Un pedestal para Manini

De inmediato lideró un nuevo partido, Cabildo Abierto, hecho a su medida, para expresar una opinión nacionalista de derecha. “Si poner orden en el caos y el relajo que se vive hoy es de derecha, soy de derecha”, resumió en una entrevista para El Observador difundida en setiembre de 2019.

Cabildo Abierto representa a una parte de las clases medias bajas del interior del país y de los suburbios, que antes votaron al Partido Nacional o a José Mujica; y los puntos de vista de los militares, activos o retirados.

En las elecciones parlamentarias de octubre de 2019 obtuvo el 11% de los sufragios, pisándole los talones al Partido Colorado, el viejo partido de gobierno, que reunió 12,3%.

“Manini Ríos crece porque sintoniza con la demanda de orden de una parte de la sociedad”, y porque blancos y colorados, por conquistar al centro, descuidaron su derecha, escribió Adolfo Garcé.

Después del triunfo de Luis Lacalle Pou en el balotaje del 24 de noviembre, Cabildo Abierto se integró a la coalición de gobierno “multicolor”, que cuenta con una cómoda mayoría en el Parlamento.

En su deseo de comprometer a todos los sectores de la alianza, Lacalle Pou le propuso a Manini que asumiera como ministro de Salud Pública, pues había dirigido Sanidad de las Fuerzas Armadas, pero él lo rechazó. Fue una humorada del destino. Es inimaginable el rédito político que, tal vez, Manini podría haber obtenido de ocupar el puesto de Daniel Salinas durante la pandemia.

Sin embargo su esposa, la abogada Irene Moreira, quien hizo carrera política como edila del Partido Nacional en el departamento de Artigas, aceptó encabezar el Ministerio de Vivienda.

A fines de 2019 el fiscal Rodrigo Morosoli pidió el desafuero de Manini para juzgarlo por omisión de denunciar a José Nino Gavazzo, uno de los represores más vesánicos durante la dictadura, quien había admitido crímenes ante un Tribunal de Honor. Gavazzo incluso dijo que tiró el cadáver del tupamaro Roberto Gomensoro al lago de Rincón del Bonete en marzo de 1973, antes de la dictadura, delito por tanto no protegido por la ley de Caducidad de 1986.

Cerca de 200 uruguayos fueron detenidos y desaparecidos en la década de 1970: unos 55 en Uruguay y la mayoría en Argentina. Se hallaron los restos de seis de ellos en Uruguay a partir de 2005, cuando el primer gobierno del Frente Amplio abrió un proceso de excavaciones, y espoleó los juicios contra algunos responsables civiles y militares.

Ciertos hechos relatados por Gavazzo fueron ignorados por toda la escala jerárquica: desde Manini hasta el presidente Tabaré Vázquez, pasando por el ministro de Defensa y los secretarios de Presidencia, que los homologaron y archivaron.

Un terrible vendaval se desató el 30 de marzo de 2019, cuando el periodista Leonardo Haberkorn narró esos hechos en El Observador. Entonces el presidente Tabaré Vázquez cesó en su cargo al ministro y subsecretario de Defensa, además de los tres integrantes del Tribunal de Honor del Ejército que juzgaron las acciones de Gavazzo y de Jorge “Pajarito” Silveira. Entre los militares depuestos estaba el flamante comandante en jefe del Ejército, José González, sustituto de Manini. La decisión de Vázquez implicó además el pase a retiro de seis generales.

Para empeorar las cosas, la semana pasada se conocieron las actas de otro Tribunal de Honor de 2006, durante el primer gobierno del Frente Amplio, en el que el excoronel Gilberto Vázquez presumió de torturas, secuestros y asesinatos en varios países de la región, especialmente en Argentina. Confirmó incluso un “segundo vuelo” de la Fuerza Aérea que trajo a Uruguay en 1976 más de veinte prisioneros de grupos de extrema izquierda, que luego fueron asesinados y desaparecidos.

El fallo de ese Tribunal de Honor, que pasó por alto esas gravísimas admisiones, también fue homologado, sin enviarse al Poder Judicial, por el resto de la escala, incluido Tabaré Vázquez.

Con todo eso a la vista, el pedido del fiscal Morosoli ahora podría semejar la búsqueda de una cabeza de turco o chivo expiatorio.

Los fueros parlamentarios conceden a los legisladores un amplio grado de inmunidad para actuar y expresar opiniones; los ponen a salvo de eventuales abusos o persecuciones por motivos políticos. Pero su finalidad va más allá de la persona y protege al Parlamento como institución y como poder independiente.

El desafuero de Manini, que requiere una mayoría especial (21 senadores en 30), no es posible sin el voto de al menos una parte de la coalición de gobierno. Lo único seguro serán las ambigüedades y las tácticas liliputienses, estimuladas por las inminentes elecciones municipales.

El caso ya es más política que justicia.

Siguiendo la lógica de la citación de Manini Ríos, la justicia debería convocar también a una serie de autoridades del gobierno de la izquierda. Y si eso no ocurre, el caso Manini podría quedar bajo sospecha de judicialización de la política: el uso del Poder Judicial para dirimir pleitos políticos. Inculparlo sólo a él sería una acción segregada que olvida una larguísima cadena de negligencias, desinterés, disimulos o pactos para acotar el revisionismo, de muy diverso grado, durante casi cuatro décadas.

El tiempo, que a veces es un gentilhombre, va develando con lentitud algo parecido a la verdad histórica. Pero esa verdad también se deforma, como mueca o caricatura, debido a los intereses políticos y personales.

El antropólogo y arqueólogo José López Mazz, quien durante una década dirigió las excavaciones en busca de cadáveres, cuestionó duramente a algunos integrantes del grupo de familiares de desaparecidos, y a actores políticos. El hallazgo de restos “tiene un retorno simbólico muy fuerte”, explicó; “hay fuerzas políticas que quieren salir en la foto”, y hay otros que están “prendidos porque tienen un puestito”.

Afloran los legítimos deseos y derechos de las víctimas y sus descendientes, pero también el oportunismo de sectores políticos, de izquierda y derecha, que viven de ello, y el hartazgo de buena parte de la sociedad, que percibe un juego interminable.