Tres de los cinco ministros del TCA contrataron a sus hijas como asesoras

El artículo 35 del decreto prohíbe "la actuación dentro de la misma repartición u oficina del funcionario que se halle vinculado con su jerarca por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad (hermanos, abuelos y nietos, padres políticos y cónyuge de la hija o hijo) o por ser su cónyuge" por lo que la contratación de los hijos de los ministros contraviene directamente el decreto.

Según esta normativa, si esta situación se diera, la autoridad competente deberá disponer los traslados necesarios, sin que se perjudique la categoría de la persona que debe ser reubicada.

El TCA o justicia administrativa es el organismo que se encarga de controlar la legalidad de los actos estatales. Cualquier ciudadano, funcionario o entidad puede recurrir al TCA para pedir la nulidad de un acto administrativo del Estado que lo perjudique.

La estructura del tribunal es idéntica a la de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Los ministros son elegidos con venia del Parlamento y, como sucede con el máximo órgano de la Justicia, se mantienen en él por 10 años o hasta que cumplan 70 años de edad, momento en el que deben jubilarse obligatoriamente. Tanto al TCA como a la SCJ ingresan los ministros de tribunales de apelaciones con mayor antigüedad en el cargo. De hecho, los ministros que ocupan hoy el TCA ingresaron por esa vía de ascenso.

Al igual que con los ministros de la Corte, cada magistrado tiene dos asesores, cargo denominado "asistente técnico abogado contratado". Se trata de cargos de confianza que duran en el puesto mientras está el ministro, y cuando estos dejan el cargo, también lo abandonan. En el caso del TCA, a estos se suma un tercer asesor -llamado redactor- por ministro que permanece en el organismo cuando el ministro cesa.

Los asistentes técnicos se encargan de estudiar los expedientes y de asesorar a los ministros en la resolución de los casos. Incluso pueden redactar sentencias interlocutorias, que son resoluciones judiciales mediante las cuales el tribunal se pronuncia sobre peticiones puntuales de las partes y no sobre el fondo del asunto.

Según consta en la escala salarial del TCA, el asistente técnico abogado contratado cobra $ 112.557 nominales si tiene dedicación total y $ 93.047 sin dedicación total, lo que implica que pueden tener otro empleo. Esos valores corresponden al 1º de enero de 2016 y no están actualizados, por lo que en la actualidad cobran más.

Los contratos de los asistentes técnicos se renuevan anualmente y, si bien el responsable de la contratación es el ministro para el que trabaja, el documento lleva la firma de todos los ministros "por un tema de cortesía", explicó una fuente del TCA.

Los ministros del TCA cobran entre $ 166.882 y $ 223.201 (a valores de 2016), dependiendo de si cobran partida para vivienda y partida académica.

Aunque en los tres casos los ministros tienen a sus hijas abogadas trabajando directamente bajo sus órdenes, las situaciones no son iguales.

En el caso de Echeveste y de Vázquez, sus hijas sí fueron contratadas directamente por sus padres, pero la hija de Gómez es funcionaria judicial y está en el TCA por pase en comisión. Una fuente del TCA indicó a El Observador que es actuaria e ingresó al Poder Judicial por concurso. Allí se desempeñaba hasta que su padre ingresó al tribunal y pidió su pase en comisión. "El sueldo se lo paga el Poder Judicial y no el TCA", indicó la fuente al señalar que no había ninguna violación al decreto. El sueldo de actuaria es similar al de asistente técnica. El Observador intentó consultar a los ministros del TCA cuyas hijas trabajan con ellos pero no fue posible ubicarlos.

En 2008 se había dado un enfrentamiento entre la Suprema Corte de Justicia y el gremio de judiciales por las críticas del sindicato al sistema de designaciones directas para ocupar puestos en el Poder Judicial, por el que se podía nombrar a familiares y amigos de los ministros.

La Asociación de Funcionarios Judiciales denunció que se estaba formando una "gran familia judicial", y señalaron que se repetían los apellidos, incluyendo hijos de quien en aquel momento era presidente, Jorge Ruibal. Sin embargo, el presidente respondió que no solo la Constitución lo permite sino que además "el ingreso por concurso no es bueno". "Es mejor el sistema actual porque del otro modo no se puede conocer al aspirante, lo que sí se permite con la designación directa", argumentó, según informó Montevideo Portal.