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05 de junio de 2020 a las 22:00

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Hay que reconocer la labor de la Policía que en menos de 24 horas logró capturar a quien considera el responsable del atroz asesinato del domingo 31 de mayo a tres guardias de la Armada Nacional, apostados en el destacamento de antenas ubicado en las proximidades de la Fortaleza del Cerro de Montevideo. Asimismo, la rápida reacción del ministro de Defensa, Javier García, al relevar al comandante de Infantería de la Marina, Marcos Saralegui, por anomalías en la seguridad del predio militar que quedaron al descubierto en la indagación del caso.

No obstante, todavía hay aspectos relevantes a esclarecer, en el que se entrelazan tres diferentes problemas que juntos potencian el drama: la situación socioeconómica del personal subalterno de las Fuerzas Armadas; el consumo y el tráfico de drogas; y el mercado negro del comercio de armas.

Ministerio de Defensa

El asesino, de 26 años, había sido infante de la Marina durante seis años y en marzo pasado fue dado de baja por reiterados incumplimientos.

La información disponible no permite llegar todavía a una conclusión definitiva, pero el comportamiento del acusado pudo estar influida por la adicción a la pasta base de cocaína.

Aunque pudo actuar por venganza, los investigadores también manejan como una hipótesis fuerte el robo de las tres pistolas semiautomáticas Glock de las víctimas para adquirir drogas. 

Es inquietante que un consumidor de drogas fuera hasta hace unos tres meses un subalterno de la Marina de guerra, con derecho al porte de armas y una formación militar que evidentemente contribuyeron en la pericia para asesinar a tres ex camaradas.

El ministro García informó el miércoles 3 del cese del capitán de navío Saralegui ante la constatación de “fallas notorias” de vigilancia en el mencionado destacamento, lo que es más llamativo cuando la Armada manejaba información de un eventual ataque. Dijo que desde las 20.00 horas del sábado 30 de mayo hasta las 8.00 horas del día siguiente, cuando se descubrieron los asesinatos, no se realizaron recorridas ni hubo comunicaciones radiales como exigen protocolos de seguridad.

Diego Battiste
El ministro de Defensa, Javier García

Cabe preguntarse, por otra parte, si el ingreso del homicida al predio militar, permitido por dos de las víctimas en la madrugada del domingo 1°, por tratarse de un conocido, está permitido o sería otro incumplimiento a reglas de seguridad.

El vínculo entre el consumo de pasta base y la pobreza mostró su peor cara en este fatídico episodio. El ministro García, en su discurso de asunción el 1° de marzo, planteó su preocupación por la situación social y económica de los soldados –50% de efectivos eran pobres, según datos conocidos en 2015– y anunció un estudio a la brevedad para poner en marcha políticas sociales.

La hipótesis del robo de las pistolas movido por las drogas está en sintonía con la tendencia de delincuentes que atacan a policías con la intención de sustraerles el arma de reglamento para venderlas a narcotraficantes.

Sin duda que es un alivio que el triple asesinato no haya sido una represalia de bandas internacionales de narcotráfico o que tuviera un móvil político.

Sin embargo, aunque se haya tratado de un hecho aislado e individual, los datos que surgen de la investigación policial nos hablan de un preocupante trasfondo económico, social y cultural al que es necesario prestarle más atención.

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