En medio de un contexto de ajuste económico, Aerolíneas Argentinas anunció una medida que generó un fuerte rechazo entre los gremios aeronáuticos: los pilotos de la empresa ya no tendrán garantizados asientos en clase ejecutiva para sus viajes vacacionales. A partir de ahora, los trabajadores y sus familias deberán volar en clase turista, aunque podrán solicitar un "upgrade" a clase ejecutiva en el aeropuerto, sujeto a disponibilidad. Esta medida tiene como objetivo reducir los costos de la empresa en un momento en el que busca ajustar su estructura para hacer frente a su delicada situación financiera.
Según fuentes de Aerolíneas Argentinas, la decisión responde a la necesidad de maximizar el uso de la clase ejecutiva, ya que se considera el producto más rentable del avión. La empresa había identificado que aproximadamente 5.000 pasajes al año eran asignados a pilotos y sus familias en esta clase, lo que representaba una pérdida de alrededor de 20 millones de dólares anuales. El acceso a la clase ejecutiva bloqueaba asientos que podrían haber sido vendidos a precio completo, afectando así los ingresos de la aerolínea.
Además, se argumenta que este beneficio no es común en la industria aeronáutica global. Generalmente, los empleados de otras aerolíneas viajan en clase turista y solo pueden acceder a un ascenso a clase ejecutiva si hay espacio disponible. En el caso de Aerolíneas, los pilotos tenían la posibilidad de reservar asientos en ejecutiva con hasta 45 días de anticipación, lo que garantizaba su plaza y generaba pérdidas importantes para la empresa, ya que estos boletos no estaban disponibles para los clientes que pagaban por ellos.
El gremio de pilotos, nucleado en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), reaccionó con dureza ante este anuncio, acusando a Aerolíneas Argentinas de violar el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). En un comunicado emitido por APLA, se calificó la medida como “una nueva provocación que solo busca agravar aún más el conflicto, violentando nuevamente el CCT”. El gremio advirtió que la empresa estaba actuando de manera unilateral y sin previo acuerdo, lo que intensificó las tensiones que ya existían debido a otros reclamos salariales.
El conflicto no se limitó solo a los pilotos. La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) también manifestó su apoyo a APLA y participó en las asambleas gremiales que derivaron en la convocatoria de una medida de fuerza. Así, se anunció un paro de 24 horas que afectó a 300 vuelos y a más de 37.000 pasajeros entre el viernes 13 y el sábado 14 de enero, generando un caos en los aeropuertos del país. El impacto del paro es significativo, ya que afecta tanto a los vuelos de cabotaje como a los internacionales, en un momento en el que la empresa se encontraba en plena temporada alta de verano.
Franco Mogetta secretario de Transporte
El secretario de Transporte, Franco Mogetta, salió al cruce de las acciones gremiales con duras críticas, acusando a los sindicatos de "destruir la empresa que dicen defender". Según Mogetta, "estos sindicatos van a fundir la empresa aérea. Quieren llevarse puesta la compañía y después echarle la culpa al Gobierno". Asimismo, afirmó que se evaluaría la posibilidad de quitarle la personería a estos sindicatos debido al impacto negativo que sus acciones estaban teniendo sobre la operación de la aerolínea y sobre los pasajeros afectados.
Impacto financiero y privilegios
La decisión de Aerolíneas Argentinas de recortar el acceso a la clase ejecutiva a sus pilotos no es solo una cuestión simbólica, sino que tiene un impacto financiero considerable. La clase ejecutiva es el segmento más rentable de cualquier vuelo comercial, y su venta suele realizarse con poca anticipación, a precios elevados. Al reservar estos asientos para los pilotos y sus familias, Aerolíneas perdía la oportunidad de venderlos a pasajeros dispuestos a pagar precios completos, especialmente en rutas internacionales populares y en plena temporada alta.
Fuentes de la empresa señalaron que, en algunos vuelos recientes a destinos turísticos como Punta Cana, hasta 10 de los 18 asientos disponibles en clase ejecutiva fueron ocupados por pilotos y sus familiares. Este tipo de situaciones, que no son excepcionales sino comunes, generan una pérdida sustancial para la aerolínea. Según cálculos de la empresa, al asignar estos pasajes vacacionales en clase turista en lugar de clase ejecutiva, el ahorro por pasaje podría ascender a unos 2.500 dólares, lo que se traduce en una reducción significativa de costos para una compañía que sigue enfrentando problemas de rentabilidad.
Además del ahorro financiero, la medida busca alinear a Aerolíneas con las prácticas de otras aerolíneas en la región y en el mundo, donde los beneficios para el personal suelen ser limitados en términos de clase de servicio y están sujetos a la disponibilidad de espacio. De esta manera, la empresa espera reducir el déficit que arrastra desde hace años y que, según los últimos informes, en 2023 ascendió a 390 millones de dólares.
El conflicto entre Aerolíneas y los gremios no es nuevo, pero se ha intensificado en los últimos meses debido a la creciente insatisfacción por las condiciones laborales y los ajustes implementados por la compañía. La reducción de los beneficios a los pilotos es solo una de las muchas áreas de fricción. El gremio APLA también ha estado exigiendo una recomposición salarial acorde con la inflación, que en 2023 superó el 100% anual. El paro del 13 y 14 de enero fue un reflejo de esta tensión y marcó el comienzo de una serie de medidas de fuerza que los sindicatos han amenazado con profundizar si no se llega a un acuerdo.
Franco Mogetta fue muy claro al respecto, acusando a los gremios de actuar de manera irresponsable y de poner en riesgo la viabilidad de la empresa. En su declaración, destacó que “la gente ya sabe quiénes son los verdaderos responsables” y señaló que las medidas de fuerza solo están agravando los problemas financieros de Aerolíneas.
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Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas
A su vez, los gremios se defienden argumentando que la empresa está tomando decisiones de ajuste que perjudican a los trabajadores y que, en lugar de buscar un diálogo constructivo, ha optado por medidas unilaterales que violan los derechos laborales. En este sentido, el conflicto ha escalado no solo por el tema de los pasajes vacacionales, sino también por las demandas salariales que los sindicatos consideran desatendidas.
La situación financiera de Aerolíneas
El panorama financiero de Aerolíneas Argentinas sigue siendo motivo de preocupación para el gobierno y para los directivos de la compañía. Aunque en 2024 se proyecta reducir el déficit a menos de 150 millones de dólares, las medidas implementadas para lograr este objetivo han generado resistencias tanto dentro como fuera de la empresa. El plan de reducción de personal, que incluye programas de retiros voluntarios y prejubilaciones, ha permitido que la dotación de empleados pase de 11.893 a 10.400, lo que representa una reducción del 13% respecto al año anterior. Sin embargo, la compañía sigue siendo una de las más grandes de la región en términos de empleados por avión, lo que genera dudas sobre su eficiencia operativa.
Comparativamente, Aerolíneas tiene 142 empleados por avión, una cifra significativamente mayor que la de sus competidores en la región, como Latam, GOL, Azul y Copa Airlines, cuyas relaciones empleados-avión oscilan entre los 69 y 114. Esta disparidad en la dotación de personal se refleja en el elevado porcentaje de ingresos que la empresa destina a salarios, un 32,7%, muy por encima del 12-13% que destinan otras aerolíneas privadas.
Los ingresos de la empresa, que en 2023 ascendieron a 2.121 millones de dólares, no son suficientes para cubrir sus gastos operativos, lo que obliga al Estado a realizar inyecciones constantes de capital para mantenerla a flote. Esta dependencia del apoyo estatal ha alimentado el debate sobre la necesidad de privatizar la aerolínea, un tema recurrente en la discusión política argentina.
La opción de la privatización y el interés por Aerolíneas Argentinas
A pesar de los problemas financieros que enfrenta la compañía, existe interés por parte de grupos internacionales en un posible proceso de privatización. Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas, reconoció en una entrevista que varias aerolíneas internacionales han manifestado interés en adquirir la compañía o en participar en un esquema público-privado que permita su reestructuración. Entre los grupos mencionados se encuentran gigantes de la aviación comercial como IAG (que incluye a Iberia y British Airways) y Delta Airlines, interesados en el mercado doméstico argentino y en el potencial del sector turístico.
Sin embargo, el principal obstáculo para avanzar en una privatización sigue siendo la relación con los gremios. La fuerte influencia sindical y la resistencia a cualquier ajuste estructural son vistas como las principales barreras para que inversores internacionales se aventuren en la compra de Aerolíneas. El propio Lombardo ha señalado que, para que la privatización sea viable, la empresa necesita reducir sus costos y resolver los conflictos gremiales que han obstaculizado su crecimiento en los últimos años.
Los próximos meses serán críticos para Aerolíneas Argentinas, ya que deberá equilibrar la necesidad de reducir costos con la presión de los gremios y la expectativa de una mejora en su situación financiera. Mientras tanto, el debate sobre el futuro de la empresa sigue siendo un tema central en la agenda política y económica del país, en medio de un escenario en el que la intervención estatal parece ser indispensable para su continuidad operativa.
