Ser y parecer: el gobierno y las señales en materia de transparencia

“Yo soy garantía de transparencia. Capaz que están acostumbrados a muchos años de que no era transparente el gobierno (… ) No piensen que somos todos iguales. Yo no me dejo hacer la banda por un empresario, no le devuelvo favores a nadie. Insisto, capaz que están acostumbrados a otra cosa pero conmigo nunca van a ver un interés oculto detrás”, dijo el presidente Luis Lacalle Pou en entrevista con El Observador el  1 de marzo, preguntado por el rol que cumpliría un empresario asesor suyo en el gobierno.

La transparencia ha sido uno de los temas recurrentes en la campaña de Lacalle Pou y uno de los aspectos que le cuestionó al gobierno anterior y al Frente Amplio mientras fue opositor. Por ejemplo, en octubre de 2017, Lacalle Pou criticó la falta de información oficial sobre el acuerdo con UPM. “El Frente Amplio sintiéndose a sus anchas por las mayorías parlamentarias no tuvo como práctica constante contar, transparentar. Esa falta de transparencia redundó muchas veces en actos irregulares y de corrupción”, afirmó el entonces senador.

Cuando son oposición o mientras son candidatos, los políticos hablan y prometen muchas cosas, pero como dice el dicho “los pingos se ven en la cancha” y cuando les toca gobernar llega el momento de demostrar credibilidad, con las políticas que adoptan y las decisiones que priorizan.

Nadie desconoce que a las dos semanas de asumir, el gobierno se encontró con la sorpresa de una pandemia mundial, que vino acompañada de una crisis sanitaria y económica, y tuvo que retrasar muchísimos de los planes que tenía previstos para su gestión, pero en los dos meses que lleva de gestión el gobierno no logró una transición prolija en la Jutep. 

Fuentes del gobierno dijeron a El Observador que en los próximos días habrá novedades pero que el mandatario aún no tiene nombres. El presidente será designado por el Partido Nacional mientras que el vicepresidente representará a Cabildo Abierto y el vocal será un representante del FA.

En Compromiso para el país, el programa acordado por la coalición de cara al balotaje, se prometió “fortalecer a la Junta de Transparencia y Ética Pública, dotándola de los recursos necesarios para el cumplimiento de su tarea”, algo que desde su creación en 1998 las distintas autoridades vienen reclamando. 

La Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado -así se llamaba hasta que en 2009 cambió de nombre- fue creada por el Poder Ejecutivo para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas y tiene entre sus funciones asesorar a la justicia en los delitos contra la Administración y la Hacienda Pública, asesorar a los organismos públicos en la aplicación de las “Normas de Conducta en la Función Pública”, y la recepción y custodia de las declaraciones juradas de ingresos bienes y pasivos de unos 50 mil funcionarios. Toda esa tarea la realizan además del directorio, dos asesores que son pases en comisión, y una docena de funcionarios administrativos, lo que dificulta el cumplimiento de sus cometidos, a los que ahora sumará, según estaba previsto, la recepción de denuncias de corrupción.

Las actuales autoridades debían permanecer en el cargo hasta febrero de 2022, pero ante la renuncia del vicepresidente Daniel Borrelli en enero y la designación del actual gobierno de Matilde Rodríguez (vocal en representación del Partido Nacional) para ocupar la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente el 9 de marzo, Ricardo Gil había quedado solo y un director no puede tomar resoluciones, se requieren al menos dos. Según relató, envió tres notificaciones a Presidencia, la primera el 30 de marzo, a un mes de la asunción del nuevo gobierno, planteando su renuncia pero a causa de la pandemia de coronavirus dio al gobierno un mes más para que designara al sustituto. El 22 de abril, al no tener respuesta, reiteró el pedido y el 30 de abril se fue.
 
En el programa del Partido Nacional con el que buscó votos para octubre, la Jutep no era mencionada pero aparecía 31 veces la palabra transparencia. A modo de ejemplo, se señalaba que “la transparencia e integridad en la gestión pública es un deber hacia los ciudadanos” para presentar la propuesta de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas; se proponía el “Fortalecimiento y mejora del sistema de compras públicas” aludiendo a que “durante los gobiernos del Frente Amplio, el sistema de compras públicas” se llevó a cabo con procedimientos “frecuentemente afectados por la falta de transparencia”; se proponía el control a las sociedades anónimas estatales que funcionan bajo el derecho privado, porque en ellas “la transparencia no existe”, las calificaba de “Estado paralelo” “sin pasar por los controles del Tribunal de Cuentas ni informar debidamente a la ciudadanía”.

Sobre todos esos aspectos se ha pronunciado la Jutep al prestar asesoramiento a jueces y fiscales. En este último período el organismo estuvo muy activo, y actuó con sobrada independencia.

Elaboró entre diez y 15 pronunciamientos sobre prácticas que violan las normas de la función pública o sobre prácticas directamente corruptas.En algunos casos, sus dictámenes derivaron en procesamientos de jerarcas como el ex vicepresidente Raúl Sendic, imputado por abuso de funciones y peculado en mayo de 2018, o en el pronunciamiento sobre el uso indebido de fondos que hizo el exsenador Leonardo De León en Alur. También le llamó la atención al presidente Tabaré Vázquez sobre la conveniencia de que desvinculara de su cuerpo de seguridad al suegro de su hijo Álvaro Vázquez, y consideró que Jorge Vázquez no violó las normas de la función pública al integrar el gabinete de su hermano. En ese caso Gil se abstuvo de actuar por ser amigo personal de Vázquez.

La Jutep también intervino en una serie de denuncias contra intendentes, la mayoría de ellos blancos, y en todos los casos detectó irregularidades: al intendente de Soriano, Agustín Bascou, lo señaló por comprar combustible para los vehículos de la comuna en sus estaciones de servicio; al exintendente de Flores, Armando Castaigndebat (actual subsecretario del Mides) por favorecer a una empresa que fue contratada para instalar una cancha de campo sintético en la plaza de deportes de la capital departamental; al intendente de Colonia, Carlos Moreira por el episodio de las pasantías; a la intendenta de Lavalleja Adriana Peña por designar a su hermano como jefe de Comunicación; al intendente de Artigas, Pablo Caram por los vínculos de su gestión con dos empresas con las que la comuna contrataba. Además hubo una advertencia a Remo Monzeglio, actual subsecretario de Turismo y exdiputado suplente blanco por Canelones, por asumir la banca en el Parlamento mientras mantenía contratos con varias intendencias.

Después de estos pronunciamientos, desde filas blancas cuestionaron la credibilidad de la Jutep. “Deberíamos pensar en sustituirla por un organismo en serio” dijo en enero el hoy senador y exintendente de Cerro Largo, Sergio Botana, al pedir que la junta “juzgue igual a un frentista que a un blanco” agregó: “Es la Jutep, no un comité de base”. Caram afirmó en marzo sobre su caso: “Estamos en tiempos electorales, mezclaron agua con aceite y alguna otra cosita más". El secretario de la Presidencia Álvaro Delgado había anunciado a Búsqueda la intención de adaptar la Jutep “a la nueva realidad”.

Actualmente la Jutep analizaba los gastos realizados con las tarjetas corporativas de los jerarcas del INAC entre 2005 y 2019, pronunciamiento que quedó trunco por el descabezamiento del organismo,una denuncia contra el intendente de Rocha Anibal Pereyra por la contratación de guardabosques, y recibió la denuncia de la Vertiente Artiguista contra la designación de Gerardo Sotelo como director de los medios públicos por ser además suplente de la candidata a la IMM de la coalición Laura Raffo. 

Al renunciar Gil Iribarne cuestionó la “falta de voluntad política” para “hacer efectivos sistemas de control que realmente condicionen la acción de la corrupción”. Dijo que hacer coincidir los cambios en la Jutep con el cambio en el gobierno nacional “es una marcha atrás brutal en esa línea de mostrar y fortalecer la independencia de la junta”. “Nunca se había hecho antes”, dijo. 

Sin embargo, eso no es estrictamente así. Si bien los diferentes gobiernos buscaron para ese cargo personas de buena fama ética, cada gobierno, a su turno, se encargó de poner personas de confianza, aunque siempre contó con un vocal de la oposición.

Con la llegada del Frente Amplio al gobierno, el 21 de diciembre de 2005 el Poder Ejecutivo solicitó anuencia al Senado de la República para la designación de la escribana Beatriz Pereira de Pólito, quien había integrado el Tribunal de Cuentas por el FA, el abogado Adolfo Pérez Piera secretario general de la IMM de Mariano Arana y el contador José Pedro Lafitte (representante del Partido Nacional) como sustitutos de los integrantes de la primera junta: Carlos Balsa, Jorge Sambarino y Eduardo Piaggio. En 2009 ante la renuncia de Laffite por problemas de salud, asumió Carlos Soares de Lima, también en representación del PN.

En mayo de 2011 un año después de asumir José Mujica en el gobierno, asumieron en el cargo a los doctores Luis Yarzábal, quien había presidido el Codicen en el primer gobierno de Vázquez, y José Pedro Montero como nuevos miembros de la Jutep. Soares de Lima continuó como vocal. 

No hay por qué dudar que las personas designadas tendrán la idoneidad y seguirán trabajando con independencia pero la Jutep no puede quedar descabezada y la designación de los nuevos jerarcas requiere celeridad. Ser y parecer.