definitiva de la ley de reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (conocida como caja militar), ocurrida este miércoles en la Cámara de Diputados, representó el fin de “una etapa de reformas sobre seguridad social”, en palabras de Lucía Topolansky, aunque el gobierno y los analistas coinciden en la necesidad de “seguir con una segunda etapa de reformas” que quedará pendiente para el próximo período.

En agosto, Astori dijo al programa Desayunos Informales de Canal 12 que la reforma debía hacerse en 2020 al “comienzo del gobierno, cuando hay capital político”. El ministro de Economía explicó que todavía el país atravesaba el "bono demográfico" donde la actividad supera a la pasividad, pero eso se va a acabar en el corto plazo.

"La esperanza de vida está medida en 60 años de edad y actualmente supera los 80", dijo. La última reforma del sistema de seguridad social se concretó en 1996, durante el gobierno del colorado Julio María Sanguinetti, cuando se creó el régimen mixto que incluía a las AFAP. Entrevistada por Radio Sarandí, Topolansky dijo que “sumado todo el déficit de las cajas”, las transferencias del gobierno nacional ascienden a US$ 3.300 millones al año, una cifra que se debe “reducir”.

La ejecución de esta reforma debe ser realizada en consenso por el sistema político, según Bergara. “Hay que evaluar cómo está evolucionando la demografía y las vidas de las personas. Va a haber que hacer cambios sí, para fortalecer la seguridad social y darle sustentabilidad. Es un déficit muy abultado”, señaló en la entrevista con Telenoche. 

Lacalle Pou, por su parte, propone “crear una comisión de expertos de primer nivel designados por los partidos políticos, a los que se les dé un año para realizar una evaluación cuidadosa de la situación, identificar posibles escenarios de mediano plazo y definir un menú de estrategias de reforma”.

En conversación con El Observador, el economista Hugo Bai, especializado en seguridad social, dijo que “el sistema requiere una reforma”, la cual debe hacerse en diálogo con la sociedad y no únicamente con los partidos políticos. Para el economista, el cambio debería ser “gradual” en un período de unos 20 años. En tanto, Ernesto Talvi, dijo en una entrevista con Así nos va de Radio Carve que estaba trabajando sobre este tema con el equipo del presidente francés Emmanuel Macron, y que la edad de retiro está quedando obsoleta. “¿Qué pasa? ¿A los 60 años uno era súper productivo y a los 60 años y un día dejó de serlo?”, se preguntó. 

Flexibilización laboral

La automatización y robotización –la sustitución de tareas hechas por humanos– es un tema que también deberá atender el próximo gobierno. Según un estudio de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, presentado en abril de este año, hay 915 mil empleos que están en riesgo en el “corto plazo”.

Según el informe, el sector más expuesto es la cría de ganado y otras tareas del ámbito agropecuario que emplean hoy día a unas 56.000 personas. Este problema ha sido abordado desde el año 2005 por documentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se señala que “la normativa tradicional no se adapta a la realidad contemporánea”.

Asimismo, el próximo gobierno deberá lidiar con la discusión sobre las flexibilizaciones laborales, un tema que fue planteado en julio de este año por la Cámara de Industrias y que de inmediato generó el rechazo del Pit-Cnt. El presidente de la gremial, Gabriel Murara, dijo que el objetivo era “regularizar situaciones que ya se dan en la práctica” como el fraccionamiento de la licencia reglamentaria, la redistribución de la jornada y el análisis de la compensación horaria “en virtud del aumento de trabajo en una jornada de trabajo ya sea por razones zafrales, estacionales, o simplemente extraordinarias e imprevistas de cualquier naturaleza lo que permitiría una mayor productividad de la empresa adaptando el horario al trabajo a realizar efectivamente”, según el documento elaborado para la discusión. 

Brasil inició en 2017 una reforma en este sentido con el objetivo de “darle competitividad” al mercado. Entre los puntos centrales de esta ley, se encuentran las jornadas laborales de hasta 12 horas, la reglamentación del trabajo desde el hogar, la autorización de la “jornada intermitente”, la división hasta en tres períodos de las vacaciones y la flexibilización de las condiciones de despido. Esta reforma fue ampliamente criticada desde los sindicatos pero también por autoridades del gobierno nacional, como la ministra de Industria y una de las precandidatas por el Frente Amplio, Carolina Cosse, quien dijo en su momento que era un “pésimo ejemplo” y significaba “un gran paso atrás”.

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