Los hechos, que dejaron al menos 37 detenidos mientras se debatía en el Senado el proyecto de ley de Reforma Laboral y generaron daños en infraestructura por un costo estimado de 270 millones de pesos, según cálculos de la Ciudad de Buenos Aires, podrían derivar en la imputación de otras 17 personas bajo la misma carátula penal.