Empresarios afirman que la "pesca sigue sufriendo" y hay muchos empleos en riesgo
Industria pesquera
CIPULa industria pesquera apuntó a dependencias oficiales con críticas al funcionamiento y exceso de burocracia. También cuestionó la rapidez para autorizar prospecciones sísmicas que le provocan serios perjuicios a las empresas del sector.
Un documento elaborado por la Cámara de Industrias Pesqueras (CIPU) recordó el comentario del presidente Yamandú Orsi que marcó al 2026 como el “año d8uee la ejecución” tras la aprobación parlamentaria del Presupuesto. Añadió que el mandatario instruyó a los ministros a avanzar en la concreción de políticas de gobierno para cumplir con proyectos prioritarios. Sin embargo, el texto titulado “Contra viento y marea” afirmó que la “pesca sigue sufriendo”, con miles de trabajadores que tienen el empleo “pendiendo de un hilo”.
“Estamos ante un caso concreto en que la falta de decisiones o peor aún, acciones contraproducentes que se toman todos los días, dejarán atrás a muchas personas que se esfuerzan cada día por salir adelante trabajando”, señaló la CIPU.
En el listado de cuestionamientos incluyó a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) del Ministerio de Ganadería, Banco de Previsión Social (BPS), Banco de Seguros (BSE), Ancap, Administración Nacional de Puertos (ANP) y Prefectura.
En el caso de Dinara expresó que “sigue siendo irracional, burocrática y lenta, con multas de decenas de miles de dólares por temas menores, contribuyendo a destruir al sector, en vez de ser aliada y promotora como se comprometieron las autoridades cuando asumieron”.
Fuentes de la industria comentaron a El Observador que las empresas son sancionadas con frecuencia por diversos motivos. Un ejemplo fue el de una compañía que recibió una notificación a principios de año por haber navegado dentro de la franja de prohibición de 7 millas de la costa.
Actualmente rige un decreto de 2007 que establece la obligatoriedad de comunicar a la Dinara el paso inocente de los buques (tránsito de una embarcación sin perjudicar la paz o la seguridad) por zonas donde rige algún tipo de prohibición. Si ese aviso no se realiza, las autoridades pueden presumir que el barco estuvo realizando tareas de pesca en un área prohibida y tomar las medidas que entienda correspondientes. En el caso mencionado, la pareja de embarcaciones navegó a 6,8 millas de la costa (0,2 millas dentro del área restringida).
Para las autoridades, el ingreso y permanencia en zonas no habilitadas sin comunicación y operar en zona reservada realizando captura y extracción de peces son infracciones graves. Por tanto, las multas previstas van desde 100 a 999 Unidades Reajustables (UR), equivalentes a $ 191.153 y $ 1.909.618, respectivamente.
Ahora, la empresa debe efectuar los descargos que entienda pertinentes para que luego Dinara comunique el monto de la sanción.
Otro ejemplo que mencionan las empresas es la excesiva burocracia a la que se enfrentan en la Dinara y Prefectura para obtener la autorización de pesca y el certificado de navegabilidad.
A su vez, el texto de la CIPU indicó que se asiste a una “insólita celeridad” del Ministerio de Ambiente para autorizar la prospección sísmica que “significa un golpe enorme al sector, a pesar de haber advertido sobre su impacto en la pesca, tanto de altura como costera, con estudios científicos que así lo demuestran”.
“No es un tema entre privados; es una decisión del gobierno que afectará la sobrevivencia de empresas y empleos”, añadió.
La industria pesquera viene de atravesar un conflicto que enfrentó a cámaras empresariales y al sindicato el año pasado y que provocó una detención de actividades durante varios meses.