Topes salariales dificultan las designaciones en empresas públicas

Tras realizar una ronda con todos los ministros, el presidente electo Luis Lacalle Pou pasará el fin de semana en La Paloma, donde comenzará a analizar los nombres que los integrantes de su gabinete le propusieron para completar las designaciones de confianza política de los ministerios.

Mientras determinan los criterios y estudian estos perfiles, las autoridades del futuro gobierno comenzaron a sondear a técnicos que trabajan en el sector privado para ofrecerles ocupar la presidencia de las principales empresas públicas así como otros cargos de dirección en los ministerios, pero al menos tres lo rechazaron, según confirmó El Observador con fuentes del gobierno electo. 

Los casos ocurrieron en servicios descentralizados del Ministerio de Industria, Energía y Minería y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. De acuerdo con los informantes, además de la resignación salarial, los técnicos mencionaron que estaban en momentos de máximo rendimiento de su carrera laboral que no podían dejar de aprovechar y señalaron el alto stress de los cargos más allá de la vocación de servicio. Un par de ellos se pusieron a disposición para colaborar pero no desde funciones ejecutivas.

El principal escollo que encontraron las futuras autoridades es el salario que perciben los presidentes de los entes, el cual está topeado, lo cual hace prácticamente imposible competir con lo que pagan los privados que en muchos casos llegan a quintuplicar esos sueldos, explicaron las fuentes consultadas.

En el gobierno electo estudian qué hacer frente a esta situación y una de las alternativas que manejan es que las designaciones sean de los gerentes de las empresas, los cuales tienen sueldos superiores y pueden mantenerlo cuando asumen un cargo de confianza política. A modo de ejemplo, mientras que los presidentes de UTE, Ancap y Antel ganan $118.686 nominales, sus gerentes generales perciben $327.954; $ 312.867 y $190.852.

La designación de gerentes es vista como negativa por algunas de las futuras autoridades, ya que tienen el objetivo de “refrescar” la plantilla con técnicos que vinieran desde fuera de los organismos.

En las reuniones que mantuvo con los ministros, Lacalle Pou transmitió que será él quien designe a los presidentes de las empresas públicas y que los directorios se completarán con técnicos que sean propuestos por los partidos integrantes de la coalición, en función de los votos obtenidos en octubre. 

Esta negociación comenzará la próxima semana e incluirá a los partidos de la coalición multicolor, aunque los partidos ya tienen nombres en carpeta, confirmaron fuentes políticas. 

El objetivo es dar a conocer a fin de mes los jerarcas de las empresas públicas y los servicios descentralizados junto con la integración completa de los ministerios. 
Lacalle Pou también les confirmó que el Frente Amplio tendrá una representación similar a la que tiene hoy la oposición y que mantendrá el criterio utilizado por Tabaré Vázquez en su última administración de no darle a la oposición un cargo de dirección en los organismos que tienen directores sociales. De esta forma, el FA no tendrá representantes en el Codicen, ni en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) ni en el Banco de Previsión Social (BPS), porque el presidente electo entiende que el contralor será ejercido por estos directores, por lo que no es necesario que haya integrantes de la oposición.

Una de las personas que dejará la actividad privada para ocupar un cargo público es Marcela Bensión, que pasará de ser consultora económica del Banco Santander a directora de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Algo similar le ocurrió a Diego Labat, que actualmente se desempeña como director de Ancap en representación de la oposición y con el nuevo gobierno asumirá como presidente del Banco Central del Uruguay. Para asumir en Ancap, Labat renunció a ser director de finanzas del mismo banco.

El Frente Amplio en el gobierno

La dificultad de los topes salariales en los cargos de confianza política de la administración pública también fue enfrentada por el Frente Amplio mientras estuvo en el gobierno. En algunos casos como el de Andrés Tolosa en Antel (2015) o Beno Ruchanksy en UTE (2005) la coalición de izquierdas designó a gerentes de las empresas públicas como presidentes, mientras que en otros trajo técnicos que estaban en el exterior y resignaron salarios al asumir en la función pública. En 2005, Fernando Puntigliano retornó de Hamburgo para hacerse cargo de la Administración Nacional de Puertos (ANP), algo similar a lo que hizo Marta Jara primero para desempeñarse en Gas Sayago (2012) y luego en Ancap (2016).

Informes sobre ingreso de personal

El futuro secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, anunció este viernes que pidieron un informe detallado al gobierno actual con los ingresos de personal ocurridos en los ministerios y las empresas públicas luego del balotaje. En declaraciones a radio Carve, Delgado dijo que en Antel y UTE hubo llamados que generan “suspicacia”. “Son situaciones diferentes, en algunos casos hay llamados externos y en otros internos. En otros casos hay provisoriatos que después de 15 meses se presupuestan”, señaló. Algunos de los ingresos están previstos para febrero lo que al gobierno electo le llama “un poco la atención” por la cercanía con el cambio de mando.