La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) expresó su "profunda preocupación" tras un nuevo paro de actividades en el Puerto de Montevideo, detalló perjuicios adjudicando responsabilidades tanto al sindicato como a la empresa y propuso cuantificar los daños, determinar responsabilidades y evaluar acciones legales.
Cuestionamientos al sindicato y a TCP
En su cuenta de la red social X la cámara expuso su parecer y, en un amplio conjunto de consideraciones, señaló que "resulta inadmisible que cada nueva reivindicación sea precedida por medidas que paralizan la actividad portuaria, sin consideración por sus consecuencias sobre miles de empresas y trabajadores ajenos al conflicto".
Pero, como se adelantó, los cuestionamientos de las empresas de esta cámara no solo hacen foco en el sindicato, dado que "también resulta inadmisible la actitud pasiva de TCP (Terminal Cuenca del Plata), una empresa a la que el Estado ha confiado la prestación de un servicio público absolutamente relevante para la economía del país. TCP no puede limitarse a comunicar la suspensión de la operativa, afirmar que procura una solución y trasladar luego la totalidad de los costos a sus clientes".
CIPU, en ese escenario, "considera que este nuevo episodio exige pasar de las advertencias a la determinación de responsabilidades concretas".
Por lo tanto, ha comenzado a reunir y cuantificar evidencia sobre los daños sufridos por las empresas pesqueras y ha iniciado consultas jurídicas sobre las actuaciones que puedan corresponder. Propone, concretamente, evaluar intimaciones y acciones judiciales coordinadas contra la operadora y contra quienes eventualmente resulten responsables de los daños ocasionados.
Tras puntualizar que "el diálogo continúa siendo indispensable, pero no puede convertirse en una sucesión indefinida de negociaciones, nuevas reivindicaciones y paralizaciones cuyos costos recaen siempre sobre terceros", CIPU concluyó mencionando que "la continuidad del puerto de Montevideo debe ser asumida como un asunto de interés nacional".
El comunicado de CIPU
La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) expresa su profunda preocupación ante la nueva paralización de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), que volvió a afectar durante tres días la principal terminal de contenedores del puerto de Montevideo.
Este episodio se produjo cuando el conflicto que había ocupado buena parte del año parecía encaminado hacia una solución definitiva.
Sin embargo, el sindicato presentó una nueva plataforma —ahora vinculada a la reducción de la jornada laboral— y dispuso tres días de paro antes de la asamblea convocada para resolver sus próximos pasos, y no se descartan nuevas medidas.
CIPU respeta el derecho a la negociación colectiva y la legitimidad de discutir las condiciones de trabajo. Pero resulta inadmisible que cada nueva reivindicación sea precedida por medidas que paralizan la actividad portuaria, sin consideración por sus consecuencias sobre miles de empresas y trabajadores ajenos al conflicto.
También resulta inadmisible la actitud pasiva de TCP, una empresa a la que el Estado ha confiado la prestación de un servicio público absolutamente relevante para la economía del país. TCP no puede limitarse a comunicar la suspensión de la operativa, afirmar que procura una solución y trasladar luego la totalidad de los costos a sus clientes.
Las principales organizaciones empresariales ya reclamaron medidas para garantizar la continuidad de los servicios portuarios.
CIPU adhiere a esos planteos, pero considera que "este nuevo episodio exige pasar de las advertencias a la determinación de responsabilidades concretas (...), las empresas usuarias no participan del conflicto ni pueden resolverlo, pero terminan absorbiendo todos sus perjuicios".
En ese sentido, la cámara anunció que comenzó a reunir y cuantificar evidencia sobre los daños sufridos por las empresas pesqueras y ha iniciado consultas jurídicas sobre las actuaciones que puedan corresponder.
Las empresas pesqueras sabemos, por experiencia reciente, lo que significa enfrentar un conflicto prolongado provocado por una dirigencia sindical radicalizada e intransigente. En 2025, nuestro sector sufrió casi tres meses de paralización, con consecuencias sobre miles de trabajadores y sus familias. Sin embargo, no nos resignamos a administrar indefinidamente el conflicto: impulsamos un camino alternativo que permitió recuperar la continuidad operativa y el trabajo. Por eso hablamos no solo como empresas perjudicadas, sino desde la experiencia de haber encontrado una salida cuando los mecanismos de negociación no ofrecían soluciones. Esa experiencia nos lleva a reclamar con mayor firmeza que TCP y las autoridades asuman la responsabilidad de construir alternativas que protejan el trabajo, la producción y los derechos de terceros.
Para la industria pesquera, que exporta aproximadamente el 95% de su producción, el funcionamiento regular del puerto es indispensable. Las interrupciones afectan cargas refrigeradas, incrementan los costos de refrigeración, obligan a reprogramar transportes y embarques, ponen en riesgo compromisos comerciales y deterioran la confianza en Uruguay como proveedor confiable y previsible de alimentos y otros bienes. El perjuicio tampoco se limita a las exportaciones. Las paralizaciones demoran y encarecen el ingreso de medicamentos, equipamiento e insumos médicos, repuestos y componentes indispensables para mantener en funcionamiento la producción y otras actividades económicas.
Las empresas usuarias no participan del conflicto ni pueden resolverlo, pero terminan absorbiendo todos sus perjuicios.
Existe una responsabilidad sindical por adoptar medidas desproporcionadas; una responsabilidad de TCP por no asegurar la continuidad del servicio ni responder por sus consecuencias; y una responsabilidad de las autoridades por no haber logrado generar aún condiciones de negociación que impidan que la operativa portuaria sea utilizada recurrentemente como instrumento de presión.
CIPU ha comenzado a reunir y cuantificar evidencia sobre los daños sufridos por las empresas pesqueras y ha iniciado consultas jurídicas sobre las actuaciones que puedan corresponder.
La Cámara convoca a las organizaciones empresariales y empresas afectadas a construir un registro común de perjuicios; promover una evaluación técnica e independiente de su impacto sobre la producción, el empleo, las exportaciones, las importaciones y la generación de divisas; exigir a TCP un protocolo efectivo de continuidad operativa; y reclamar a la Administración Nacional de Puertos y al Poder Ejecutivo que determinen responsabilidades y garanticen el funcionamiento de la terminal.
Asimismo, CIPU propone evaluar intimaciones y acciones judiciales coordinadas contra la operadora y contra quienes eventualmente resulten responsables de los daños ocasionados.
El diálogo continúa siendo indispensable, pero no puede convertirse en una sucesión indefinida de negociaciones, nuevas reivindicaciones y paralizaciones cuyos costos recaen siempre sobre terceros.
La continuidad del puerto de Montevideo debe ser asumida como un asunto de interés nacional, esencial para el interés de todo el país.
Puerto de Montevideo: la pesquera es una de las actividades exportadoras afectadas por los paros en el puerto capitalino.
CIPU