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Tupamaros (2): la demanda autoritaria

La guerrilla ayudó a legitimar las FFAA en un “partido político sustituto”

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23 de octubre de 2020 a las 21:24

La semana pasada repasé las principales causas de la instalación de un foco guerrillero en la democracia uruguaya de comienzos de la década del sesenta. Corresponde, ahora, analizar del modo más objetivo posible las consecuencias políticas de la actividad del MLN-T. El argumento es tan sencillo como poco asumido públicamente por los herederos de la orga: la actividad guerrillera, más allá de sus intenciones, contribuyó de modo decisivo a la instalación de una fuerte demanda autoritaria en la sociedad, a legitimar la transformación de las Fuerzas Armadas en “partido político sustituto” (Juan Rial dixit), y a la instauración del régimen autoritario en 1973.

Puede haber oferta sin demanda. Puede haber un golpe de Estado sin una sociedad civil demandando orden al altísimo precio de la supresión de la libertad. Pero difícilmente una dictadura pueda instalarse y perdurar si no hay tierra fértil en la sociedad civil. Los uruguayos nos sentimos orgullosos de nuestra cultura política democrática. Tenemos buenas razones para esto como demuestran los estudios comparativos de cultura política. Cuando nos toca hablar de la resistencia a la dictadura siempre sacamos a relucir que la mayoría de la ciudadanía rechazó, en el plebiscito de 1980, la propuesta de reforma constitucional elaborada por el régimen. Solemos olvidar agregar que cerca del 43% apoyó la propuesta de la dictadura, que limitaba seriamente la libertad política, e institucionalizaba el control militar sobre la actividad de los partidos.

Si el régimen autoritario duró tanto es porque tuvo apoyo social. Una parte del apoyo se debe a que los partidos políticos no lograron, durante los años sesenta, resolver el problema de cómo volver a dinamizar la economía. No hay por qué negarlo. Otro parte del apoyo a la dictadura se explica por la erosión de la legitimidad de los partidos y del sistema democrático, en tiempos en que las denuncias de corrupción y las críticas a la “democracia burguesa” ganaron resonancia y credibilidad. Pero no hay forma de explicar el golpe y la dictadura sin tomar en cuenta que ninguna democracia perdura si no logra equilibrar libertad y orden. Quien tenga alguna duda, no tiene más que leer a Adam Przeworski, quien, ciertamente, no puede ser acusado de reaccionario. La democracia uruguaya, a partir de la instalación del foco guerrillero entre 1963 y 1965, y hasta el golpe de Estado, no logró ofrecer orden. El presidente Jorge Pacheco Areco apeló al expediente de decretar y reiterar las Medidas Prontas de Seguridad. Logró apoyo en una parte de la opinión pública (nació el pachequismo), pero contribuyó a la radicalización general.

La guerrilla con sus acciones de propaganda armada puso al país al borde del ataque de nervios. Robos. Corridas. Disparos. Secuestros. Bombas. Muertos. Además, en la medida en que fue consiguiendo apoyo en sectores significativos de la sociedad, especialmente entre trabajadores rurales y militantes gremiales (especialmente estudiantiles), obligó al Partido Comunista a radicalizar su propio discurso para no perder el lugar de hegemonía que venía conquistando desde principios de los años sesenta. Jaime Pérez llegó a decir que la aparición de la guerrilla obligó al PCU a organizar su propio aparato armado para no experimentar una fuga de militantes revolucionarios hacia el MLN-T. En todo caso, la irrupción de los tupamaros, repercutió en las organizaciones sociales. Sindicatos de trabajadores y gremios de estudiantes incrementaron su nivel de movilización y subieron el tono de sus demandas. Esto también alimentó la demanda de orden.

La guerrilla no solamente alimentó la demanda autoritaria que legitimó la dictadura. También generó el atajo que le permitió a las Fuerzas Armadas convertirse en el actor político decisivo. Durante décadas las FFAA habían estado en sus cuarteles. Tan es así que ni siquiera tuvieron participación en el golpe de 1933. Los militares salieron de los cuarteles, y dieron un paso muy importante hacia el centro de la escena política durante las inundaciones de 1959, como ha explicado recientemente mi colega Pablo Brugnoni. Por decisión del gobierno de la época los militares tuvieron a su cargo decisiones y acciones muy importantes (v.g. coordinación de la Comisión Nacional para los Damnificados y evacuación de la ciudad de Paso de los Toros). Óscar Gestido y Líber Seregni, por ejemplo, se prestigiaron fuertemente en ese contexto. Pero las FFAA no hubieran sido lo que terminaron siendo, la columna vertebral de un gobierno dictatorial, si el 6 de setiembre de 1971, más de cien tupamaros no hubieran logrado escapar de la Cárcel de Punta Carretas. Tres días después, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 566/971 que dispuso “que los Mandos Militares del Ministerio de Defensa Nacional, asuman la conducción de la lucha antisubversiva”.1 Poco después, para coordinar las acciones antiguerrilleras, se crea el Estado Mayor Conjunto (ESMACO), y se designa al General Gregorio Álvarez como su jefe.

Los tupamaros denominaron la fuga de la Punta Carretas como “el abuso”. Lo que siguen sin admitir es que un “abuso” facilitó el otro. Las FFAA solamente precisaban ese pretexto para asumir el papel de “guardianes de la Nación” que les atribuía la Doctrina de la Seguridad Nacional que venía circulando por América Latina desde Panamá, a través de la “Escuela de las Américas” del ejército norteamericano. En nombre del “orden” y la “tranquilidad”, la guardia militar duró doce años.  

 

 

1  Ver: https://www.impo.com.uy/bases/decretos/566-1971

 

Adolfo Garcé

Doctor en Ciencia Política, Docente e Investigador en el Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR

adolfogarce@gmail.com

 

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