La reciente irrupción de Estados Unidos en el control de campos petroleros venezolanos, lejos de despejar el horizonte político del país, vuelve a poner sobre la mesa la pregunta de fondo: cuándo y cómo se producirá una transición. Así lo plantea el fondo Copernico Venezuela Fund (CVF), en un informe firmado por Jorge Piedrahita, que sostiene que "la racionalidad para un cambio político no ha cambiado", pese a las dudas legales y políticas que genera el nuevo esquema. Más aún, el propio traspié de la negociación petrolera habría "reenergizado y galvanizado" a las fuerzas políticas locales que impulsan ese proceso.
El documento repasa el anuncio realizado por la Casa Blanca a fines del mes pasado, mediante el cual Washington aseguró el control mayoritario, a través de una entidad privada de nueva creación llamada NABEP (North American Blue Energy Partners), de 17 campos petroleros con más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas venezolanas, una cifra superior a las 46.000 millones de barriles de reservas propias de Estados Unidos. El acuerdo fue firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.
Qué gana Washington
Según detalla el texto, la administración estadounidense insiste en que se trata de "un acuerdo entre privados, no un acuerdo de Estado a Estado" con el gobierno interino venezolano, y lo compara jurídicamente con las operaciones que ya mantiene Chevron en el país bajo contrato de ley estadounidense.
A cambio, Washington obtiene "derechos de gobernanza, propiedad económica y off-take garantizado a bajo costo" de lo que se perfila como la segunda petrolera privada del mundo por reservas, con "costo cero para el contribuyente estadounidense". La Oficina de Capital Estratégico (OSC) del Pentágono, por su parte, recibió warrants para quedarse con el 35% de la matriz de NABEP, mientras el gobierno de EEUU se aseguró la compra a precio de costo del 20% de la nueva producción para reabastecer su Reserva Estratégica de Petróleo.
La presidenta interina Delcy Rodríguez sostuvo que Venezuela se beneficiará con regalías superiores a los 200.000 millones de dólares en 25 años, además de impuestos y hasta 100.000 millones de dólares en nuevas inversiones.
Las dudas por el acuerdo
Sin embargo, el informe de Copernico plantea cuatro objeciones centrales. La primera es de naturaleza estrictamente legal: bajo la figura del Contrato de Prestación de Servicios Petroleros (CPP), las contrapartes privadas "no se convierten en accionistas" de las empresas mixtas de PDVSA, por lo que NABEP "no tiene derechos in rem (de propiedad) sobre los yacimientos, sino apenas el derecho de llevar adelante actividades de exploración y producción bajo el control de PDVSA".
La segunda objeción apunta a la legitimidad misma de quienes firmaron el pacto: "la situación desafía la lógica simple ya que las autoridades interinas —ilegítimas— no tienen la capacidad legal para firmar el acuerdo", señala el reporte, que concluye de manera directa: "En términos simples, el acuerdo tal como fue descrito es inconstitucional".
El tercer punto recae sobre el dueño de NABEP, Alejandro Betancourt, señalado en el informe como una figura "reportada como un actor clave en la desaparición de miles de millones de dólares" destinados una década atrás a la modernización de la infraestructura eléctrica venezolana, y que actualmente está "en el centro de varias investigaciones criminales en Suiza y España".
Trump, Venezuela y el futuro
El cuarto señalamiento es político: el acuerdo es percibido como ilegítimo por buena parte de la sociedad venezolana, al haber sido suscrito por funcionarios "sin respaldo popular y bajo presión de Estados Unidos". La oposición prodemocrática lo interpreta como "explotador" y con potencial de "entrenchar a las fuerzas antidemocráticas", con riesgo de generar "rechazo interno y sentimiento antiestadounidense".
En su análisis geopolítico, el informe recuerda que la Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU presentada a fines de 2025 planteó un "Corolario Trump" a la Doctrina Monroe, reafirmando la preeminencia estadounidense en el hemisferio, y cita la frase de Donald Trump del 3 de enero, tras la captura de Nicolás Maduro: "Vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura, apropiada y prudente". El terremoto del 24 de junio, agrega el texto, permitió a Washington desplegar tropas y controlar infraestructura clave como aeropuertos y puertos.
El documento cierra sosteniendo que el "protectorado no oficial" de facto que ejerce Estados Unidos sobre Venezuela implica un acceso a recursos financieros extraordinarios en relación al tamaño de la economía venezolana, y que ese respaldo bipartidista en Washington debería mantenerse estable más allá de los resultados electorales estadounidenses.
