Uruguay puede eliminar la pobreza en hogares con bebés con inversión de US$ 120 millones anuales, según informe de Naciones Unidas

Uruguay, siendo uno de los países de América Latina con menos porcentaje de pobres, es, curiosamente, el país de la región con mayor infantilización de la pobreza. Pero parte de esta zozobra con la que carga el país podría erradicarse con “poco esfuerzo fiscal”, al menos poco si se compara con los más de US$ 20 mil millones anuales que implica el gasto público social del país. Así lo plantea un nuevo estudio del Fondo de Población de Naciones Unidas en Uruguay que estima que con unos US$ 120 millones por año casi se elimina la pobreza monetaria en los hogares en que viven los niños menores de dos años.

El estudio es parte del asesoramiento que la agencia internacional le está brindando al Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Sucede que la cartera se había fijado, entre sus ejes de combate a la pobreza infantil, una mejor focalización de las prestaciones: que les lleguen en tiempo y forma a todos los que les tiene que llegar. Eso supone, entre otras estrategias, una captación temprana (desde la madre embarazada que está en riesgo de caer en la pobreza o que ya está en ella), hasta la integración de sistemas de información del Estado con el fin de hacerle seguimiento "cuerpo a cuerpo" a los niños. 

Cualquier economista podría justificar —con razón—que la pobreza es un concepto más amplio que los ingresos que percibe un hogar: cuentan las necesidades básicas insatisfechas, cuenta la segregación residencial, cuenta el capital cultural. Pero el cálculo del Fondo de Población permite, al menos, estimar el esfuerzo (económico) que tiene que asumir la sociedad uruguaya si se propone un piso para que los hogares con bebés y niños muy pequeños tengan el mínimo de ingresos que los sacan de la pobreza (justo en la etapa crítica de sus vidas en que el cerebro está en su máximo desarrollo).

Pero, ¿a quién le va el dinero? Existe un algoritmo que, en base a parámetros como educación e ingresos, define qué hogares con embarazadas o niños son plausibles de recibir una transferencia monetaria. Es adjudicación no es perfecta. Por ejemplo, el estudio del Fondo de Población advierte que la séptima madre de los niños pobres (unos 4.100 entre 28.000 menores de cero a dos años) no recibe trasferencias monetarias del Estado. Por errores del algoritmo, por fallas de registro u otras razones no cuentan con una asignación familiar ni una tarjeta del Mides.

La investigación del organismo de Naciones Unidas, liderada por la socióloga Elina Gómez y el politólogo Gustavo Méndez, da un paso más allá y calcula, por primera vez, el aproximado de niños (o de madres embarazadas de ellos) que sí reciben una transferencia, pero que la misma le llegó tarde. ¿Por qué? El espíritu detrás de estas prestaciones era la protección del bebé desde que se está gestando, desde que el médico capta el embarazo de su madre. Pero casi la mitad de los bebés que al año de vida recibían una asignación familiar, no contaban con ella cuando su madre estaba gestándolos.

Para llegar a estos cálculos, los investigadores cruzaron datos administrativos que tiene el propio Estado, una práctica común en los países más desarrollados y con políticas públicas sólidas y que Uruguay mira de lejos. En concreto, tomaron en cuenta la captación de los controles de embarazo —que forman parte del Sistema Informático Perinatal y cuya actualización es casi en tiempo real— y lo conjugaron con el Sistema de Información Integrada del Área Social donde están los datos de prestaciones.

En Uruguay el Ministerio de Salud Pública puede enterarse en cuestión de pocas horas cuando se detectó un embarazo. De hecho, acaba de lanzar una nueva versión del sistema de información para que sea "más oportuna y confiable en tiempo real". Sabe casi al instante si ese embarazo fue por la falla de un método anticonceptivo, si fue buscado, si la madre fuma y un largo etcétera. Pero, aunque suene inverosímil, el Estado uruguayo no usa esa información para saber si la gestante embarazada requiere de la transferencia para que su bebé no nazca y se críe en un hogar pobre.

“Es un desperdicio que la información del Sistema Informático Perinatal se empiece a usar recién a los seis meses o año de vida del bebé, cuando los datos antes de que nazca ya son claves para las buenas políticas de Estado”, insiste el representante del Fondo de Población en Uruguay, Fernando Filgueira.

Su padre —Carlos Filgueira— había sido uno de los que definió la infantilización de la pobreza hace cuatro décadas atrás. Y a Filgueira hijo le parece inconcebible que Uruguay no aproveche su potencial informático para mejorar las condiciones de vida de la población.

¿A qué se refiere? Filgueira imagina que cada mujer, ni bien se detecta su embarazo, acceda a una aplicación de celular en que además de darle información de las buenas prácticas perinatales, además de recordarle los controles médicos, y de darle un espacio para sentirse acompañada, obtenga beneficios. “Podría pensarse que esa app te dé prioridad en las consultas médicas, te dé beneficios de transporte público, te dé una recarga gratis de Antel por mes para que toda embarazada esté comunicada”.

En ese sentido, el representante del Fondo de Población entiende que la captación oportuna de los niños que necesitan la transferencia monetaria “te permite que luego el propio Estado le dé un seguimiento para que se les reserven un lugar en el CAIF para sus cuidados, cosa que su madre pueda salir a trabajar… en definitiva es entender como sociedad que la maternidad tiene su costo y que ese costo tiene que ser acompañado por la sociedad en su conjunto”.

El director nacional de Transferencias, Antonio Manzi, dijo que “la idea es poder detectar cualquier situación de riesgo ni bien una madre embarazada toca la puerta del Estado en cualquier punto. Para eso hay que conectar el SIP y el SIIAS, dos sistemas informáticos. Y por eso el Mides decidió contratar al Fondo de Población que tiene expertís en el tema”.

Cuando el gobierno priorizó una partida de dinero para la primera infancia, hace dos rendiciones de cuenta, el Mides ideó un plan que incluía: un bono crianza, la duplicación de las becas socioeducativas (pagarle un cupo en jardines privados a aquellos hijos de madres vulnerables que no tienen lugar en un CAIF), las contratación de más técnicos de acompañamientos familiar, la instalación de técnicos en 23 maternidades para la captación temprana de la situaciones de riesgo, y la integración de sistemas de información.

“Es así que surge la ventanilla única del Mides con BPS, la que implica que la persona va director a la oficina y hace una declaración jurada por todas las prestaciones: eso nos permite llegar mejor a quienes quedan exluídos y, a la vez, controlar mejor a aquellos que deben dejar de recibir una transferencia”, explicó Manzi.

Y como parte del combate más focalizado en la pobreza, ahora intentan que la burocracia del Estado no le gane a la política pública: “que los datos se crucen para atender a aquel que lo necesita”.

Las Naciones Unidas propuso, y Uruguay ratificó, que el primero de los objetivos para el año 2030 es “poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo”. Uruguay, pese a ser desde hace una década un país de “ingresos alto”, tiene un porcentaje de pobres que más que duplica el promedio de los países calificados como de ingresos altos.

Según Filgueira, Uruguay puede revertir parte de su problema y así cumplir con el compromiso internacional pautado "con poca plata y si corrige algunas fallas por las cuales niños en situación de pobreza son excluidos de las principales transferencias monetarias y si se corrige el timing (la captación a tiempo del caso con la integración de datos que ya tiene el Estado)”.

La investigación de Gómez y Méndez calcula que unos US$ 7 millones al año bastan para resolver el problema de timing. A eso hay que sumarle recursos para aquellos a quienes la prestación no les llega ni siquiera tarde, para el resto de hogares que están en la pobreza incluso con transferencias. Ese estimado total completan los US$ 120 millones; la cuarta parte del presupuesto del INAU, 167 veces menos que el gasto público social del país.