El Gobierno nacional exigió este sábado a Venezuela "la inmediata entrega de los salvoconductos" que garanticen una "salida segura" de los seis asilados en la embajada argentina en Caracas, cuyas vidas enfrentan "un peligro inminente", luego de que las fuerzas de seguridad venezolanas mantuvieran un continuo asedio frente a la sede diplomática.
El pedido lo hizo a través de Cancillería, con un llamamiento a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que tomen medidas "firmes y urgentes" para con los asilados, que están allí desde marzo pasado.
"La Cancillería Argentina expresa su máxima preocupación ante la alarmante y grave situación en la Embajada Argentina en Caracas, donde la vida de seis asilados enfrenta un peligro inminente", publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en su cuenta oficial de la red social X.
"Exigimos al régimen de (el presidente Nicolás) Maduro la inmediata entrega de los salvoconductos que garanticen su salida segura. Hacemos un llamado a @UN, @OAS_official y a todos los países para que adopten medidas firmes y urgentes", expresó la cartera a cargo del canciller Gerardo Werthein, con la con la etiqueta "#SalvoconductoYa".
Lo refugiados están bajo la protección de Brasil desde agosto último y son miembros del equipo de campaña de la líder opositora María Corina Machado, quienes a fines del mes pasado denunciaron nuevamente el corte del suministro eléctrico, bloqueo de calles y sobrevuelo de drones sobre la embajada.
Los refugiados son Pedro Urruchurtu, estrecho colaborador de Machado; Magalli Meda, jefa de campaña de Machado; Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones de Vente Venezuela (VV); Humberto Villalobos, coordinador electoral del comando de campaña de VV, el exministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el mayor bloque opositor; y el exdiputado Omar González.
Días atrás el Gobierno argentino presentó una protesta formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) por las violaciones de derechos humanos contra los asilados.
