Una tormenta en un vaso de agua

En diciembre de 2019, Alfie solicitó una exoneración tributaria de una inversión realizada en su estudio profesional que en febrero pasado fue aprobado por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, previo dictamen favorable de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), integrada por una coordinadora general del Ministerio de Economía, más dos coordinadoras alternas, a lo que se agregan delegados de las carteras de Ganadería, Agricultura y Pesca; Industria, Energía y Minería; Turismo; y Ministerio de Trabajo, y un representante de la OPP.

Desde que se aprobó la ley 16.906 (promoción de inversiones), en enero de 1998, y sucesivos decretos regulatorios y ampliatorios, Uruguay la logrado construir un andamiaje institucional transparente acerca de los proyectos de inversión que pueden acogerse a un estímulo fiscal. 

La solicitud de Alfie, en calidad de director de un estudio profesional que previamente había realizado una inversión en equipamiento por instalación de una nueva oficina, que generaría más empleo, está contemplada en la normativa vigente. Y por eso, que, desde el punto de vista legal, no hubo objeciones a la exoneración del pago del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, así como a las tasas y tributos por concepto de IVA en la importación de bienes muebles y materiales destinados a la obra promovida.

No existía por tanto ningún fundamento legal para que la Comap rechazara el pedido de Alfie. Incluso formalmente la ministra Arbeleche no podía ignorar una solicitud ajustada a la ley.

Puede haber un argumento ético en el proceso, tanto a favor como en contra, pero que sobrepasa a la aplicación de la ley, que debe ser muy cuidadosa en el cumplimiento objetivo de la normativa vigente. No hay prueba alguna de que el director de la OPP obtuvo un beneficio tributario por su posición oficial y eso es lo que explica la firma de Arbeleche.

Si el FA entiende que Alfie incidió en la decisión de una comisión de carácter técnico, con la complicidad o responsabilidad de la ministra Arbeleche, entonces debería interpelar a la ministra de Economía o, eventualmente, presentar una denuncia ante la Justicia. Y si de buenas intenciones se habla, pudo plantear una consulta a la Junta de Transparencia y Ética Pública antes de tomar cualquier resolución.

En lugar de ello, el FA optó por el escándalo fácil de instalar el relato de la sospecha y exigir la renuncia de Alfie con el argumento de una eventual falta ética. La oposición provocó entonces una tormenta en un vaso de agua, sin pruebas ni argumentos de ninguna ilegalidad, que es lo más importante para juzgar la conducta de un funcionario público.