Trump se quedó con más de 700 páginas de documentos clasificados, algunos marcados como ultrasecretos.

Con fecha del 10 de mayo, la archivista Debra Steidel Wall envió la carta a Evan Corcoran, uno de los abogados de Trump. Allí describió el estado de alarma en el Departamento de Justicia y sugería que tanto los fiscales del departamento como los agentes de inteligencia se retrasaron en la evaluación de los documentos retirados de la Casa Blanca por Trump.

La carta fue revelada el lunes por la noche por uno de los aliados de Trump en los medios de comunicación, John Solomon, quien también es uno de los representantes del expresidente ante los Archivos Nacionales. Fue entonces que los Archivos procedieron a publicar la carta el martes.

The New York Times reportó este lunes que los investigadores habían recuperado más de 300 documentos con etiquetas de clasificado de Mar-a-Lago y que cada documento podría comprender varias páginas.

La carta de los Archivos se hizo pública poco después de que los abogados de Trump presentaran una moción legal pidiendo a un juez federal en Florida que nombrara un árbitro independiente para eliminar cualquier “documento protegido” retirado durante un cateo del FBI en Mar-a-Lago el 8 de agosto.

A su vez, otro juez federal estaba decidiendo qué parte de la declaración jurada subyacente utilizada para justificar la orden de registro debía hacerse pública.

John Solomon, aliado de Trump, el martes apareció en un podcast dirigido por Stephen Bannon, exayudante de Trump en la Casa Blanca, en el que insinuó que la carta implicaba al presidente Joe Biden. En la carta, la archivista Wall le decía a Corcoran que Biden había estado de acuerdo con ella y otros en que los intentos de Trump de hacer valer el “privilegio ejecutivo” sobre los materiales eran infundados. Esa figura de “privilegio ejecutivo” le habría permitido a Trump quedarse con material de la Casa Blanca.

La carta confirma que el expresidente tenía en Mar-a-Lago documentos relacionados con los secretos mejor guardados del país, antes de que el FBI registrara la propiedad.

La investigación se hizo para recuperar documentos relacionados con programas de operaciones extremadamente sensibles realizadas por Estados Unidos en el extranjero o para tecnologías y capacidades reservadas.

La carta también ahonda en el conocimiento de las idas y venidas entre los archivos y los abogados de Trump sobre cómo manejar la recuperación de los papeles.

Dice que los archivos tuvieron “comunicaciones continuas” con los representantes de Trump el año pasado sobre los registros presidenciales que faltaban. Esas comunicaciones, escribió Wall, dieron lugar a que los archivos recuperaran 15 cajas de materiales en enero, algunas de las cuales contenían información altamente clasificada, marcada como ultrasecreta.

Después de que los Archivos Nacionales recuperaron los documentos, según la carta, los abogados de Trump pidieron tiempo para determinar si los documentos estaban protegidos por el “privilegio ejecutivo”. Eso llevó a negociaciones que retrasaron la evaluación de los materiales por parte del FBI, el Departamento de Justicia y la comunidad de inteligencia.

Wall rechazó finalmente las alegaciones de Trump de que existía “privilegio ejecutivo” tras consultar con un alto funcionario del Departamento de Justicia. Como escribió Wall a Corcoran, antes de alertarlo en mayo de que los archivos entregarían pronto los documentos al FBI, “el asunto en este caso no está cerrado”.

“El poder ejecutivo aquí está buscando el acceso a los registros que pertenecen y están bajo la custodia del propio gobierno federal”, escribió Wall, “no solo para investigar si esos registros fueron manejados de manera ilegal, sino también, como explicó la división de seguridad nacional, para ‘llevar a cabo una evaluación del daño potencial resultante de la forma en que aparentemente estos materiales fueron almacenados y transportados”.

La decisión de Solomon de dar a conocer la carta hizo algo más que confirmar que Trump se había quedado con algunos de los secretos mejor guardados del país en su club frente a la playa en Florida, un lugar relativamente inseguro. También reveló que mucho antes de que los abogados de Trump argumentaran en su presentación judicial que muchos de los registros estaban protegidos por el “privilegio ejecutivo”, ese mismo argumento ya había sido rechazado por la Casa Blanca y un alto funcionario del Departamento de Justicia.