Transparencia sí, transparencia no

Mientras terminamos de cuantificar el daño de la pandemia, mientras terminamos de entender hasta dónde está dispuesto el gobierno a flexibilizar sus anuncios de campaña respecto a la política económica, mientras terminamos de descifrar hacia dónde va el discurso frenteamplista, en suma, mientras esperamos datos más firmes sobre políticas públicas y estrategias políticas, detengamos la mirada en los desafíos institucionales de la democracia uruguaya. Es que ya lo sabemos: lo peor que nos puede pasar es no reconocer, y resolver, a tiempo prácticas inconvenientes e instituciones defectuosas. Es cierto que tenemos la mejor democracia de la región. Pero es igualmente cierto que hay desafíos pendientes.

Uno de ellos refiere al vínculo entre gobierno y medios de comunicación estatales. Gerardo Sotelo, periodista de larga trayectoria y reciente incursión en la competencia política ha sido designado director de los medios de comunicación públicos. Nadie discute, creo yo, la competencia técnica de Sotelo, que ha sido un periodista brillante. Pero, las mismas razones que llevan al Poder Ejecutivo a confiar políticamente en él son las que hacen que el bloque frenteamplista desconfíe. El nuevo jerarca viene insistiendo desde el primer día en que no quiere que los medios públicos estén al servicio del gobierno sino de la ciudadanía. Ha dicho y reiterado que la información que se brinde tiene no debe tener sesgo partidista.

Pero, como ha dicho el propio Sotelo, la política de medios del Estado no puede depender de la voluntad de una persona. Para evitar la discrecionalidad es conveniente modificar el marco legal: “Estamos en una situación –dijo el nuevo jerarca en reportaje a Búsqueda– en que el estatus legal debilita la posibilidad de que se garantice la transparencia en el manejo de los contenidos de los medios públicos que con el actual cuerpo legal queda librado a la más absoluta discrecionalidad del director. O incluso del ministro. O incluso del presidente. Eso en otras partes del mundo se resolvió dándole mayor autonomía a los directores y pasando su designación por el Parlamento”. Completamente de acuerdo, pero con un agregado: que se requiera mayoría especial (como en el caso de otras designaciones) para asegurar que quien dirija los medios públicos tenga un respaldo político amplio.

Otro desafío muy importante refiere al futuro de la Junta de Transparencia y Ética Pública. La Jutep, gracias al liderazgo de Ricardo Gil Iribarne, tuvo un nivel de actividad importante generando insumos valiosos para el debate público y la acción judicial. En un país en el que cuesta demasiado todavía construir y legitimar instituciones despojadas de vínculos directos con los partidos, la Jutep ha demostrado valentía, autonomía respecto a intereses partidarios, y tomarse en serio su misión. La Junta se pronunció sobre temas muy delicados. Fue muy dura con frenteamplistas como Raúl Sendic y Eduardo León, pero igualmente severa con los intendentes nacionalistas Agustín Bascou y Adriana Peña.

No tengo claro cuáles son los planes del gobierno respecto a la Junta de Transparencia y Ética Pública. Pero nuestra democracia precisa que se fortalezca

En su momento, hace ya veinte años, la creación de Jutep fue un gran paso adelante. Su instalación en 1998 (en ese momento con el nombre de Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado) fue un caso típico de lo que Emanuel Adler llama evolución cognitiva, es decir, de construcción institucional a partir de las lecciones surgidas de la práctica. Uruguay venía teniendo, al menos desde 1995, un fuerte debate público sobre eventuales casos de corrupción de funcionarios públicos. El sistema político aprovechó la ventana de oportunidad generada por la firma, en 1996, de la Convención Interamericana contra la corrupción para instalar una oficina especializada en el tema. Desde entonces la Jutep trabaja mucho pero con pocos recursos.

No tengo claro cuáles son los planes del gobierno respecto a esta institución. Pero nuestra democracia precisa que la Jutep se fortalezca. La institución encargada, nada menos, de “propiciar políticas públicas, normativas y acciones que fortalezcan la transparencia en la gestión del Estado, asesorar al Poder Judicial y a la Administración en la lucha contra la corrupción, recibir y custodiar las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos obligados legalmente a su presentación, difundir los principios de la ética pública y la normativa anticorrupción y atender los compromisos internacionales asumidos por el país en las convenciones y convenios vinculados a la materia”, tiene apenas dos abogados y un contador (y, para colmo de males, en régimen de pase en comisión). En total, apenas 17 funcionarios…

Jutep y medios públicos son instituciones claves. Tienen que ver con la trasparencia. Precisamos generar mecanismos para que puedan moverse con libertad respecto a los intereses de los partidos políticos, en general, y del gobierno de turno, en particular.

Adolfo Garcé es doctor en Ciencia Política, docente e investigador en el Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR

adolfogarce@gmail.com