Sensatas vías de transparencia

El afloramiento reciente de irregularidades que involucran a dirigentes partidarios justifica plenamente las razonables propuestas del Partido Independiente para asegurar rectitud y transparencia en la administración pública. Las medidas presentadas por el senador Pablo Mieres y sus tres diputados en una reunión con el presidente Tabaré Vázquez incluyen, entre otras de notoria pertinencia, fortalecer las facultades del Tribunal de Cuentas (TCR) y de la junta anticorrupción. El caso del TCR es emblemático y se arrastra desde hace muchas décadas. Su función constitucional es impedir desvíos improcedentes en todo gasto estatal, incluyendo los presupuestos. Pero cuando los detecta, carece de autoridad directa para corregirlos o sancionarlos. Solo puede observarlos y si la entidad responsable reitera su gasto, pasa para resolución final a la Asamblea General, donde marcha siempre al cajón del olvido. Esta práctica diluye agudamente la función de contralor asignada al tribunal.

Enmendar esta deficiencia sin reformar la Constitución no parece viable, aunque su artículo 210 establece vagamente que al TCR "podrá establecérsele por ley, funciones no especificadas" en esa norma. Como vía más sencilla el Partido Independiente le propuso a Vázquez que contrataciones superiores a US$ 1.600.000 observadas por el TCR sean automáticamente suspendidas y pasen a ser tratadas como tema urgente por la Asamblea General o las juntas departamentales en casos municipales. También reclamó fortalecer las competencias de la Jutep, el organismo anticorrupción, obligando a más jerarcas a hacer públicas sus declaraciones de bienes, lo que hoy solo ocurre si lo reclama la Justicia.

Otra propuesta sensata es eliminar las tarjetas corporativas que actualmente se entregan a directores y gerentes de instituciones públicas. Todos estos jerarcas tienen tarjetas personales de crédito o débito, con las que pueden pagar gastos legítimos exigidos por su función y, una vez que los justifiquen, recuperar su dinero. Este curso hubiera evitado las transgresiones que condujeron a la renuncia de Raúl Sendic a la vicepresidencia y al intríngulis que actualmente envuelve al senador Leonardo de León. Otras medidas igualmente lógicas son reducir los generosos subsidios que reciben legisladores renunciantes a sus bancas y exigir que los gerentes de empresas estatales sean designados por concurso.

El documento del Partido Independiente reconoce que la corrupción en Uruguay está lejos de las monstruosas estafas al Estado y a la población en Brasil, la Argentina kirchnerista y la Venezuela chavista para enriquecimiento personal de gobernantes y sus allegados. Pero señaló atinadamente la actual debilidad de los diferentes mecanismos de control de la función pública, como desde hace largos años ocurre con el TCR y en los casos que recientemente involucraron a dirigentes del Frente Amplio y de los partidos Nacional y Colorado. Corresponde que las correcciones propuestas por el Partido Independiente sean tomadas en cuenta por Vázquez y puestas en práctica, lo que es relativamente sencillo. De esa forma el sistema político, tanto en el partido de gobierno como en los de oposición, ganará una credibilidad ciudadana que hoy está notoriamente fragmentada.