La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) junto al Centro Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados presentó el miércoles un recurso de amparo para que la Justicia deje sin efecto el veto al aumento del haber jubilatorio del 7,2% y la actualización del bono a $110.000 devenido de la Ley 27.791 aprobada por el Congreso de la Nación.
El recurso de amparo insta a que los magistrados "asuman el control de constitucionalidad que le corresponde" y declare el Decreto 535/25 firmado por el presidente Javier Milei "nulo de nulidad absoluta" por ser una normativa regresiva, inconstitucional y discriminatoria.
"El ejercicio del veto por el Poder Ejecutivo no es un derecho absoluto, una rémora de las monarquías, sino que está sujeto al control de constitucionalidad y razonabilidad de los actos de gobierno por parte de los jueces, debe tener fundamentos serios y respetar los derechos constitucionales y los compromisos asumidos por el Estado al ratificar los tratados internacionales de derechos humanos”, señaló la titular del Centro Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados de ATE Nacional, Noelia Guzmán.
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De acuerdo a los fundamentos explicitados en la demanda, la medida afecta a 7.000.000 de personas e impide el ejercicio de los derechos humanos a una vida digna, al carácter integral e irrenunciable de seguridad social y a la movilidad de sus jubilaciones y pensiones, de naturaleza alimentaria.
"Actualmente la canasta de un adulto mayor asciende a $1.500.000 y la jubilación mínima es de 314.000 pesos, un pronunciado desfasaje que evidencia la grave situación de miles de adultos mayores que no logran cubrir sus necesidades básicas para una vejez digna", sumó el sindicato a través de un comunicado.
Jubilados ANSES: ¿Qué estipulaba la Ley 27.791 vetada por el presidente Javier Milei?
La iniciativa aprobada por ambas cámaras y vetada mediante el Decreto 525/25, estipulaba aplicar desde agosto un aumento del 7,2% en los haberes del Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA), además de incrementar el bono de $ 70.000 hasta $ 110.000, actualizable este último por inflación.
Entre los argumentos esgrimidos para defender el rechazo, el jefe de Estado subrayó en la necesidad de mantener el gasto público, al tiempo que advirtió por una eventual "judiciaización" si se avanzaba con un resultado desfavorable en el respaldo de la herramienta Ejecutiva.
"No nos van a sacar de la ortodoxia monetaria, fiscal ni cambiaria. No vamos a abandonar el régimen de la libertad y vamos a hacer consecuentemente Argentina grande de nuevo", insistió el mandatario ante empresarios en la Bolsa de Comercio.
Finalmente el 20 de agosto y luego de una maratónica sesión, la oposición no logró los dos tercios en Diputados que necesitaba para dar vuelta el veto.