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Suplantación de identidad y robo de información: preocupación por la filtración de datos del Renaper
Más de 115 mil fotografías de ciudadanos argentinos, sustraídas del Registro Nacional de las Personas (Renaper), fueron divulgadas esta semana en un archivo disponible para su descarga gratuita en un foro de comercio de datos personales y en un canal de Telegram.
Estas 116.459 imágenes son parte de una filtración que tuvo lugar en 2022. La liberación y posterior disposición de este paquete de datos representa una seria amenaza para la seguridad y la privacidad de las personas afectadas.
Las fotografías filtradas son de alta calidad y corresponden a ciudadanos cuyas imágenes fueron capturadas al obtener o renovar su DNI o pasaporte. Estas fotos están asociadas con el número de documento o pasaporte respectivo, lo que facilita la correlación de la imagen con el nombre y otros datos personales.
Entre los riesgos asociados a la filtración de estas imágenes se encuentra la posibilidad de suplantación de identidad, que puede ser utilizada para obtener accesos no autorizados, robar información confidencial y diseñar esquemas de ingeniería social y estafas en línea. Los datos personales filtrados, disponibles gratuitamente en un foro, son utilizados comúnmente para cometer diversos delitos cibernéticos, como la suplantación de identidad, el robo de datos personales y la ingeniería social.
En cuanto a la composición de los archivos filtrados del Renaper, las imágenes están comprimidas en un archivo .rar de 2.2 GB y están identificadas con el número de documento o pasaporte correspondiente. Según Juan Brodersen, periodista especializado en ciberseguridad del diario Clarín, estos archivos abarcan desde los DNI con números iniciales 10 hasta los 57 millones, lo que incluye imágenes de menores.
Explicaciones del Ministerio del Interior sobre el conflicto
Respecto a las explicaciones sobre el incidente, el Ministerio de Interior señaló que un usuario con acceso no autorizado sustrajo datos del organismo, los cuales luego fueron vendidos, lo que llevó a la modificación de los protocolos de seguridad. La brecha de seguridad habría tenido lugar en 2022 en el Ministerio de Salud, con un acceso no autorizado al Registro Único de Audiencias (RUA), que depende del Ministerio del Interior.
