Seis países de la UE recelan del pedido español para oficializar catalán, gallego y vasco

Los embajadores de los Estados miembros de la UE mantuvieron este viernes el encuentro preparatorio para ese Consejo de Asuntos Generales, para el que Suecia y Finlandia han sido de los pocos países que hicieron públicas sus posturas en sendos comunicados preparatorios del encuentro.

En un comunicado publicado este viernes, el Gobierno finlandés expuso sus "reservas" ante una decisión que "aumentaría la carga financiera y administrativa" y "probablemente también ralentizaría las decisiones y entradas en vigor de regulaciones europeas".

Y, aunque ven importante "asegurar la diversidad cultural y lingüística en la UE", creen que "los derechos de los hablantes de lenguas regionales se pueden promover de formas más ligeras".

Estocolmo, por su parte, también señaló el lunes en un comunicado que es necesario analizar las consecuencias presupuestarias y prácticas antes de poder votar la propuesta española, que requiere unanimidad.

Comparten una postura similar otros Estados miembros, cuyas fuentes diplomáticas indicaron que "voluntad de trabajar en la materia" pero advirtieron que "una decisión así podría tener consecuencias que deben identificarse antes de decidir".

"Queremos escuchar al ministro español el martes pero también queremos escuchar a los que muestran preocupación sobre los cada vez más elevados costes de traducción e interpretación. Queremos que la discusión continúe para examinar en profundidad todos los aspectos de la cuestión", dijo otra fuente de un país del sur de Europa.

Una fuente diplomática apuntó que se trata de una decisión demasiado importante a nivel europeo como para cerrarse tras únicamente una reunión a nivel de embajadores -la celebrada este viernes- y el encuentro de los ministros del próximo martes. Y al menos dos delegaciones creen necesario consultar a los servicios legales del Consejo antes de pronunciarse, un paso que retrasaría más allá del próximo martes una votación que debe ser aprobada por unanimidad.

España mantuvo en las últimas semanas contactos a todos los niveles para lograr esa luz verde de sus veintiséis socios y sacar adelante la promesa que se hizo a cambio del apoyo de Juntos por Cataluña para que la socialista Francina Armengol fuese elegida presidenta del Congreso de los Diputados y en el contexto de las negociaciones en curso para formar gobierno tras las elecciones del 23 de julio.

Después del encuentro preparatorio de este viernes, fuentes diplomáticas españolas mantienen que "no hay ningún no rotundo" entre sus socios pese a que reconocen que se han pedido "informes de impacto, sobre todo en lo que afecta al tema legal y administrativo".

"Ninguno se ha mostrado en contra, de hecho han apoyado el sentido de la propuesta. Simplemente piden confirmación de los servicios legales de que es viable", indicó una fuente.

EFE