El Senado de la Nación implementará el Sistema de Control de Presentismo por Datos Biométricos para los empleados de planta permanente. Los empleados temporarios que dependen de los senadores y que no están cubiertos por el sistema de módulos quedarán excluidos. La implementación estará a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos, según lo especificado en la resolución firmada por María Laura Izzo, secretaria Administrativa.
Sin embargo, todo el personal deberá registrar su ingreso en el sistema de control de acceso mediante datos biométricos. Debido a la pandemia, la Secretaría Administrativa había suspendido temporalmente este requisito reglamentario, establecido en 2018. Los agentes temporarios que dependen de los senadores deberán registrar a su personal.
A fines de abril, la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, firmó una resolución para la creación de la Comisión de Análisis de la Dotación (CAD) con el objetivo principal de analizar y revisar los recursos humanos del organismo para optimizar los recursos públicos destinados a las diversas áreas.
Según se especificó en ese momento desde el despacho de la vicepresidenta, había aspectos “poco claros” en la estructura de la Cámara alta. La comisión está integrada por Izzo, la prosecretaría de Coordinación Operativa, la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
En ese documento, se criticó el ingreso de personal y su categorización: “Requiere la acreditación de idoneidad y antecedentes que respeten la observancia de los recaudos establecidos por la Constitución; como así también el cumplimiento de los requisitos legales para su incorporación y ascenso, todo ello en una relación de razonabilidad con las misiones, funciones y objetivos de gestión de calidad de la organización”.
Una vez culminado el proceso liderado por Izzo, la CAD emitiría recomendaciones “a los efectos de optimizar la utilización de recursos humanos existentes”. La acción del regreso del presentismo iría en esa dirección. La propia Villarruel lo definió como la "caza de ñoquis".
El estudio comprenderá los últimos dos años de gestión e incluirá un análisis de la designación, capacidad y ubicación laboral de las plantas permanentes, temporaria y contratados; las re categorizaciones, los agentes con destino en trámite y con requisitos jubilatorios.
La decisión de Villarruel se encuadra dentro de un proceso que inició desde su desembarco en el Senado, en diciembre pasado. Fuentes cercanas al despacho de la abogada señalaron en reiteradas oportunidades a NA las pésimas condiciones laborales en las que se desempeñaban algunos trabajadores de la Cámara alta como así también otras vinculadas a la infraestructura.
