Los niños que el sistema no ve.

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Niños en un agujero negro: los que nunca llegaron a la escuela y nadie se enteró

Pese a que la inscripción en un centro educativo es obligatorio desde los cuatro años, miles recaen en un agujero negro donde la escuela no llega
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11 de febrero de 2023 a las 05:01

Cuando le pidieron que escribiera su nombre, el niño devolvió una mirada atónita. Cuando le empezaron a imitar el sonido de la jota —la inicial del primero de sus nombres y como se llamará en esta nota—, con la intención de que trazara esa letra sobre la hoja, siguió con la misma mirada perdida. Nunca había agarrado un lápiz. 

El técnico de una ONG que lo visitaba —a partir de la denuncia de un vecino—, en una precaria casa de techos bajos y descascarada cerca de Lecocq, supo que algo no andaba bien. Jota, quien por entonces sobrepasaba los siete años, estaba en edad de identificar y trazar las letras, de leer un mensaje sencillo en imprenta y mayúscula, o de nombrar los colores sin equivocarse. Pero no sabía nada de eso y más: si quiera entendía sobre compartir un juguete, interpretar el rol de un médico o un maestro, o de expresar sus sentimientos. Jota no había pisado un aula pese a que, por ley, debió hacerlo tres años antes de la visita del técnico.

En Uruguay suele repetirse que todos los niños están anotados en una escuela. Pero el postulado es un poco exagerado y otro tanto complaciente. Porque en el país que integra el selecto grupo de los gobiernos digitalmente más avanzados, en el que no existen zonas inhóspitas y menos impenetrables, en que cada nacido vivo recibe su documento de identidad antes del alta hospitalaria, en el país más igualitario de la región a juzgar por el índice de Gini, y donde los nacidos en un mismo año caben en el Estadio Centenario y hasta dejan libre más de un tercio del auditorio, no existe un registro cabal sobre si todos los niños están escolarizados.

Ese “agujero negro” de información es probable que sea pequeño, pero, como todo aquello que se desconoce, nadie sabe a ciencia cierta cuán pequeño es. La Encuesta Continua de Hogares —el instrumento que usa el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para estimar los ingresos y otras variables de los uruguayos— estima que, entre los niños en edad escolar, del 0,4% al 1,7% —dependiendo el año— no asiste a ningún centro de enseñanza. Eso significa que entre 1.500 y 6.500 de los menores de esas edades están fuera del sistema y del radar de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

El indicador de la ECH es el usado a nivel oficial para estimar el nivel de cumplimiento de las metas de cobertura educativa. Pero como el instrumento no fue creado para esto, las autoridades de la enseñanza —incluyendo a la ANEP, al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el Ministerio de Educación, Ceibal y el proprio INE — están pensando en nuevas formas de medirlo.

“Las dificultades en la sistematización de toda la información se vienen señalando por distintas instituciones desde hace años”, reconoce la directora técnica del Ineed, Carmen Haretche. Por eso “empezamos a reunirnos para ir articulando los datos administrativos que cada institución tiene y que pueden dar una idea del total del universo”, dice la doctora en Sociología, quien admite que el principal problema “no es diseñar un sistema que siga la trazabilidad del niño desde que nace y se le asigna un número de documento, sino que lo difícil es armonizar el cúmulo de información dispersa que cada organismo recopila de maneras distintas y en soportes distintos”.

De hecho, la ANEP no cuenta siquiera con la globalidad de los datos de cada escolar que asiste a un colegio privado, pese a que es el organismo rector y quien ejecuta las políticas educativas.

En ese sentido, la encuesta que se usa hasta ahora es, como dice el nombre, una encuesta. Eso significa que intenta una representación de la población, pero no cuenta con el dato de toda la población: tiene sus sesgos, sus márgenes de error muestral y, además, carece de la identificación de cada uno de esos niños que están fuera del sistema educativo.

Para decirlo sencillo: Jota jamás hubiese sido ubicado por una encuesta y tampoco figuraba en ninguna base de datos de la ANEP. 

Su vida está radiografiada en un cúmulo de expedientes judiciales que datan desde 2014, el mismo año en que nació. Primero la quita de la potestad a su madre —adicta a la pasta base—, luego la separación con su tía —descrita como violenta y sin casa donde vivir—, más tarde, la vulneración de derechos básicos sufridos por una segunda tía —a quien la Justifica le encomendó tratamientos psiquiátricos—, la inscripción a primer año de escuela sin haber asistido jamás a la educación inicial, el INAU que debió hacerse responsable, la entrada en un hogar estatal, la reinscripción en otra escuela porque nadie lo mandaba a clase en la primera, y recién este último año, en 2022, la cursada en un centro educativo en el mismo barrio de ese hogar estatal.

“Ahora es otro niño”, dice una de las técnicas que siguió su caso en los últimos dos años. En medio de la pandemia, cuando el otro técnico había visitado la casa precaria de Jota y había notado que era analfabeto, el niño parecía una de esas historias de personas sin socialización alguna que son localizados en una isla perdida. Solo que él vivía a 25 minutos en auto del Centro de Montevideo. Solo que a él la Justicia lo había seguido, solo que él contaba con documento de identidad, solo que una parte del Estado sabía de su existencia y pese a ello durante años no lo fueron a buscar para que asistiera a una escuela.

“Desde 2020 a 2022 hemos captado a unos 45 niños que, pese a tener edad de asistir a la educación obligatoria, estaban completamente fuera del radar institucional”, cuenta Adriana Briozzo, coordinadora de proyectos socioeducativos de la ONG El Abrojo. “Ya antes de la pandemia había una cifra no despreciable de niños que caían en ese ‘agujero negro’ de información, y la pandemia hizo estragos: surgieron barrios nuevos, de pocas manzanas y con identidad propia, donde el Estado llega muy poco”.

La periferia de Villa Colón, el extremo de Piedras Blancas y otros puntos de la ciudad dan cuenta de un Uruguay que es particularmente desigual respecto a cómo trata a sus niños. El estadístico Juan Pablo Ferreira, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República, hizo un análisis del porcentaje de pobreza infantil en los distintos segmentos censales de Montevideo. Es decir: dividió a la capital en unas 1.000 partes en las que cada pedacito contiene unas cuatro manzanas. Y llegó a la conclusión de que los valores de pobreza de Sudán del Sur y Luxemburgo están a diez minutos de distancia si se mira el mapa departamental.

El estudio de Juan Pablo Ferreira.

“Hay zonas en donde más del 60% de los pibes son pobres. Lamentablemente nada nuevo. Obviamente seguimos sin futuro”, había tuiteado el docente.

Nada nuevo

La señora Eme —inicial de uno de sus nombres y como se llamará para esta nota— lleva el tiempo consciente de sus 33 años preguntándose por qué su madre nunca la inscribió en una escuela. Sus 13 hermanos aprendieron a leer y escribir, pero ella jamás se sentó en un banco escolar.

“No entiendo por qué mi mamá nunca me mandó a estudiar, pienso y no entiendo”. Eme carga con esa pregunta sin respuesta. “Mi mamá me vendía a los hombres de la zona —en el barrio Mendoza—, algunos de ellos de mucha plata, pero nunca me quiso mandar a la escuela”.

El Estado nunca la fue a buscar. Recién a los 12 años, a la edad en que en teoría debía estar terminando la escuela, en la salud pública le preguntaron por qué no estaba inscripta. Ya era tarde: a esa edad quedó embarazada de los dos primeros hijos de los siete que tuvo en total.

Algunos de sus hijos no fueron al jardín, pese a que la ley de Educación dice que la obligatoriedad inicia a los cuatro años, pero todos ingresaron a Primaria. “A ellos les quise dar lo que no me dieron”, cuenta un tanto molesta por lo que se perdió y otro tanto porque el menor de sus hijos está en manos del INAU y solo puede verlo cada dos meses.

“Es increíble: cuando estuve en situación de calle y una rata mordió a uno de mis niños, el Estado nunca se hizo cargo de llevárselos al INAU para que durmiesen en una zona segura, y ahora que tengo mis cosas, me quitan al más chiquito…”.

Según Briozzo, de la ONG El Abrojo, en Uruguay muchas veces se repiten mitos. "En 1995, cuando iniciamos el programa de maestros comunitarios que luego se incorporó a la ANEP, decía que en el país no había analfabetos y nosotros encontrábamos unos cuantos. Ahora se dice que todos están escolarizados y no es así… hay casos de quintas o sextas generaciones de pobreza a las que el Estado llega poco y que encima se está alejando cada vez más”.

Refiere a que el cierre de algunos servicios de cercanía del Mides que estaban en los territorios —como los Socat— están siendo sustituidos por ventanillas únicas a las que las familias tienen que acercarse de manera proactiva y, según Briozzo, “hacen que sea más difícil captar los casos del agujero negro”.

En las visitas que el Mides realiza para la asignación de las tarjetas de ayuda, cada tanto da con el hermanito de algún niño que no está escolarizado. Esto pasó el año pasado cerca de Pando, donde se encontró a un preadolescente que jamás había cursado la escuela y que ahora está siendo seguido por el programa de Jóvenes y Adultos de la ANEP.

Pero estas visitas ministeriales no están exentas de dificultades: hay una lista de espera de “miles de entrevistas”, la modalidad censal en que se iba a recorrer lugares sin cita previa “está tendiendo a quedar en desuso, se redujo la cantidad de técnicos y encima por razones de seguridad hay que hacerlo en duplas”, explica Ana Casteluccio, presidenta del sindicato de trabajadores del Mides, quien advierte que “la tendencia a retirarse del territorio está dificultando la llegada a aquellos casos que no se conocen”.

Las oficinas territoriales son muchas veces las que encuentran casos de niños desvinculados por migración interna. “Lo que sucede es que la pobreza extrema se mueve mucho”, explica Briozzo. Cuenta que hace poco tuvieron que atender a unos niños que hace menos de un año se mudaron al departamento de Rivera por una zafra de sus padres. Por problemas laborales se movieron a Salinas, de allí a Colón y ahora a Las Piedras. “La continuidad escolar es muy difícil así y la escolarización cabalga a la par de esos vaivenes”.

Pero a diferencia de lo que sucede con el agujero negro, este tipo de niños “desvinculados” sí están en el registro escolar y las maestras pueden informar sobre el ausentismo.

Desvinculados

Es como una roca que se va desgranando y haciendo cada vez más pequeña. Así describen los técnicos en educación al sistema uruguayo. Las generaciones empiezan la institucionalidad educativa casi completas —salvo por el agujero negro—, pero poco a poco se van haciendo más chicas. Algunos continúan a destiempo, otros sencillamente abandonan y solo un tercio termina en tiempo y forma.

Evitar la desvinculación es uno de los indicadores que más peso cobra en el actual sistema de enseñanza, mucho más en la antesala de una reforma educativa que se propone ofrecer una currícula más atractiva para el alumno.

A principios de la década de 1960, que como recuerda el ministro Pablo Da Silveira los estudiantes de bachillerato cabían todos en el IAVA, la enseñanza era selectiva. Pero ahora, en que el paradigma es que la asistencia a la educación formal es un derecho del estudiante —obligación de sus adultos responsables—, los bancos vacíos son una señal de un mal funcionamiento del sistema.

Es por este cambio de lógica que la ANEP cuenta con programas en que hacen seguimiento y búsqueda de aquellos niños que estaban en el sistema y dejaron de estarlo. Eso sí: Jota jamás hubiese caído en un programa así porque, directamente, estaba fuera del registro.

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