Uruguayos jubilados en Venezuela presentan denuncia penal contra Bandes e Integración AFAP

Algunos de los demandantes son venezolanos radicados en Uruguay, otros son uruguayos que trabajaron en Venezuela y regresaron tras jubilarse, también hay viudos de conyugues venezolanos. Ninguno cobra desde hace casi cuatro años los haberes que les corresponden. Su representante es el abogado Pablo Bárcena y el patrocinante de la denuncia es el abogado y catedrático grado 5 de derecho penal Pedro Montano.

En total, los querellantes entienden que a todo el grupo se le adeudan unos US$ 3,5 millones. La denuncia es por apropiación indebida, asociación ilícita y sospecha de lavado de activos.

“Mis representados, venezolanos y uruguayos que viven en Uruguay, son titulares de pensiones o jubilaciones que generaron en la República Bolivariana de Venezuela”, dice la demanda presentada por Bárcena y establece que todos ellos cobraban sus pasividades en Uruguay en virtud de un convenio de seguridad social firmado entre Uruguay y Venezuela en 1997.

“Es en el marco de dicho convenio que mis representados percibían sus haberes a través del banco Bandes hasta que en diciembre de 2015 se produjo el cese intempestivo de dichos pagos, sin que se les haya dado una explicación satisfactoria”, agrega el escrito.

La demanda señala que las múltiples gestiones por obtener un pago no tuvieron éxito a pesar de que los demandados poseen un “cuantioso patrimonio en nuestro país”.

La demanda se basa en que el banco Bandes Uruguay tiene un paquete accionario 100% propiedad del Estado venezolano, y que Integración AFAP tiene a Bandes Uruguay como accionista mayoritario.

Los denunciantes estiman que el estado venezolano tiene activos en Uruguay que alcanzan un valor de entre US$ 60 y 70 millones.

“Además de sus propiedades y sedes, Bandes también tiene activos públicos pertenecientes al Estado venezolano, como la participación venezolana en ALUR”, dijo Bárcena.

El abogado explicó que la letra del tratado de seguridad social firmado entre Uruguay y Venezuela compromete a Uruguay a procurar el fiel cumplimento de las obligaciones del gobierno de Caracas en el territorio nacional.

El Observador entrevistó a una de las integrantes del grupo de demandantes, que prefirió no decir su nombre ya que tiene hijos y nietos viviendo en Venezuela y teme que puedan sufrir represalias.

“Yo trabajé 40 años como docente en Venezuela y una vez jubilada volví a Uruguay, amparada en el tratado de seguridad social firmado entre los dos países”, relató la entrevistada. No cobro nada desde diciembre de 2015. Vivo gracias al apoyo de mi familia, que está en buena posición. Pero en el grupo hay gente que ha vivido situaciones desgarradoras, que ha perdido todo, que están totalmente indefensos”.

Bárcena informó que, en su calidad de representante de los afectados, citó a una audiencia de conciliación a las entidades denunciadas, que ocurrió el 27 de agosto.

En dicha audiencia, según relató el representante de los demandantes, los abogados de Bandes e Integración AFAP se negaron a reconocer las obligaciones invocadas, y la conciliación se dio por frustrada.

Además de esta gestión judicial, los abogados actuantes han intimado notarialmente a Bandes y a Integración AFAP a cumplir con sus obligaciones. También lo hicieron con el estado venezolano, a través de su embajada en Montevideo.

“La vida de las personas afectadas conoció, en estos años, complicaciones que no pueden describirse sino como tortura psicológica”, sostienen las presentaciones judiciales.

“Los bienes que los estados poseen en territorio extranjero gozan, en líneas generales, de inmunidad de ejecución. La misma, empero, no es absoluta, desde que la doctrina ha distinguido tradicionalmente entre la actividad de esos estados que representa un acto de soberanía, de naturaleza política, de la que corresponde a actividades de gestión o administración regular”, es el argumento usado por los abogados actuantes.

Según los demandantes, en todo el mundo son casi 13.000 jubilados y pensionados de Venezuela que dejaron de recibir sus pensiones y jubilaciones en el exterior. La mayoría está en España y en varios países latinoamericanos: México, Panamá, Colombia, Brasil, Perú, Chile, Argentina y Uruguay.

En Uruguay son 300 los afectados, el 95% de ellos de nacionalidad uruguaya. Muchos no se sumaron a la denuncia colectiva por miedo, dijo Bárcenas.

La denuncia penal es el último recurso ante una larga serie de gestiones que no han tenido éxito. Los pensionados fueron en reiteradas ocasiones a la embajada de Venezuela en busca de información sobre por qué no se les había pagado, sin obtener respuesta alguna.

Según un resumen elaborado por el estudio jurídico interviniente, también se entregaron cartas en persona al Instituto Venezolano de Seguros Sociales y a la cancillería venezolana planteando la situación, pero nunca se consiguió nada. Tampoco respondió la comisión encargada del tema jubilados en el Poder Legislativo de Venezuela ni del Centro de Comercio Exterior de Venezuela, única entidad que estaba autorizada a dar divisas preferenciales para enviar las pensiones y jubilaciones al exterior.

En 2017, en una entrevista con el periodista español Jordi Evole, el presidente Nicolás Maduro reconoció la deuda pendiente con los pensionados de Venezuela en el exterior y se comprometió a pagar la misma, lo cual no ha sucedido hasta ahora.

*Aclaración: esta nota fue modificada para corregir dos datos que no eran precisos. Por un lado, el monto de lo adeudado es de US$ 3,5 millones y no US$ 4,5, como decía. Y por otro, los demandantes son 53. La nota decía una cuarentena. A los lectores y a los implicados, las disculpas del caso.