Sentados sobre las bayonetas

Esta vez fue un poco más de luz sobre el caso de un joven militante tupamaro, Roberto Gomensoro Josman, detenido en una unidad militar en el Cerro en marzo de 1973, cuyo cadáver apareció pocos días después en el lago de Rincón del Bonete. Se lo identificó casi cuatro décadas más tarde.

José Nino Gavazzo, quien a inicios de la década de 1970 era mayor del Ejército y muy activo en la persecución de grupos de izquierda, se hizo responsable ahora de aquella desaparición ante un tribunal de honor militar; luego el expediente siguió una trayectoria discreta hacia un más que probable archivo; pero Leonardo Haberkorn, un periodista obsesivo y brillante que conoce el tema (y a Gavazzo), notó las inconsistencias y recibió el auxilio de una fuente indignada.

La narración de Gavazzo sobre la suerte de Roberto Gomensoro es muy relevante por varias razones, entre ellas: 1) porque otro oficial estuvo preso por ese homicidio, acusado por un ex tupamaro, sin haber sido culpable; 2) porque el crimen de Gomensoro no ha prescripto ni está amnistiado; 3) porque los generales que integraron el tribunal no creyeron que el asunto afectara el honor del Ejército; 4) porque, al ventilarse, el caso derivó en el pase a retiro y cese de varios generales, un comandante en jefe, un subsecretario y un ministro.

Más relevante fue el tratamiento formal que se le dio al expediente: una suerte de fuga hacia arriba, que bien pudo ser una manera de lavarse las manos. Ahora, por el contrario, parece haber mucho celo y sobreactuación.

¿La responsabilidad sólo llega hasta el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, ya renunciado, gravemente enfermo y notoriamente disconforme? Ese cortafuego no parece suficiente. El incendio alcanza al secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, y, eventualmente, al propio presidente Tabaré Vázquez. 

A partir de setiembre de 1971 los militares uruguayos combatieron a las guerrillas izquierdistas por orden presidencial; y luego, desde abril de 1972, con herramientas draconianas que les concedió un parlamento democrático. Derrotaron a tupamaros y otros grupos, y también cometieron graves abusos durante una guerra ideológica de baja intensidad, en el escenario mucho más complejo y grande de la “Guerra Fría”. Luego siguieron de largo y se quedaron con la suma del poder por 12 años. Los abusos se volvieron sistémicos. 

En diciembre de 1986, ya en democracia, el parlamento aprobó una ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado que cerró las causas judiciales contra militares y policías por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. También encargó al presidente de la República la investigación de las desapariciones. La ley, muy cuestionada, fue ratificada en dos referéndums: en 1989 y en 2009.

Una Comisión para la Paz que trabajó entre 2000 y 2003 registró una treintena de desaparecidos en Uruguay, que dio por muertos. Más de un centenar y medio de uruguayos fueron secuestrados y asesinados en Argentina y países vecinos, incluyendo a cerca de 30 que fueron trasladados a Uruguay y asesinados.

Total: algo menos de 200 detenidos-desaparecidos, que se suman a unos cien civiles, policías y militares que murieron en enfrentamientos entre guerrillas y fuerzas de seguridad entre 1966 y 1973, o bien por su profesión o por su militancia política, sin responsabilidad en acciones violentas.

En las últimas décadas, muchas víctimas (sobrevivientes o familiares) fueron reparadas con dinero, recomposición de carreras y pensiones o jubilaciones. También fueron identificados algunos niños robados a sus padres apresados.

A partir de 2002, y más aún desde 2005, bajo gobierno de la izquierda, un puñado de militares y jerarcas civiles de la dictadura marcharon a la cárcel, incluidos dos ex presidentes y un antiguo canciller. Se excavó en unidades militares y se hallaron restos de algunos desaparecidos, que fueron identificados.

La mayoría de los gobiernos democráticos ha tratado de soldar la fractura entre las Fuerzas Armadas y una parte de la sociedad y del sistema político (los militares gozan de respeto y prestigio en las clases bajas). El ex ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, uno de los fundadores de los tupamaros y co-responsable de la violencia del pasado, estaba en esa línea superadora, a costa de insultos y burlas.

La grieta no termina de cerrar. Siempre hay piezas fuera de sitio, partes interesadas y vacíos de información. Algunos militantes de izquierda viven de esa causa; algunos políticos viven de la demagogia; y las Fuerzas Armadas, como corporación, no ven muchos crímenes en todo aquello y creen que el silencio las fortalece.