Un mensaje equivocado

El viernes 9, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, informaron en la conferencia de prensa diaria en la Torre Ejecutiva que, por instrucciones del presidente Luis Lacalle Pou, se firmó un acuerdo de precios con sectores empresariales directamente involucrados en la venta de más de 80 “familias” de bienes de la canasta de alimentos y de productos básicos de limpieza y de higiene. El acuerdo, que abarca a unos 4.000 artículos, incluye controles por parte de la cartera de Economía que tendrá facultades para sancionar a empresas que incumplan el acuerdo, pese a su carácter no obligatorio.

Delgado dijo que Lacalle Pou está preocupado por la evolución al alza de “algunos productos” y, sin más detalles, comentó que las autoridades constataron casos de “abuso” por parte de empresas.

Aunque Arbeleche reconoció que “claramente el acuerdo no ataca las causas inflacionarias”, el argumento oficial deja flotando en el ambiente la idea de que hay comportamientos empresariales espurios en la suba de precios en productos en los que lógicamente hay más demanda doméstica por el covid-19 y el confinamiento social. Y deja en el aire la idea errónea de que un pacto de precios es un instrumento apropiado para contener la inflación.

Ha sido un mensaje de gobiernos de todos los partidos que la buena voluntad del Estado y de las empresas es capaz de torcer a la inflación como si se tratara de un capricho de un conjunto de personas maliciosas.

Puede haber empresarios inescrupulosos, pero nunca tendrían la fuerza suficiente para mover la aguja inflacionaria. En cualquier empresa en competencia, los precios abusivos no resisten en el tiempo, una tendencia curiosa, además, en un período de recesión como el actual.

Quizás puede ser útil para evitar que el índice de Precios al Consumo (IPC) siga subiendo en estos meses hasta el 12% anual, del 10,86% de abril, lo que dispararía ajustes salariales por cláusulas gatillo previstas en los Consejos de Salarios en varios sectores de actividad.

Como bien reconoció Arbeleche, el control de la inflación está vinculada al buen uso de herramientas de políticas monetaria, fiscal y de ingresos, de cuya coordinación depende que pueda disminuir hasta el rango meta del Banco Central (BCU) de entre 3% a 7%.

Es que la inflación de dos dígitos es el resultado de las políticas expansivas del gobierno del Frente Amplio en las áreas monetarias y fiscal, más la política de salarios indexados a la inflación, a lo que se agrega la reciente evolución al alza del dólar.

El gobierno echa mano a un instrumento que, como bien dijo el economista Pablo Rosselli en el programa de radio En Perspectiva, el lunes 11, solo es útil para distorsionar la competencia y la asignación de recursos. Y, además, legitima en la agenda pública una idea distorsionada sobre los verdaderos fundamentos de la inflación que explican más de una reforma incluida en el proyecto de ley de urgente consideración.