La Corte Suprema del Reino Unido rechazó la apelación presentada por Argentina en relación a una condena que obliga al país a pagar 1.330 millones de euros, más intereses, a fondos de inversión por la manipulación de los datos del Producto Bruto Interno (PBI). Esta sentencia es el resultado de un largo litigio por los llamados "Cupones PBI", títulos emitidos en el canje de deuda de 2005 que otorgaban a los acreedores un pago adicional si el PBI del país superaba un crecimiento del 3,3% anual.
La disputa comenzó en 2013, cuando los acreedores alegaron que Argentina había cambiado la metodología de cálculo del PBI para evitar el pago de los cupones. Según los demandantes, este ajuste impidió que el crecimiento oficial del país superara el umbral necesario para activar los pagos adicionales, ya que la nueva medición informó un crecimiento del 3,2%, justo por debajo del requisito.
El analista Sebastián Maril, de la consultora Latin Advisors, explicó que "Argentina pierde la apelación en la Corte Suprema del Reino Unido en el caso Cupón PBI". A través de su cuenta en la red social “X” (antes conocida como Twitter), Maril agregó que "los beneficiarios ejecutarán garantía por 313 millones de euros que Argentina depositó en marzo con una carta de crédito emitida por el Santander". Además, destacó que "el gobierno de Javier Milei deberá decidir si abonará el fallo de 1.330 millones de euros más intereses".
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La sentencia del tribunal británico marca el final de un proceso judicial que comenzó en 2019, cuando cuatro fondos de inversión, entre ellos Palladian Partners LP, presentaron una demanda contra Argentina. Estos fondos, que poseían aproximadamente el 48% de los títulos emitidos entre 2005 y 2010, argumentaron que las modificaciones en el cálculo del PBI perjudicaron su derecho a cobrar los pagos adicionales estipulados en los cupones.
La manipulación del PBI y el papel que juega el INDEC
La controversia sobre los cupones PBI está directamente relacionada con la intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante el gobierno de Néstor Kirchner. En 2007, Guillermo Moreno, entonces secretario de Comercio Interior, fue señalado como responsable de intervenir en la producción de estadísticas oficiales, especialmente en la inflación y el PBI, con el objetivo de ajustar las cifras a las necesidades del Gobierno.
La modificación más polémica tuvo lugar en 2013, cuando el INDEC cambió la forma de calcular el PBI, lo que generó un crecimiento del 3,2%, apenas por debajo del 3,3% necesario para activar el pago del cupón. Esta cifra generó sospechas entre los acreedores, que acusaron al Gobierno de manipular los datos para evitar los pagos correspondientes.
El entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, estaba a cargo de la cartera económica en ese momento. Aunque nunca se demostró su participación directa en la alteración de los datos del PBI, la coincidencia temporal entre su gestión y las modificaciones en las estadísticas oficiales fue señalada por varios analistas y medios de comunicación. El rol de Kicillof y Moreno en estos cambios sigue siendo un tema de debate entre los economistas y expertos en política argentina.
Los cuatro fondos de inversión llevaron su reclamo a los tribunales de Londres, donde lograron una sentencia favorable en 2022. En ese fallo, el tribunal británico determinó que Argentina había modificado deliberadamente las cifras de crecimiento económico para evitar los pagos estipulados en los cupones. Posteriormente, Argentina presentó varias apelaciones, todas ellas rechazadas.
Las repercusiones para el gobierno de Javier Milei
La decisión de la Corte Suprema del Reino Unido deja al Gobierno de Javier Milei en una situación compleja. Según Maril, "esta es la primera vez, desde 2014, que Argentina enfrenta una situación en la cual ya no hay más instancias legales a las que acudir, y está obligada a pagar". El especialista recordó que en 2014, Argentina desobedeció un fallo similar de la corte de Nueva York, lo que resultó en una serie de medidas cautelares que llevaron al país a un nuevo default.
En cuanto al escenario actual, Maril no descarta que Argentina intente alguna maniobra para demorar el pago: "Siempre aparece un abogado bien pago que encuentra la forma de postergar esto una vez más", comentó el analista en tono irónico.
La carta de crédito emitida por el Santander, que Argentina depositó en marzo, cubre solo una pequeña parte del monto total adeudado. Los 313 millones de euros mencionados por Maril representan una garantía que será ejecutada por los beneficiarios, pero el país aún enfrenta la obligación de abonar los 1.330 millones de euros restantes, más los intereses acumulados desde que se inició la disputa.
