El Gobierno nacional inició una investigación en colaboración con agencias internacionales para detectar el uso del sistema financiero argentino con fines de financiamiento del terrorismo islámico. Según confirmaron fuentes oficiales, la Unidad de Información Financiera (UIF) recibió Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que vinculan a dos personas incluidas en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), uno de ellos de nacionalidad argentina, quienes habrían transferido fondos a organizaciones extremistas como Hezbollah y Hamas.
La UIF ordenó el congelamiento de bienes y activos de ambos individuos por un plazo de seis meses, como medida preventiva. El primero de los sospechosos es un ciudadano argentino identificado por las iniciales M.A.F.U., residente de Córdoba. Según fuentes judiciales, el involucrado habría realizado múltiples transferencias a través de una billetera virtual. El otro acusado, Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law, de origen sirio, ha sido señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como un importante financista de Hezbollah, la organización libanesa considerada terrorista por diversos países.
La alerta surgió cuando varias entidades financieras y una compañía de seguros informaron a la UIF sobre operaciones sospechosas realizadas por estos individuos. Las autoridades confirmaron que Al-Law utilizaba una red de empresas y transferencias de criptomonedas para mover fondos destinados a financiar actividades terroristas. Estados Unidos sancionó al ciudadano sirio por su colaboración con las Fuerzas Al Quds, una facción del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán.
El argentino, cuyo nombre completo no ha sido revelado por razones judiciales, también está bajo investigación por la Justicia de Córdoba. Este individuo está vinculado a una posible red que habría realizado transferencias ilícitas de dinero hacia entidades financieras sospechosas, según se supo, a través de criptomonedas.
El informe de la UIF
El informe preliminar de la UIF indica que M.A.F.U. podría estar asociado con Hamas, una organización también incluida en la lista de grupos terroristas de Argentina desde la reciente administración de Javier Milei. Además de las investigaciones internas, se destacó que tanto Hezbollah como Hamas operan en la región de la Triple Frontera (Argentina, Paraguay, Brasil) y zonas de libre comercio en Sudamérica. Según declaraciones de un alto funcionario de la UIF, "la investigación avanza rápidamente debido a la colaboración con agencias internacionales, que aportaron información clave para rastrear los fondos".
El congelamiento de bienes es una de las primeras medidas adoptadas por la UIF ante la sospecha de que los fondos transferidos pudieran tener como destino el financiamiento de actos terroristas. No obstante, hasta el momento, no se ha confirmado si estos movimientos estaban relacionados con la planificación de algún atentado en territorio argentino o en otros países.
En declaraciones oficiales, la UIF sostuvo que esta investigación es un ejemplo de la eficacia del sistema de monitoreo y prevención del financiamiento del terrorismo en Argentina. "Los sujetos obligados realizaron reportes certeros que nos permitieron actuar rápidamente. La medida preventiva de congelamiento nos da margen para profundizar el análisis y prevenir cualquier operación ilegal que pudiera derivar en graves consecuencias", explicó un portavoz de la entidad.
La figura de Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law no es nueva en los registros internacionales. En marzo de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por facilitar fondos a Hezbollah mediante transferencias de criptomonedas. Al-Law también ha sido vinculado con otras organizaciones, como la Compañía Siria Qatirji, bajo sanción por sus relaciones con grupos terroristas. Según documentos oficiales de la UIF, Al-Law ha utilizado empresas pantalla y transacciones virtuales para eludir sanciones y continuar financiando actividades terroristas.
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La investigación sobre M.A.F.U., el ciudadano argentino involucrado, reveló que durante los últimos dos años realizó más de 30 operaciones financieras que despertaron las alertas de las autoridades. Estas transferencias, realizadas en criptomonedas, conectaban a una billetera virtual en Brasil con redes controladas por Al-Law. El volumen de las operaciones bajo investigación supera los 1.700 millones de pesos, equivalentes a más de un millón y medio de dólares, según la UIF. "Es un esquema sofisticado que aprovecha las debilidades en la regulación de criptoactivos para mover grandes sumas de dinero con fines ilícitos", indicó un experto en seguridad financiera consultado.
Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el ciudadano argentino, además de las transferencias electrónicas, podría haber sido utilizado sin su conocimiento por redes internacionales del terrorismo. "Es común que estas organizaciones usen cuentas de personas sin que lo sepan, haciéndose pasar por ellas para realizar transacciones ilegales", comentó una de las fuentes. No obstante, la UIF no descarta la posibilidad de que M.A.F.U. tuviera algún grado de conocimiento o participación en la red de financiamiento.
La investigación continúa abierta y ha puesto en alerta a las autoridades nacionales y extranjeras. El cambio en la política exterior argentina bajo la administración de Javier Milei, con un acercamiento a Estados Unidos e Israel, ha tensionado aún más las relaciones con Irán y sus aliados. En este contexto, Hezbollah y otras organizaciones terroristas han emitido advertencias sobre posibles represalias contra Argentina.
Aunque por el momento no hay evidencia que vincule las operaciones detectadas con la planificación de un atentado concreto, la UIF y otras agencias de seguridad internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), han reforzado los controles para prevenir cualquier amenaza futura. El Ministerio de Defensa de Israel también ha estado monitoreando las actividades financieras de Hezbollah, lo que incluye la incautación de criptomonedas utilizadas para financiar sus operaciones.
La UIF emitió un comunicado final subrayando su compromiso con la prevención del financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. “Esta operación es una muestra de la eficacia de nuestro sistema de monitoreo, y seguiremos colaborando con las autoridades judiciales y organismos internacionales para garantizar la seguridad del país y la integridad del sistema financiero”, concluyó el comunicado.
