En el marco de la investigación por amenazas contra el diputado nacional José Luis Espert, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, a través de la División Unidad Operativa Federal de San Isidro (DUOF), realizó esta mañana una serie de allanamientos que derivaron en la detención de cuatro nuevas personas. Estos procedimientos se llevaron a cabo en las localidades de Quilmes, Florida, Villa Martelli e Ingeniero Maschwitz, y fueron ordenados por el Juzgado Federal N.° 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.
Los nuevos arrestos elevan a siete el número total de detenidos en la causa, que comenzó con amenazas a través de redes sociales y el ataque vandálico a la vivienda del legislador ocurrido el 17 de junio. Entre los detenidos se encuentra Eva Carina Alejandra Mieri, exconcejal de Quilmes y funcionaria municipal en ese distrito, quien además preside el bloque de concejales de Unión por la Patria en la localidad bonaerense. También fueron arrestados Iván Díaz Bianchi, Aldana Sabrina Muzzio y Candelaria Montes, todos ellos presuntamente involucrados en la planificación y ejecución del ataque.
Según los informes oficiales, la investigación reveló que uno de los vehículos utilizados en el ataque, un Renault Clio, estaría vinculado a una de las detenidas, mientras que el otro vehículo, una camioneta Chevrolet S10, pertenece a una empresa proveedora del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del municipio de Quilmes. La causa sigue en curso, y los detenidos permanecen a disposición de la Justicia Federal.
El contexto político y las reacciones
Este nuevo episodio de la causa generó un fuerte debate político, especialmente en torno a la figura de Eva Mieri. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, del Frente de Todos y referente de La Cámpora, calificó las detenciones como “persecución política” y denunció la “persecución a la militancia política” a través de sus redes sociales. Mendoza, además, acusó a la Justicia de actuar con "impunidad" y de estar descargando su poder contra figuras de la oposición en lugar de centrarse en problemas de mayor urgencia, como la lucha contra el narcotráfico.
"No es investigación: es persecución a la militancia política. No es justicia: es impunidad para la mafia", sostuvo la funcionaria a través de su cuenta de X y añadió que José Luis Espert debería “dejar en paz a las pibas”, en relación con las detenidas. En ese sentido, la dirigente también criticó la actuación de la jueza Sandra Arroyo Salgado, a quien acusó de cometer “abuso de autoridad” al ordenar la detención de Mieri y la implicación de su entorno político.
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La tensión en torno a este caso se intensificó debido a que la militante Alesia Abaigar, otra de las detenidas en la causa por vandalismo contra la casa de Espert, se encuentra en prisión preventiva en el penal de Ezeiza. A pesar de que se señaló que la detención de Abaigar fue por una contravención menor, su traslado a Ezeiza causó fuertes cuestionamientos por parte de sus defensores, quienes argumentan que su estado de salud requiere un tratamiento especial. El abogado de Abaigar, Daniel Llermanos, apeló la decisión de la jueza y está a la espera de que la Cámara Federal de San Martín resuelva la cuestión.
Por otro lado, el dirigente social Juan Grabois también se sumó a las críticas, denunciando un “Estado de sitio encubierto” en el país. Grabois, conocido por su cercanía a sectores de izquierda y del kirchnerismo, acusó al gobierno de ejercer “terrorismo psicológico de Estado” al utilizar los aparatos represivos del Estado para perseguir a la oposición en lugar de atender problemas de fondo, como el narcotráfico y la violencia cotidiana. “Este modelo económico no cierra sin represión social ni violencia política”, expresó Grabois en sus redes sociales.
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Mientras las tensiones políticas y las críticas aumentan, la causa por las amenazas y el ataque vandálico a la casa de José Luis Espert sigue adelante. En la jornada de hoy, se continuaron las pericias y se esperan nuevas declaraciones por parte de los involucrados.
En cuanto a los detenidos, se informó que la jueza Sandra Arroyo Salgado mantiene su postura respecto a la gravedad de los hechos investigados. Los nuevos arrestos sumaron presión al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que se encuentra en medio de la controversia política generada por los recientes operativos.
