Xiomara Castro militariza la seguridad pública hondureña y replica el modelo del salvadoreño Nayib Bukele

Desde diciembre de 2022, 123 de los 298 municipios de Honduras se encuentran bajo estado de excepción, incluidos los de San Pedro Sula y Choloma, en el departamento de Cortés, en el norte del país, donde rige el toque de queda luego de los violentos enfrentamientos que dejaron un saldo de 21 muertos, hechos que el gobierno atribuyó al narcotráfico.

En este contexto y según los críticos, que incluye algunos diputados del partido oficialista que cuestionaron el espíritu de las medidas, Castro tomó como modelo la estrategia de Bukele, caracterizada por diversas organizaciones locales e internacionales como violatoria de los derechos civiles y humanos, pero que, sin embargo, es vista con buenos ojos en los países centroamericanos.

Fue así que la mandataria hondureña lanzó lo que el gobierno dio a conocer como “Operación Candado Valle de Sula", a cargo del ministro de Seguridad Gustavo Sánchez. Se trata de múltiples operativos con la finalidad de realizar allanamientos y capturas, además de la disposición de retenes militares en rutas y del ofrecimiento de recompensas para quienes aporten información que facilite la captura de sospechosos.

Tras el anuncio oficial, los medios locales comenzaron a difundir las primeras imágenes de las acciones concretadas en el marco de la operación. Entre ellas, la publicitada captura de alias “Bad Face”, quien sería miembro de la pandilla Barrio 18, y a quien se le incautó un chaleco de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), además de armas.

Los videos, profusamente difundidos en las redes sociales, dan cuenta también de operativos militares y policiales en barrios y colonias del Distrito Central, que conforman las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela. También en los centros penitenciarios, donde la Policía Militar tomó el control para desmantelar “con mano dura y orden”, según el gobierno, a las organizaciones criminales que operan desde el interior de las unidades.

Las imágenes son muy similares a las difundidas, también profusamente, por el gobierno de Bukele, quien consiguió bajar los índices de criminalidad en El Salvador, lo que le valió un considerable apoyo popular para ir en busca de un nuevo mandato al frente del Ejecutivo, pese a que la Constitución prohíbe la reelección.

En las imágenes difundidas por el gobierno de Castro –esposa del exmandatario Manuel Zelaya derrocado por el Ejército–, que en su programa prometió la desmilitarización del país, se observan a cientos de detenidos vestidos apenas con pantalones cortos y descalzos, con los torsos desnudos y tatuados, sentados con las manos detrás de la cabeza, mientras los uniformados los vigilan. Imágenes muy similares a las publicitadas por Bukele.

La operación en las unidades carcelarias fue denominada “Fe y Esperanza”, y de acuerdo con el ministro de Defensa José Manuel Zelaya Rosales tiene un objetivo: que las cárceles “dejen de ser escuelas del crimen” y con ello “romper el ciclo con el crimen organizado”.

Entre las cárceles intervenidas están La Tolva, localizada en el municipio Morocelí; el Centro Penal de Támara, en Francisco Morazán, y la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), también en Támara, en donde durante un motín en que se enfrentaron grupos rivales hubo 48 muertas.

“Falso dilema”

Según un estudio de opinión difundido en el pasado mes de mayo, el 36,2% de los hondureños cree que en primer lugar el gobierno debe resolver la crisis económica; un 33,8% priorizó la problemática del desempleo, y, en un alejado tercer lugar, con el 8,7%, combatir la violencia, seguido con el 7% por la cuestión de la corrupción. El relevamiento, además, señala que la valoración del gobierno de Castro, en una escala del 1 al 10, cayó del 6 al 4 desde el año pasado.

Para Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), las acciones del gobierno hondureño son un “despliegue bukelista de populismo punitivo”. Rosas añadió que “el gobierno replica políticas fallidas de seguridad que sólo profundizan un contexto de crisis de los Derechos Humanos”, planteando un “falso dilema entre la seguridad y los derechos, que nos pasó altas facturas en la región”.

También es crítica la lectura de Jennifer Ávila, directora del portal de noticias Contracorriente. Según la periodista, la estrategia de seguridad al estilo de El Salvador hasta ahora fracasó en el intento de controlar el crimen organizado. La razón: las diferentes dinámicas que exhiben las organizaciones criminales de ambos países.

“En Honduras, los carteles de la droga juegan un papel fundamental en el control territorial, en el control de otros crímenes y en la política misma del país”, señala. “Así que es totalmente simplista copiar la propaganda bukelista de ‘mano dura’ o ‘guerra’ contra las pandillas cuando las estructuras criminales hondureñas son más complejas y diversas”.

Por su parte, luego de una visita a Honduras que se prolongó durante más de una semana, el Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, advirtió sobre la obstrucción por parte de las autoridades investigadoras de las denuncias sobre violaciones a los Derechos Humanos y civiles.

Tidball-Binz enfatizó en su informe sobre un “deficiente funcionamiento del Sistema Nacional de Protección para los defensores de Derechos Humanos, periodistas y comunicadores sociales”, y denunció “muertes ilícitas que surgen en el contexto de detenciones y operativos dentro del estado de excepción”.

Aunque el funcionario aseguró no poder precisar el número de personas muertas durante el estado de excepción, destacó en una conferencia en Tegucigalpa en la que presentó una serie de observaciones preliminares que se trata de “un número preocupante”.

Uno de los hallazgos del Relator Especial que más inquietud genera son las “muertes ilícitas” ocurridas durante las detenciones y los operativos de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) y de la Dirección Policial Anti-Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipamco), entre otras fuerzas de seguridad.

“Las detenciones arbitrarias durante el estado de excepción se dan particularmente contra pobladores de barrios y sectores marginalizados, afectando especialmente a hombres jóvenes y adolescentes”, informó Tidball-Binz, al tiempo que detalló que los casos específicos y la cifra de muertos serán difundidos en su informe definitivo, que se conocerá recién en junio de 2024.

Por otro lado, el Relator señaló que, aunque el gobierno demuestra “una apertura en la desmilitarización de la seguridad ciudadana”, calificó como un tema de “gran preocupación” que la Policía Militar del Orden Público (PMOP) continúe realizando tareas de seguridad ciudadana. Tidball-Binz aseguró que a raíz de esto “se registraron muertes en el contexto de detenciones y allanamientos en diversas partes del país”.

Según los medios locales, el pasado 19 de mayo, la PMOP celebró la graduación de 571 nuevos policías militares que apenas tuvieron cinco meses de formación y se sumaron a los 4.200 ya existentes para realizar tareas en el marco del estado de excepción. La fuerza, además, sumó nuevas atribuciones.

En mayo pasado, Castro firmó un decreto que contiene un reglamento para “la administración de fondos para ayudas sociales y donaciones de la Secretaría de Estado en el despacho de Defensa Nacional”. La norma faculta al organismo a entregar donaciones a personas de escasos recursos, centros educativos, asociaciones sin fines de lucro y centros religiosos para mejorar “sus condiciones limitadas” y dar respuesta “a sus necesidades planteadas”.

Tidball-Binz, que es médico forense, destacó también la falta de retroalimentación por parte de la Dirección Nacional de Medicina Forense y los familiares de las víctimas. Además, juzgó como “alarmante” que “Honduras no disponga de un especialista en arqueología forense, pese al gran número de exhumaciones que se realiza todos los años el Instituto Nacional de Medicina Legal.

El Relator de la ONU también remarcó que la falta de investigación de las muertes de las personas privadas de libertad resulta “aún más preocupante”, y añadió que, aunque se hagan autopsias, “no se informa de qué murió la persona” y, en algunos casos, “tampoco se tienen registros de su muerte”.

Tidball-Binz agregó que en Honduras existe un patrón: las denominadas “muertes ilícitas” afectan mayoritariamente a los grupos en situación de vulnerabilidad, lo que incluye mujeres, población LGTBIQ+, defensores de Derechos Humanos y periodistas, además de defensores de la tierra y el medio ambiente. En este marco recomendó la creación de una ley que garantice la investigación y reparación de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

Asistencia técnica

La creciente preocupación por la deriva “autoritaria” y la creciente militarización de la seguridad pública determinó que el domingo pasado arribe al país una comisión de tres expertos de la ONU con el objetivo de brindar “asistencia técnica en relación con el futuro establecimiento de un mecanismo internacional, imparcial, independiente y autónomo” que se denominará Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

El trabajo de la comisión se hará “de conformidad con el Memorando de Entendimiento firmado en diciembre de 2022 entre la Secretaría de la ONU y el gobierno de Honduras”, según la ONU. El equipo “evaluará los instrumentos, instituciones y capacidades nacionales existentes para la lucha contra la impunidad y la corrupción y su enjuiciamiento”.

El organismo, sin embargo, aclaró que el mecanismo sólo comenzará a funcionar cuando el secretario general del organismo, António Guterres, y el gobierno hondureño “acuerden por escrito la existencia de garantías legales mínimas y requisitos para su funcionamiento”. Además, el mecanismo deberá ser aprobado por el Congreso compuesto por 128 diputados, la mayoría opositores a Castro.

(Con información de AFP y medios locales)