Un conflicto de más de cuatro meses en Terminal Cuenca del Plata (TCP) terminó con una intervención de Torre Ejecutiva que superó los intentos de mediación del Ministerio de Trabajo. La empresa y el sindicato firmaron anoche un preacuerdo que destraba la situación en el puerto de Montevideo.
Una comunicación directa del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, con un alto directivo de Katoen Natie (propietaria mayoritaria de TCP) en Bélgica fue lo que destrabó la sitaución. El planteo fue buscar un punto de cierre tomando como base un documento elaborado por el Ministerio de Trabajo (MTSS).
La situación parecía encaminarse y Sánchez realizó otro contacto, esta vez con el sindicato de TCP para buscar conformidad. El doble aval llegó sobre el mediodía y entonces se encomendó al MTSS la redacción de la propuesta final. Luego la cartera convocó a la empresa y al sindicato para la firma de un acta de preacuerdo, que ahora debe ser ratificado por una asamblea de trabajadores de la terminal de contenedores.
El nuevo texto -al que accedió El Observador- señaló que a partir del 1º de enero, los trabajadores que actualmente cuentan con 20 jornales asegurados pasarán a tener 21. La propuesta previa de Trabajo había marcado que la modificación de la cantidad de jornales se debía realizar en mayo del año próximo. Este tema era el que generaba la mayor resistencia del sindicato que había comenzado las negociaciones exigiendo 25 jornales asegurados al mes.
El segundo punto se refirió al pago de una partida extraordinaria al momento de la firma del convenio y se pidió que las partes llegaran a un punto medio (la compañía había ofrecido $ 27.000 y el sindicato solicitó $ 50.000).
El tercer elemento fue el pago de una partida excepcional que también avanzó respecto al documento del MTSS. En primera instancia se había planteado un pago compensatorio destinados a sectores de la empresa. El texto final aclaró que esa partida es para trabajadores de los sectores de mantenimiento, de M&R (reparación de contenedores) y de straddle carriers.
Adicionalmente se estableció que el convenio colectivo debe tener una duración de cinco años e incluir una cláusula de paz.
Alejandro Sánchez luego del Consejo de Ministros del martes 11 de agosto de 2026
Foto: Dante Fernandez / FocoUy
En síntesis, con algunos retoques y un contacto de alto nivel, desde Torre Ejecutiva se logró el fin de un conflicto que había generado la molestia de exportadores, sectores empresariales y de la oposición. Y también, con un poco de cintura política, se consiguió un acuerdo que el Ministerio de Trabajo -en primer lugar- y el de Transporte -en segundo orden- no habían podido alcanzar.
Pero esta última intervención no fue la única que realizó Alejandro Sánchez para acercar a las partes. A fines de agosto surgió una posibilidad de acercamiento entre TCP y el sindicato luego de una reunión que se realizó el viernes 21. Esa noche, una delegación gubernamental, encabezada por el secretario de Presidencia, dialogó durante horas con el presidente del sindicato de TCP, Álvaro Reinaldo, y otros dirigentes sindicales. Además estuvieron los ministros Juan Castillo (Trabajo), Lucía Etcheverry (Transporte) y el director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, Milton Castellano.
Sin embargo, la posibilidad de acuerdo se diluyó con el paso de las horas.
La distorsión que produjo el conflicto
El conflicto en la terminal de contenedores comenzó en junio y desde ese momento la empresa contabilizó más de 30 días de paros de actividad y otras distorsiones puntuales.
Hace una semana, la Unión de Exportadores (UEU), realizó un relevamiento de la actividad en el puerto de Montevideo entre el sábado 19 y el lunes 21 de setiembre. En la primera jornada hubo un paro en TCP; en la segunda la medida se amplió, fue tomada por el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) y tuvo alcance nacional durante 24 horas.
La UEU indicó que en esos días se afectó la carga de 5.000 contenedores en el puerto de Montevideo. La gremial agregó que entre enero y el 21 de setiembre se acumularon 44 días con episodios de interrupción de la actividad portuaria.
Casi al mismo tiempo, 28 gremiales empresariales, entre las que estuvieron la Confederación de Cámaras Empresariales, Cámara de Industrias, Federación Rural y Cámara de Comercio, reclamaron al gobierno una “respuesta urgente y definitiva” para dar fin al conflicto en el puerto de Montevideo.
"Consideramos necesario insistir en la real dimensión de las consecuencias que tiene este escenario para el país y la sociedad en su conjunto: lo que pasa por nuestros puertos es trabajo de los uruguayos y consumo de los uruguayos", alegaron las cámaras.
Además, reportaron casos de "faltantes de insumos para la producción y artículos para el consumo, envíos a seguro de paro, aumento de costos e incidencia en los precios" a raíz de esta situación.
La última señal de alerta la enviaron cinco navieras que operan en el puerto de Montevideo. Una carta firmada por Maersk, CMA CGM, Hapag Lloyd, Cosco y ONE apuntó al gobierno: “confiamos en la mediación activa de las autoridades para alcanzar una solución inmediata que restituya la previsibilidad del puerto de Montevideo, de forma que sea una opción confiable y segura para cualquier buque de contenedores”. Las compañías agregaron que Uruguay no puede “desaprovechar ninguna oportunidad proyectando una imagen inadecuada”.
